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Revisión de la figura del Ministro de Culto en los Acuerdos de Cooperación (Ley 26/1992)

El profesor Marcos González nos aproxima con su reflexión a aquellas cuestiones que a su juicio serían revisables de los acuerdos de cooperación (Ley 26/1992), sobre la figura del Ministro de Culto.

07/06/2017 - Autor: Marcos Gonzalez Sanchez - Fuente: Revista General de Derecho Eclesiástico
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Portada del libro publicado con los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España
Portada del libro publicado con los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España

Introducción
Los Acuerdos de 1992 firmados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España FEREDE, con la Federación de Comunidades Judías de España FCJE, y con la Comisión Islámica de España CIE están prácticamente obsoletos al haber quedado derogado parte de su articulado por posteriores leyes estatales. Además, algunos de los asuntos regulados han tenido muy poco desarrollo reglamentario. Estos Acuerdos, hermanados por su uniformidad3 -en demérito del pluralismo religioso y el derecho a la diferencia-, se consideraron “un beneficio para el Estado y para España en su conjunto” cuando se firmaron, pero veinticinco años después no responden a las necesidades propias de cada comunidad religiosa.

La cooperación del Estado con los evangélicos, judíos y musulmanes debería tener como prioridad la adopción de medidas para mejorar la igualdad de hecho y de derecho de tales confesiones. Como indicábamos, la mayoría de asuntos recogidos en los textos necesitan ser revisados para conseguir un desarrollo armónico de sus derechos. Entre otras cuestiones, se podría tener en cuenta: a) la posibilidad de asignación tributaria a favor de sus comunidades religiosas -aunque no hay que olvidar que reciben  financiación directa del Estado a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia-; b) una mayor equiparación de los beneficios fiscales de las entidades religiosas; c) prever reservas de suelo y la cesión o venta de terrenos para lugares de culto; d) mejorar la regulación de la asistencia religiosa en establecimientos públicos para que, concretamente, los presos y los militares judíos y musulmanes puedan cumplir las prescripciones religiosas alimenticias; e) se debería cumplir con lo relativo a la comida Kosher y Halal en los comedores de los centros escolares; f) revisar las normas sobre el descanso semanal y festividades dada la escasa garantía con la que se regula en los Acuerdos; g) introducir en los textos, concretamente en el artículo relativo a la enseñanza, un párrafo que eleve al rango de ley la realidad de que el Gobierno pueda sufragar los gastos personales de los profesores de enseñanza religiosa en los centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, bajo los términos y condiciones que se acuerden entre los representantes de la Administración y de las confesiones religiosas, y h) reformar las disposiciones adicionales y final, de modo que se impulse el diálogo y el consenso como requisitos en la interpretación y para el desarrollo de los Acuerdos.

Por su parte, se pueden introducir algunos temas que no están mencionados en los Acuerdos ni tampoco han tenido un desarrollo normativo: a) la regulación del derecho de acceso a los medios públicos de comunicación; b) la regulación de la protección del patrimonio cultural; c) el posible reconocimiento de la validez de las disoluciones matrimoniales confesionales a efectos de divorcio, y d) se podría cubrir algunas lagunas y remisiones en blanco a los Acuerdos realizadas por otras normas jurídicas, como sucede en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

La actualización y desarrollo de todas las cuestiones que regulan los Acuerdos de cooperación garantizarían una mayor libertad y neutralidad religiosa, y se profundizaría en una mejor cooperación del Estado. La materialización real de la colaboración con las comunidades religiosas se realiza, puntualmente, a través de la aprobación de normas unilaterales de la Administración del Estado complementarias a lo dispuesto en los Acuerdos, y mediante la celebración de otros convenios entre las Administraciones autonómicas y las entidades confesionales locales pertenecientes a la FEREDE, FCJE y CIE.

Aunque el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa LOLR sólo hace referencia al Estado como sujeto para el establecimiento de relaciones, la cooperación con las confesiones se lleva a cabo también por las Administraciones autonómicas y locales mediante la celebración de acuerdos.

Éstos tienen carácter administrativo y por ello no llevan ratificación parlamentaria al afectar a materias propias de la competencia administrativa. Del mismo modo, las partes se someterán a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo correspondiente en el caso de que tuvieran que resolver cualquier eventual litigio que pudiera producirse en la ejecución de lo pactado.

Por tanto, al ser en el ámbito autonómico y local donde se aplican principalmente las normas generales contenidas en los Acuerdos de cooperación, estos “convenios menores” salvan algunas de las lagunas existentes. La vía pacticia, por tanto, es la más habitual en la producción de normas de Derecho Eclesiástico a nivel autonómico y local.

La política legislativa sobre la base de pactos con las confesiones es la que mejor garantiza el derecho fundamental de libertad religiosa, ya que los poderes públicos no asumen las funciones confesionales y se respeta la autonomía de los grupos religiosos. Este trabajo se va a centrar en un aspecto concreto y relevante del contenido de los tres Acuerdos de cooperación de 1992, como es el relativo a los ministros de culto. Cada texto se refiere a ellos para designar a las personas físicas que, con carácter estable y permanente, desempeñan funciones de culto o asistencia religiosa sobre el resto de miembros de cada confesión. El principal objeto es analizar el concepto de ministro de culto que han aportado los Acuerdos y otras referencias del articulado que regulan de forma expresa su régimen jurídico: la anotación en el Registro de Entidades Religiosas RER; el alcance de su derecho a guardar secreto de lo hechos conocidos en el ejercicio de sus funciones; el Régimen General de la Seguridad Social; su función en la celebración del matrimonio y la asistencia religiosa.

Si quieres leer el artículo completo, descárgate aquí el documento original enviado por el autor: 



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