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El Islam y el incumplimiento de las libertades constitucionales

Más allá de la tolerancia

18/02/2015 - Autor: Sheij Mansur Abdussalam Escudero - Fuente: Verde Islam 7
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Sheikh Mansur Escudero

En primer lugar quiero agradecer a este Parlamento la posibilidad que me brinda de hacer pública la problemática que a continuación expondré, por cuanto que, a pesar de estar referida a una comunidad concreta, en este caso a la Comunidad Islámica de España, puede ser representativa de una realidad que, en nuestro tiempo y de manera creciente, afecta e interesa a toda la Comunidad Europea, por razones que se irán haciendo evidentes.

Ley de Libertad Religiosa y Acuerdo de Cooperación

Hace siete años, en el Ministerio de Justicia de mi país, nos sentábamos por primera vez las representaciones de los musulmanes y del Estado, para iniciar la negociación del contenido del Acuerdo de Cooperación. Se daba cumplimiento así al precepto recogido en el artículo 16.3 de la Constitución.

La Constitución Española de 1978 había ya establecido la Libertad Religiosa como uno de los derechos fundamentales de los españoles. No está de más recordar que este derecho, reconocido en todos los países democráticos del mundo, no se había podido ejercer en nuestro país desde 1492 hasta la proclamación constitucional. En el caso de los musulmanes, el reconocimiento legal y el ejercicio y desarrollo de este derecho, necesitó la previa declaración oficial del Islam como Religión de Notorio Arraigo, hecho que sucedió once años después, en 1989.

El siguiente paso que nuestro sistema constitucional exigía para la libre práctica del Islam, pasaba por la firma de unos Acuerdos de Cooperación con el Estado, donde se habrían de concretar las disposiciones que, tanto el Estado como los musulmanes españoles, consideraban necesarias para la práctica efectiva y legal de dicha religión.

Pero antes de entrar en el análisis del Acuerdo de Cooperación, creo necesario recordar el marco legal de donde procede. Tal es, por una parte, el art. 16.3 de la Constitución Española y, por otra, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Como interpretación de la voluntad del legislador al promulgar esta Ley, de tanta relevancia histórica para España, citaré los Diarios de Sesiones que recogen tanto la intervención del entonces Ministro de Justicia, como la de los parlamentarios que defendieron el texto del Gobierno o alguna de sus modificaciones —intervenciones refrendadas posteriormente por la doctrina del Tribunal Constitucional—. Así, se puede leer en el Diario de Sesiones del Senado de 10 de junio de 1980 (pág. 2848 y ss.) lo siguiente:

“...La Ley (Orgánica de Libertad Religiosa) se inspira en una valoración positiva del fenómeno religioso siguiendo el espíritu de la Constitución, lo que supone la adopción de un modelo de Estado neutral ante la confesionalidad, abierto al hecho religioso en cuanto que dimana de las convicciones y creencias del hombre dotado de una dignidad radical. Modelo que se separa tanto del Estado típicamente laicista, beligerante y hostil en muchos casos, ante el hecho religioso, como del Estado dogmáticamente confesional. (...) Nada obliga a confundir Estado neutral con Estado sostenedor de la incredulidad o del laicismo; ni siquiera con Estado indiferente al hecho religioso. Estas palabras me parecen suficientes para explicar el equilibrio que supone incluir a las libertades religiosas entre las libertades civiles. El Estado se orienta en promover las condiciones para que esta libertad, como deben serlo las demás, sea real y efectiva, y se consigan remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de su ejercicio tal como prevé el art. 9.2 de la Constitución (...)

Una de las innovaciones esenciales de esta Ley está en el desarrollo del art. 16.3 de la Constitución, y es la adopción que se hace en el art. 7 del sistema convencional o de regulación bilateral de las cuestiones religiosas abierto en igualdad de condiciones a todas las confesiones y comunidades religiosas, en sus relaciones con el Estado. Por este sistema, el Estado y las distintas Confesiones pueden crear mediante Convenio, un ordenamiento jurídico por el que se regulen, en el marco de la Constitución y de las Leyes, las materias propias en las que se ha de concretar la mutua colaboración. Es un sistema que ofrece un equilibrio distante del dogmatismo y de la laicidad beligerante. Por otra parte, es un sistema convencional que permite el establecimiento de Acuerdos de Cooperación con las diferentes Confesiones, que, por supuesto, no tendrán que ser homogéneos necesariamente, sino que permiten ser elaborados con flexibilidad, atendiendo a las características peculiares de cada Confesión (...)”

Esta voluntad del legislador, que quedó reflejada en el texto actual de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, expresa claramente lo que, por otra parte, ha refrendado en numerosas sentencias el Tribunal Constitucional, al analizar el alcance del artículo 14 de la Constitución, y esto es que:

“(...) El principio de igualdad jurídica consagrado en el art. 14 de la Constitución Española, hace referencia, en principio, a la universalización de la Ley, pero no prohibe que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, que puede incluso venir exigido, en un estado social y democrático de Derecho, por la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de superiores del Ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (art. 1 de la CE, a cuyo efecto, atribuye además a los Poderes Públicos el que se promuevan para que la igualdad sea real y efectiva) (art. 9.2 CE). Lo que prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, como declara de forma expresa el artículo 14 de la Constitución; es decir, que la desigualdad de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable. (STC 48/81 de 10.11.1981; STC de 13.4.1982 Recurso de Inconstitucionalidad nº 68/82; STC 76/83, de 5.8.1983; STC 103/83 de 22.11.1983, etc.)”

Expectativas

La lectura de estos textos constituye para nosotros un motivo de esperanza y alegría: contamos con una ley que en su espíritu y en su letra, nos protege e impulsa nuestro afianzamiento. Y éste era el ánimo que nos embargaba en 1992, cuando los musulmanes españoles llegamos a la firma de unos Acuerdos de Cooperación con el Estado, viendo que, a través de ellos, se abría la posibilidad de recuperar nuestros derechos como ciudadanos de religión islámica.

Y también, pensamos, que lo fue para la sociedad española en su conjunto que retomaba así el espíritu de reconocimiento y aceptación de la libertad de conciencia que caracterizó nuestro más floreciente periodo histórico, la civilización de Al-Ándalus. Los musulmanes españoles supimos apreciar la iniciativa de la administración socialista, que se adelantó con la firma de este Acuerdo a la legislación vigente en el resto de las naciones europeas. Muchos de los miembros de la comunidad musulmana española nos habíamos destacado, durante los años de la dictadura franquista, en la lucha por las libertades democráticas y consideramos que éste era un paso más en su desarrollo y consolidación.

Y, aunque el Acuerdo que finalmente se firmó, no satisfizo todas nuestras aspiraciones, lo aceptamos como un punto de partida válido para comenzar el proceso de normalización.

Ya desde 1978, tratábamos de obtener el reconocimiento y apoyo del Estado para la práctica de nuestra creencia, y esperábamos que en 1992 dichos Acuerdos se hiciesen realidad y que se garantizase y protegiese nuestro derecho a adoptar el Islam como creencia y forma de vida. Y, aquí, creo oportuno resaltar, la naturaleza holística del Islam, inclusiva de una creencia y una práctica integral, en el que no se da un ámbito acotado para la práctica religiosa: cada una de las transacciones vitales que realiza el musulmán emana de su creencia y sería erróneo considerar como religiosos, sólo los actos codificados ritualmente, como son las cinco oraciones diarias.

Singularidad

Por ello, desde los principios de libertad religiosa establecidos en la Constitución Española, los musulmanes esperábamos que los Acuerdos reconocieran la singularidad del Islam como hecho religioso que va más allá de las categorías nacionales, su carácter integral, la notoria contribución que supuso para la cimentación y desarrollo de la civilización europea y el efecto vitalizador, cultural y espiritual, que podía aportar a la Europa de la posmodernidad.

Carencias e incumplimientos

Sin embargo, el Acuerdo de Cooperación nació lastrado con limitaciones y carencias básicas, ya que los preceptos legales a los que nos hemos referido anteriormente, y la interpretación dada a los mismos por nuestro más alto Tribunal, no fueron aceptados por la representación estatal ni reflejados en el Acuerdo de Cooperación firmado con los musulmanes.

A la Confesión Religiosa Islámica no se le permitió expresar en el Acuerdo sus propias Instituciones características y sus singularidades, resultando de ello unos Acuerdos casi idénticos, homogéneos, para las tres confesiones no católicas: judíos, protestantes y musulmanes.

Por otra parte, el Acuerdo sólo incidía en aquellas materias que habían sido objeto de Acuerdo de Cooperación con la Iglesia Católica, tales como la forma del matrimonio, los lugares de culto, la asistencia religiosa, la educación o el régimen financiero, pero sin recoger otros aspectos importantes como los medios de comunicación, la cultura y la colaboración financiera Estado-musulmanes, todos ellos aspectos fundamentales para poder hacer real y efectivo el derecho a la libertad religiosa.

Hoy, cinco años después de la firma de aquel Acuerdo, los múltiples obstáculos interpuestos por la Administración y la falta de voluntad política para hacerlo efectivo y desarrollarlo provocan en los musulmanes la sensación del papel mojado.

Como bien saben sus Señorías, para que una Ley de Cortes, de contenido general, tenga efectos tangibles en la vida cotidiana de los ciudadanos, ha de desarrollarse en sus aspectos concretos que, en este caso, afectan a las más diversas esferas de la vida cotidiana: derecho de familia, educación, enterramientos, alimentación, celebraciones de fiestas, asistencia social, uso del patrimonio de origen islámico, etc. Prácticamente en todos los ámbitos del articulado, el Acuerdo se encuentra paralizado.

Por tanto, queremos poner de manifiesto que no sólo se está traicionando la ley que nos ampara, sino que se están minando las zonas abiertas que toda ley incluye, para impedir el avance en su cumplimiento. Y aún más, que en ciertos casos concretos, se vulnera no ya la Ley de libertad Religiosa, sino la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, consenso mínimo sobre el que se asienta nuestra convivencia.

Algunos casos concretos

Por su dimensión y transcendencia quiero referirme aquí a una situación concreta, la de las comunidades de ciudadanos musulmanes de Ceuta y Melilla, ciudades ambas en las que se produce el contacto, la fricción entre dos civilizaciones.
En el caso de Melilla el colectivo musulmán lo componen alrededor de treinta mil ciudadanos españoles, alrededor del 40% de la población de la ciudad.

Se celebra en estos días el V Centenario de la incorporación de Melilla a la Corona de Castilla. La ciudad vive todavía en un régimen con fuerte desequilibrio entre colectivos. Las actitudes y los esquemas coloniales siguen vigentes: los aromis, cristianos de origen peninsular continúan viviendo en su ciudadela mientras los musulmanes siguen al pie de las murallas, donde no empezaron a tener legalidad documental —aunque parezca inexplicable— hasta hace diez años. Según informa la Comisión Islámica de Melilla, la inercia del nacional-catolicismo aún vive en los colegios públicos melillenses. Los niños acogidos en los Centros de Menores dependientes del Inserso —95% de musulmanes— reciben “atención” religiosa obligatoria por parte de las monjas o del antiguo obispo malagueño Monseñor Buxarrais, que los adoctrina hasta conseguir cristianizar a los más pequeños.

Cuando la Comisión Islámica de Melilla ofreció su asistencia religiosa, se le recordó educadamente que nos encontrábamos en un Estado no-confesional y que no tenían derecho a entrar en un recinto dependiente de la Administración.

Se continúa sirviendo comida prohibida para los musulmanes en los comedores de los colegios, centros de menores, hospital, cuarteles, prisión, etc. Se niega a los alumnos musulmanes cinco minutos y un local para realizar la oración en los colegios que tienen jornada intensiva de tarde. Y tampoco se les permite salir de los institutos una hora antes los viernes para asistir al rezo obligatorio del Yumu`a. Hay institutos que en la práctica son casi exclusivamente para cristianos y otros para musulmanes.

La Mezquita Central, construida y cedida su propiedad a los musulmanes por la Alta Comisaría de España en Marruecos, en tiempos del Protectorado, y administrada por el Ayuntamiento desde el inicio de los años sesenta, sigue sin ser devuelta a éstos.

La prensa melillense, en un ejercicio de racismo terminológico, ha generalizado el uso de barrio musulmán, ciudadano musulmán, dirigente musulmán, etc. mientras que jamás se aplica el adjetivo cristiano en los casos homólogos. Los estudios estadísticos de la Administración —Consejo Económico Social— sitúan a Melilla como la ciudad más pobre de España.

En el caso de Ceuta, con unos 25.000 musulmanes, además de lo señalado para Melilla, habría que poner de manifiesto una situación de fracaso escolar alarmante, un incumplimiento esencial de la LOGSE y una política educativa contraria a los principios elementales de la pedagogía moderna, como ponen de manifiesto los datos aportados por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación. Permítanme citar algunas cifras aportadas por la Comisión Islámica de Melilla:
Un 74 % del alumnado no-musulmán (contra un 20 % del musulmán) cursa estudios de la Etapa Secundaria y, opcionalmente, tiene acceso a los Estudios Superiores. De ese 20 % de alumnos musulmanes, se estima que continúan estudiando sólo un 10 %. El resto no lo hace por problemas económicos o por opciones personales.

Estos datos globales, ya de por sí significativos, se vuelven más dramáticos cuando se sabe que de 407 alumnos que cursan COU, sólo 30 son musulmanes, es decir, un 7 % del total. En el resto de las modalidades de Secundaria, el alumnado musulmán, como ya hemos visto, no supera el 16 % del total y no tenemos datos que nos permitan saber qué porcentaje puede acceder a estudios superiores o universitarios.

El Acuerdo sobre la Enseñanza

En el marco del desarrollo del Acuerdo de Cooperación, la Comisión Islámica de España elaboró en 1993 un currículo para la enseñanza del Islam en las escuelas públicas y Concertadas con el Estado. Tres años más tarde, en la última etapa de la administración socialista, se firmó el “Convenio para el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y concertados con el Estado”. Significaba este Convenio un destacado avance sobre lo reflejado en el Acuerdo de Cooperación, en cuanto que el Estado asumía la financiación de los profesores, estos tenían derecho a formar parte del claustro y las clases, con carácter opcional, se impartían ahora durante las horas lectivas.

Sin embargo, su aplicación efectiva ha estado tan plagada de suspicacias y trabas por parte de la Administración, que su incidencia ha sido casi nula durante el curso 96-97 y tememos el mismo destino para el 97-98.

Pese a haber requerido la Comisión Islámica de España a la totalidad de las delegaciones provinciales del Ministerio de Educación las listas de alumnos que habían solicitado la enseñanza islámica, sólo doce de ellas han cumplido con esta estipulación del convenio.

Tenemos constancia de multitud de colegios donde no se ha informado a los alumnos de la posibilidad de elegir otra opción de enseñanza religiosa diferente a la católica. Desde la propia Dirección de Asuntos Religiosos se nos llegó a comunicar el temor del Estado a la utilización que podíamos hacer de este derecho fundamental, para introducir el integrismo islámico en nuestro país. Cuando colectivos de profesores de enseñanza islámica de Melilla, ya a mediados del curso, contemplaban cómo ni siquiera se facilitaban las listas de alumnos que la habían solicitado, plantearon la posibilidad de movilizaciones ciudadanas como forma de sensibilizar a la opinión pública, se les amenazó con la intervención de las fuerzas del orden público y la deportación a “su país de origen”.

Financiación y agravio comparativo

Pero si en algún sentido se hace notar la falta de desarrollo del Acuerdo, es en el de la financiación. Ningún acuerdo puede desarrollarse sin medios para ello. Y en este caso, la discriminación con relación al tratamiento que se da a la Confesión católica es ciertamente notable. Si bien el artículo 11 del Acuerdo de Cooperación con los musulmanes regula algunas exenciones y beneficios fiscales, la aportación económica directa por parte del Estado, en los cinco años que el Acuerdo lleva en vigor, ha sido de cero pesetas. Resulta elocuente por sí mismo contrastar este dato con los más de dieciocho mil millones que la Iglesia católica viene recibiendo anualmente. Nos encontramos aquí con un evidente agravio comparativo y una vulneración del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la Ley.

Al ser la Iglesia Católica la única que en la actualidad ha desarrollado efectivamente su Acuerdo de Cooperación con el Estado, el marco de las relaciones suscrito por ambos, es una referencia obligada para los acuerdos con las otras confesiones. La, para muchos juristas, desafortunada mención específica que la Constitución hace de la Iglesia Católica, no implica ningún trato de privilegio, sino más bien un paradigma a seguir con el resto de las confesiones.

Pasaremos a exponer las razones en las cuales se fundamenta la obligación del Estado en colaborar a la financiación de las Comunidades Islámicas.
Los procedimientos utilizados en la financiación a la Iglesia Católica han sido de dos tipos: el primero, consistente en la dotación económica en los Presupuestos del Estado y en un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el llamado impuesto religioso, y la segunda, la inmunidad tributaria.

Las razones que se han esgrimido para que la dotación económica directa no aparezca en el Acuerdo suscrito con los musulmanes, son que “... esta concesión a la Iglesia Católica es una secuela transitoria que deriva de la anterior confesionalidad católica del Estado español, y que está abocada a desaparecer”. Este argumento de la transitoriedad, se nos ha ido exponiendo año tras año, y ello, a la vez que veíamos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado el derecho de la Iglesia Católica a percibir el 0,5239 por ciento de las declaraciones de la renta de las personas físicas. También ha argumentado la Administración que, de suprimir la actual asignación, se limitaría el derecho al disfrute de la libertad religiosa de los católicos, pero ¿no sirve este mismo razonamiento para los musulmanes?

Entiéndase bien que no se trata de que los musulmanes estemos en contra de la asignación que recibe la Iglesia Católica. Al contrario, la consideramos deseable y legítima. Y defendemos el derecho de los católicos a tener garantizado por el Estado su libre ejercicio de la libertad religiosa. Y a que el Estado lo garantice con todos lo medios legales, incluidos los económicos.

Pero también defendemos este derecho para las otras confesiones. En el caso de judíos y evangélicos, al negociar su Acuerdo, optaron por renunciar a la dotación presupuestaria. Los musulmanes, desde un principio exigimos la equiparación proporcional con los católicos. Una comunidad naciente, expoliada de todo su inmenso patrimonio, y a la que tanto se le reconoce haber contribuido a la actual civilización occidental, bien pensamos que se merecía un trato más justo y generoso.

No encontramos tampoco, desde el punto de vista de los fundamentos relativos a Hacienda, argumentos que justifiquen la falta de colaboración del Estado con las Comunidades Musulmanas. Al contrario, son numerosos los motivos en los que se fundamenta la obligación del Estado en este sentido; así lo ha demostrado el profesor Pérez de Ayala en su libro “Diversos sistemas para las relaciones económicas Iglesia- Estado”, en el que trata a la religión como un bien social, y a la actividad de las confesiones religiosas como un servicio público a la comunidad civil y al bienestar social que, en justicia, las hace acreedoras a ser ayudadas económicamente por el Estado. Desde esta perspectiva, es difícil negar la labor de las confesiones religiosas como un servicio público, acreedora de una protección estatal que debe concretarse en poner a su disposición los medios económicos que la hagan posible.

Por lo tanto, el soporte económico del Estado para las Comunidades Islámicas encuentra su fundamento tanto en el derecho comparado como en la realidad jurídica y social de nuestra nación.

Este tratamiento, otorgado a los musulmanes en la proporción correspondiente, no podría considerarse contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, sino al contrario, una medida que respondería al mandato constitucional contenido en el artículo 9.2 de la misma.

Situación actual

El problema que tenemos no es otro que la paralización que sufre el Acuerdo de Cooperación y hunde sus raíces en la actitud discriminatoria de la Administración que, ajena al Estado de Derecho, ha logrado hasta hoy impedir el desarrollo de una Ley de Cortes, firmada por el Rey. A ello se han añadido los múltiples obstáculos interpuestos por la Administración para impedir el fortalecimiento y operatividad de la CIE. Se nos niega el derecho a la inscripción de nuevas comunidades islámicas, alegando la falta de requisitos que no aparecen por ningún lado en la actual Ley de Organización y Registro de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Se nos niega el derecho a inscribir modificaciones a los estatutos de la CIE. No se responde a los recursos planteados. La Ministra de Justicia se niega a recibirnos. Se inmiscuyen en nuestros asuntos internos y nos envían cartas acusatorias de estar al margen de la Ley.

Este asedio es una provocación y vamos a responderla con la variedad de adecuados instrumentos que nos proporciona nuestro Ordenamiento Jurídico. Y lo haremos convencidos de que la laicidad del Estado que defendemos, significa que las creencias arraigadas en la sociedad, serán protegidas por éste en un plano de igualdad.

Hemos recurrido al Defensor del Pueblo y, si es necesario, pediremos el amparo del Tribunal Constitucional. Los musulmanes acudimos hoy a este foro, preocupados por el incumplimiento de las libertades democráticas y dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo en la mejora de la convivencia, en una sociedad multicultural que ha de aprender a vivir en el respeto a las diferencias.
Debe quedar claro que, desde nuestra perspectiva de musulmanes, no hay contradicción entre Islam y democracia o entre Islam y laicidad y, tengo para mí que la inclusión de estos conceptos en el discurso de los musulmanes europeos, ayudará a una mejor comprensión de nuestra creencia y a desterrar para siempre los estereotipos medievales que se han ido forjando a lo largo de los siglos.

Más allá de la tolerancia. Necesidad y conveniencia de aportar soluciones
Hay otro asunto que me parece de interés para reflexionar aquí y ahora. ¿Qué hacer en una sociedad plural como la nuestra? ¿Cómo pensarla? ¿Qué mensajes convienen, qué esfuerzos para lograr el mejor modelo social?

Está un poco de moda hablar de tolerancia, como la panacea que puede aliviar los sufrimientos sociales que acarrea la intransigencia y el racismo. La tolerancia, sin embargo, no es la actitud apropiada para neutralizar esos males. Supone alguien que tolera y alguien que es tolerado y por consiguiente implica una discriminación evidente entre ambos.

La tolerancia persigue la integración, la asimilación de los tolerados a costa de la pérdida de su identidad y de su aculturación. La propuesta que nosotros hacemos se basa en el reconocimiento y en la interculturalidad. El reconocimiento del otro, de su cultura, de su color, de su lengua, de su religión, lo constitutivo de su ser, aquello que no puede ser alienado, lo propio.

La tolerancia nos parece mezquina. El reconocimiento del otro, su aceptación tal y como se expresa genuinamente, el amor en definitiva, engrandece. La tolerancia es desigual: quien tolera se hace fuerte, el tolerado débil. En el reconocimiento, que es mutuo, se fortalecen los dos implicados en un mismo plano de igualdad. La consecuencia más interesante de la actitud de reconocerse es una sociedad que, regida por una ley igual para todos, alberga en su seno diferentes culturas que se desarrollan de acuerdo a sus formas propias, sin las catastróficas pérdidas de identidad que conmocionan y deterioran tan gravemente la vida pública. Una sociedad intercultural será una sociedad sana y fructífera.

Conclusión

El Acuerdo no está cerrado. Es un marco legal que hay que ampliar y va a depender mucho de nosotros que este desarrollo sea armónico, que comprendamos su trascendencia a medio y a largo plazo, que entendamos el espíritu que lo impregna y las circunstancias históricas que lo posibilitan. Nuestra colaboración con la sociedad, en tanto que ciudadanos musulmanes, consiste, principalmente, en darle contenido a este Acuerdo: porque una comunidad islámica fuerte, cohesionada y respetuosa con el orden público, será siempre una garantía de paz allí donde se establezca.

Las reticencias de la Administración y de la sociedad desaparecerán cuando comprendan que el musulmán que acude a la mezquita, quiere educación para sus hijos y bienestar y protección para su familia, es un ciudadano que refuerza los lazos comunitarios y favorece el crecimiento de la sociedad.

Publicado en Verde Islam nº7 el 15/09/1997


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