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A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de inmigración en Estados Unidos

Entrevista con una inmigrante que estuvo detenida

06/04/2009 - Autor: Amnistía Internacional - Fuente: Amnistía Internacional
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La policía de EE UU conduce a uno inmigrantes a un centro de detención en el que pasarán la noche- AP
La policía de EE UU conduce a uno inmigrantes a un centro de detención en el que pasarán la noche- AP

Esté documentada o no, soy un ser humano. Pensaba que los pájaros en jaula eran muy lindos, pero nadie debería estar privado de libertad, nadie debería estar enjaulado.

Entrevista con una inmigrante que estuvo detenida

En poco más de un decenio los casos de detención por cuestiones de inmigración se han triplicado. En 1996 las autoridades de inmigración tenían una capacidad diaria de detención de menos de 10.000 personas. En la actualidad hay más de 30.000 inmigrantes detenidos cada día, y es probable que el número aumente aún más. Entre ellos hay niños, solicitantes de asilo, supervivientes de tortura, víctimas de trata de seres humanos, personas con residencia legal permanente en el país desde hace mucho tiempo y personas cuyos hijos o hijas tienen ciudadanía estadounidense.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha informado de que en 2007 la estancia fue de 37 días por término medio, los inmigrantes y solicitantes de asilo pueden estar meses e incluso años detenidos mientras pasan por los procedimientos de expulsión en los que se determina si tienen o no derecho a quedarse en Estados Unidos. Según un estudio de 2003, los solicitantes de asilo cuya solicitud fue finalmente aceptada pasaron una media de 10 meses detenidos, siendo el periodo de detención más largo registrado de 3,5 años. Amnistía Internacional documenta en el presente informe varios casos de personas detenidas durante cuatro años. Las personas contra las que se dicta orden de expulsión pueden continuar detenidas indefinidamente si su país de origen no está dispuesto a aceptar su regreso o no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Este aumento del uso de la detención por motivos de inmigración ha obligado a las autoridades de inmigración de Estados Unidos a firmar contratos con alrededor de 350 prisiones estatales y locales de todo el país para albergar a los detenidos. Alrededor del 67 por ciento de las personas detenidas por motivos de inmigración son recluidas en estos centros, y el resto, en centros dependientes de las autoridades de inmigración o de contratistas privados.

Amnistía Internacional ha determinado que la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo hace que éstos se vean sometidos a una considerable presión que les lleva a desistir de reivindicar por razones potencialmente válidas el derecho a quedarse en Estados Unidos.

1. Derecho a la revisión de la detención y posibilidades de quedar en libertad

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9

Una importante salvaguardia contra la detención arbitraria es la capacidad de la persona para impugnar su detención ante un organismo judicial independiente. El sistema de justicia penal estadounidense ofrece a las personas detenidas y acusadas de algún delito la oportunidad de impugnar su detención ante un tribunal. Sin embargo, lo habitual es que no proporcione acceso a la revisión judicial del caso a todas las personas detenidas por infracciones civiles de inmigración. Factores como el lugar en que la persona fue detenida o el hecho de que fuera declarada culpable de ciertos delitos pueden determinar el tipo de revisión que se realiza, si es que se hace alguna. Es frecuente que, cuando sí hay revisión, no se utilicen las alternativas a la detención, como el pago de una fianza asequible.

1.1 Personas detenidas en la frontera

Una mujer china de 26 años contó, llorando, al equipo de investigación de Amnistía Internacional que había huido para no sufrir persecución a raíz de que su madre y ella fueran golpeadas en su casa por repartir folletos religiosos. Llegó a Estados Unidos en enero de 2008 para pedir asilo y fue detenida en el aeropuerto y trasladada a una prisión local. Nadie le explicó por qué estaba detenida. La dirección de la oficina local del ICE decidió que quedara detenida si no se pagaba una fianza de 50.000 dólares. Ni un tío suyo que vivía en Estados Unidos ni su familia de China tenían medios para pagar esta suma. Su abogada contó a Amnistía Internacional que el juez de inmigración había indicado que él no tenía autoridad para ordenar su libertad ni para rebajar la fianza. Al final, en diciembre de 2008, tras casi un año de detención, los familiares que tenía en Estados Unidos consiguieron reunir la cantidad solicitada para dejar en libertad a la mujer.

Entrevista de Amnistía Internacional con una solicitante de asilo detenida y su abogada (identidades no reveladas), junio de 2008

Un agente de inmigración (el director de la oficina local del ICE) decide si la persona detenida debe quedar en libertad, así como las condiciones que debe cumplir para ello, como la fianza que debe depositarse o la obligación de comparecer ante las autoridades. La persona detenida no tiene derecho a la revisión de su detención por un juez de inmigración. La naturaleza discrecional del proceso de toma de decisiones en la concesión de la libertad condicional hace que las posibilidades de quedar en libertad puedan depender totalmente de dónde haya sido la persona detenida. Los índices de concesión de la libertad a solicitantes de asilo oscilaron entre el 4 por ciento de Newark, Nueva Jersey, y el 98 por ciento de Harlingen, Texas. Este proceso concentra un poder extraordinario en manos de algunos agentes del ICE, y carece de vigilancia y revisión efectivas, lo que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.

1.2 Detención dentro de Estados Unidos

El Sr. A. huyó de India a Estados Unidos en 1999, tras haber sido brutalmente torturado y encarcelado en múltiples ocasiones debido a sus actividades políticas. En 2006 fue detenido por el ICE y obligado a pagar una fianza de 15.000 dólares. Su esposa firmó un contrato con un fiador judicial para pagar la fianza, y él solicitó asilo. A lo largo de dos años compareció regularmente en todas las vistas del tribunal de inmigración, pero al final de una ellas, en la que declaró durante cuatro horas sobre la tortura que había sufrido en India, fue detenido de nuevo por el ICE. En una vista celebrada ante un juez de inmigración se ordenó su libertad bajo fianza de 80.000 dólares. Sus familiares y sus amistades hicieron un fondo común con sus recursos, utilizando como garantía incluso tarjetas de crédito y sus propias casas, para conseguir que fuera puesto en libertad. Al final se le concedió protección atendiendo a su solicitud de asilo.

Entrevista de Amnistía Internacional con un ex solicitante de asilo detenido (identidad no revelada), junio de 2008

Es el director o directora de la oficina local del ICE quien determina inicialmente si la persona debe quedar detenida o ser puesta en libertad. Ésta puede solicitar una revisión de la decisión por parte de un juez de inmigración; pero no todas las personas saben que pueden formular tal solicitud. En los casos en que hay revisión judicial, la información proporcionada a Amnistía Internacional indica que cada vez son más los jueces de inmigración que no conceden la libertad bajo fianza, o que imponen una fianza demasiado alta. La cantidad mínima que puede fijarse es 1.500 dólares, pero la cifra que se pide por término medio es de 5.941 dólares. En Nueva York, la media es de 9.831 dólares, y en al menos ocho jurisdicciones más, de más de 6.000. Existen, no obstante, grandes variaciones regionales: los tribunales de inmigración de Houston, Texas, por ejemplo, dejaron en libertad sin fianza monetaria a 462 personas en 2006, mientras que los de Nueva York y Las Vegas no dejaron a ninguna persona en libertad en estas condiciones. Un total de 2.442 personas quedaron en libertad bajo caución juratoria en 2006.

1.3 Detención obligatoria

El Sr. B, de 57 años, que llevaba siendo residente legal permanente más de 40 años y tenía hijos y nietos con ciudadanía estadounidense, pasó cuatro años sometido a detención obligatoria intentando evitar su expulsión. En agosto de 2003 se le declaró culpable de dos infracciones menores y se le concedió la libertad condicional. Con arreglo a ésta, tenía que presentarse ante un agente de libertad condicional, lo que hacía regularmente. En 2003, antes del Día de Acción de Gracias, el agente le dijo que se presentara, y cuando lo hizo, unos agentes del ICE lo detuvieron, con objeto de expulsarlo, en virtud de las sentencias condenatorias dictadas contra él por las infracciones, las cuales se consideraban delitos graves con agravantes según la legislación sobre inmigración. «Estaba totalmente perplejo y no hacía más que preguntar al agente de la condicional que por qué me detenía. Jamás había oído hablar del ICE.» Ese día, al volver a casa del trabajo, su esposa tenía una llamada en el contestador donde le decían que fuera a recoger el automóvil del Sr. B. En una entrevista con Amnistía Internacional, dijo: «Mi esposo estuvo dos o tres días sin llamarme. Yo no sabía lo que pasaba. Nadie me decía nada». Aunque un juez de inmigración determinó que las infracciones de las que había sido declarado culpable no constituían delitos graves con agravantes, permaneció detenido mientras su caso pasaba por varias apelaciones gubernamentales. En noviembre de 2007, la corte federal de apelaciones determinó que no había cometido delitos graves con agravantes y ordenó que fuera puesto en libertad de inmediato. Aunque no estaba ya sujeto a expulsión, el ICE se negó a dejarlo libre si no pagaba una fianza. En la entrevista con Amnistía Internacional, el Sr. B. contó: «Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque me enteré de que no iba a ser puesto en libertad si no pagaba 10.000 dólares. No sabía por qué». Su esposa consiguió el dinero de la fianza gracias a familiares y amigos, pero el ICE tardó más de cinco meses en devolvérselo, y para entonces tuvieron que utilizarlo para pagar facturas. El Sr. B. está todavía intentando pagar a sus familiares y amigos lo que les debe, y su hija se ha mudado otra vez a casa del matrimonio para ayudarles económicamente.

Entrevista de Amnistía Internacional con el Sr. B. y su esposa (identidades no reveladas), enero de 2009

Un hombre de 37 años, con 18 de residencia legal permanente en Estados Unidos, fue expulsado a Haití por posesión de abonos de autobús robados en un intervalo de dos meses. El tribunal determinó que estas dos sentencias condenatorias constituían sendos delitos de vileza moral, suficientes para su expulsión.

Las personas con residencia legal permanente pueden ser sometidas a «detención obligatoria» sin el derecho a una vista de libertad bajo fianza ante un juez de inmigración u organismo judicial. Se cree que todos los años son sometidas a detención obligatoria millares de personas. Entre las categorías de delitos que pueden ser causa de detención obligatoria se incluye la de los delitos menores y no violentos (como recibir bienes robados), cometidos en el pasado. Estas categorías son amplias y difíciles de definir. Algunos ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes han sido sometidos indebidamente a detención obligatoria y han pasado meses o años entre rejas tratando de demostrar que no pueden ser expulsados de Estados Unidos. Según las investigaciones de Amnistía Internacional Estados Unidos, al menos 117 personas habían sido sometidas a detención obligatoria por infracciones que al final se determinó que no constituían delitos graves con agravantes por los que pudieran ser expulsadas. Sólo en 2007, proveedores de servicios jurídicos identificaron a 322 personas detenidas con derecho potencial a la ciudadanía estadounidense. El sistema estadounidense de detención obligatoria constituye detención arbitraria y es contrario al derecho internacional, en virtud del cual la detención ha de justificarse en cada caso y ser objeto de revisión judicial.

El Sr. W., ciudadano estadounidense, fue detenido por motivos de inmigración en Florence, Arizona. Según la organización Proyecto de Florencia (Florence Immigrant and Refugee Rights Project), había nacido en Minnesota y jamás había salido de Estados Unidos. Como estaba detenido, no tenía acceso a su certificado de nacimiento, y trabajaba en la cocina de la prisión por un dólar al día para reunir los 30 dólares que costaba pedir una copia del certificado. Al final, tras más de un mes de detención, lo dejaron en libertad.

2. Alternativas a la detención

Por favor, ¿pueden traer a mi papá a casa? David, de siete años, en una carta al tribunal de inmigración tras más de cuatro años sin ver a su padre, inmigrante con residencia legal permanente

Antes de recurrir a la detención deben siempre considerarse explícitamente las alternativas no privativas de libertad, como la obligación de comparecer ante las autoridades o la imposición de una fianza asequible. Se ha demostrado que en Estados Unidos los programas de alternativas a la detención por motivos de inmigración son efectivos y considerablemente más baratos que lo que supone mantener a los inmigrantes en centros de reclusión. Si el coste medio de la detención de inmigrantes es de 95 dólares por persona y día, un estudio sobre la libertad supervisada realizado por el Instituto Vera de Justicia en Nueva York reveló que el índice de comparencia era del 91 por ciento y que el coste aproximado era de sólo 12 dólares al día. A pesar de la eficacia de estas alternativas a los programas de detención a la hora de garantizar el cumplimiento de los procedimientos de inmigración, el uso de la detención por motivos de inmigración continúa en aumento, a costa de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Como alternativa a la detención, las autoridades deben utilizar siempre los medios menos restrictivos posible. Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación que la aplicación de dispositivos de control electrónico a inmigrantes, cuando se considere que no representan una amenaza para la seguridad y que no hay riesgo de que huyan, es una medida desproporcionada que viola su derecho a la intimidad y a la dignidad.

3. Acceso a asistencia y apoyo: salvaguardias relacionadas con la detención

No puedo volver … Hay gente que quiere matarme. He escrito muchas cartas a abogados para pedirles que me ayuden. Entrevista de Amnistía Internacional con un hombre detenido por motivos de inmigración (identidad no revelada), junio de 2008

Según la legislación estadounidense, las personas sometidas a procedimientos de expulsión pueden contar con asesoramiento jurídico, pero no a cargo del gobierno. Así pues, la mayoría de los inmigrantes detenidos –el 84 por ciento– no disponen de asistencia letrada y se representan a sí mismos. El hecho de estar representado por un abogado puede afectar considerablemente al resultado del caso. Un estudio ha determinado que las probabilidades de conseguir asilo son cinco veces mayores si se cuenta con representación.

Las personas detenidas por motivos de inmigración en Estados Unidos encuentran considerables obstáculos para ponerse en contacto con alguien de fuera del centro de detención y recibir asistencia como: charlas para darles a conocer sus derechos, acceso adecuado a bibliotecas y material jurídicos y a manuales para personas detenidas específicamente por motivos de inmigración, acceso suficiente a teléfonos y a servicios de traducción e interpretación. Muchas sufren traslados frecuentes de unos centros a otros que menoscaban su capacidad para comunicarse con sus abogados y sus familias.

4. Condiciones de detención

LN tiene 27 años y nació en Afganistán. Tenía 7 cuando llegó con su familia a Estados Unidos como refugiado. En 2007 le abrieron un procedimiento de expulsión y quedó sometido a detención obligatoria por un delito de drogas. Poco después comenzó a orinar sangre, y tenía fatiga, dolor y malestar constantes. Tuvo que esperar mes y medio para que lo viera por primera vez un médico. Al cabo de nueve meses no había recibido aún ningún diagnóstico ni tratamiento. Ha presentado cuatro demandas por la falta de tratamiento médico y, según dijo a Amnistía Internacional, se siente tan frustrado y asustado que está considerando la posibilidad de retirar su solicitud de ciudadanía y regresar a Afganistán a fin de recibir atención médica. Contó a Amnistía Internacional que estaba especialmente preocupado por su esposa y su hija, que iban a sufrir por haber cometido él «un error». «No hay vida para mi esposa y mi hija en Afganistán».

Entrevista de Amnistía Internacional con un hombre detenido por motivos de inmigración (identidad no revelada), junio de 2008

Las normas internacionales disponen que la detención administrativa no debe ser de naturaleza punitiva. Sin embargo, los resultados de los análisis de Amnistía Internacional indican que, en muchos centros, las condiciones de detención incumplen las normas internacionales de derechos humanos o las directrices del ICE. Las personas detenidas por motivos de inmigración suelen ser recluidas en centros carcelarios con alambre de espino y celdas, junto con presos que cumplen condenas penales. No pueden llevar su propia ropa, sino el uniforme de la prisión.

Se ha constatado un uso excesivo, inapropiado e innecesario de instrumentos de coerción contra los detenidos, como esposas unidas a la cintura por cadenas y grilletes. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que algunas personas habían sido sometidas a abusos físicos, verbales o de ambas clases durante su detención por motivos de inmigración, lo que constituye una violación de las normas internacionales. Las personas detenidas tampoco tienen un acceso adecuado al ejercicio físico, y puede resultarles muy difícil conseguir que se atiendan sus necesidades médicas a tiempo, y a veces incluso que se atiendan sin más. En los últimos cinco años han muerto 74 personas durante su detención por motivos de inmigración.

En septiembre de 2008, el ICE anunció la publicación de 41 nuevas normas de detención basadas en el desempeño, que iban a aplicarse durante 18 meses y estarían totalmente vigentes en todos los centros de reclusión de personas bajo custodia del ICE antes de enero de 2010. Si se aplican de manera efectiva, estas normas mejorarán las condiciones de las personas detenidas por motivos de inmigración. Sin embargo, Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que no se puedan hacer cumplir jurídicamente y de que no prevean sanciones adecuadas a las infracciones.

Recomendaciones principales

Estados Unidos debe tomar medias inmediatamente para abordar las violaciones generalizadas de los derechos humanos de los inmigrantes.

1. El Congreso de Estados Unidos debe aprobar leyes que establezcan una presunción contra la detención de inmigrantes y solicitantes de asilo y garanticen que la detención se utiliza sólo como último recurso.

2. El gobierno de Estados Unidos debe garantizar que, antes de recurrir a la detención, se tienen siempre en cuenta explícitamente medidas alternativas no privativas de libertad, como la obligación de comparecer ante las autoridades o el pago de una fianza asequible. La obligación de comparecer ante las autoridades no debe resultar indebidamente onerosa, invasiva ni difícil de cumplir, especialmente en el caso de las familias con niños y de las que tengan medios económicos limitados. Las condiciones de la libertad deben ser objeto de revisión judicial.

3. El Congreso de Estados Unidos debe aprobar leyes que garanticen que todos los inmigrantes y solicitantes de asilo tienen acceso a vistas individualizadas sobre la legalidad, la necesidad y pertinencia de la detención.

4. El gobierno de Estados Unidos debe garantizar la adopción de normas de derechos humanos de obligado cumplimiento en todos los centros de detención que acojan a personas detenidas por motivos de inmigración; puede hacerlo mediante legislación o mediante el establecimiento, por parte del Departamento de Seguridad Nacional, de políticas y procedimientos de cumplimiento exigible. Deben establecerse mecanismos de vigilancia efectivos e independientes para garantizar el cumplimiento de las normas de detención y la rendición de cuentas por toda infracción que se cometa.


El informe de Amnistía Internacional A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de inmigración en Estados Unidos, publicado en marzo de 2009, trata estas conclusiones de forma detallada.

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