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Autoridad indígena en Sololá

05/09/2007 - Autor: Lucía Escobar - Fuente: El Periódico de Guatemala
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Vendedores de todo el occidente del país llegan a Sololá, en un ritual comercial que lleva más de medio milenio repitiéndose.
Vendedores de todo el occidente del país llegan a Sololá, en un ritual comercial que lleva más de medio milenio repitiéndose.
Este es el último de tres acercamientos a las autoridades, procedimientos, normas y valores de las Alcaldías Indígenas que aún mantienen vivo el Derecho Consuetudinario, llamado también Justicia Maya o Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas.

Es viernes de mercado y en las calles cercanas a la plaza desbordan vendedores de todo el occidente del país, que llegan a Sololá en un ritual comercial que lleva más de medio milenio repitiéndose. En los puestos son una rareza los tecomates, el maíz rojo y las piedras de moler, pero abundan las ventas de discos pirata, productos chinos y baterías que duran un soplido.

Algunas costumbres desaparecieron y otras continúan intactas. Entre las que han persistido en el tiempo se encuentran las autoridades indígenas. En la esquina norte del parque sobresale, en un segundo piso, la Alcaldía Indígena de Sololá decorada con murales de colores vivos que reflejan la vida cotidiana del 62 por ciento de los habitantes de Sololá, considerados indígenas del pueblo kaqchikel, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2003.

La casa comunal o del pueblo

El primer cuarto es el espacio que ocupan los cofrades (qa’tba’l tzij), encargados de las actividades religiosas y guardianes de las reliquias. Ellos asisten a las reuniones de los alcaldes comunales porque tienen derecho a saber lo que sucede en el pueblo. En el siguiente cuarto se encuentran la secretaría y la junta directiva de alcaldes comunales. Al fondo, en un salón pintado con imágenes del Tzolkin o Calendario Sagrado Maya, se reúnen más 60 alcaldes comunales, de los cuales solo dos
son mujeres.

Sesionan sobre temas expuestos por igual en kaqchikel o en español: encuentros o acercamientos a las autoridades estatales como los jueces, el Ministerio Público o Derechos Humanos, capacitaciones sobre el Pop Wuj y la cosmovisión maya; resuelven dudas sobre las jornadas de vacunación, o se ponen de acuerdo sobre los temas que afectan a las comunidades que representan.

Las tres listas de asistentes se llenan con la firma o la huella digital, y sirven para reembolsar el pasaje, y calcular el almuerzo y la refacción que recibirán los alcaldes comunales cuando asistan a asambleas o capacitaciones en la sede de la Alcaldía Indígena. Este financiamiento lo lograron a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Unión Europea, que funciona a través de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia de Guatemala, SCEP, y la organización Tinamit.

Para otros gastos, la Alcaldía Indígena de Sololá se vale de las rentas que recibe por alquilar los locales del piso de abajo, y que, según Manuel Tuy, ex alcalde comunal de dicha entidad, proporcionan ingresos aproximados de Q4 mil al mes, que cubren los gastos de luz, agua y teléfono.

La única persona que recibe un sueldo es la secretaria, que se encuentra en planilla de la Municipalidad de Sololá. Fue con ayuda de dicha entidad estatal, en 2003, cuando Tuy fungió como principal, que remodelaron y pintaron los murales de la Alcaldía Indígena, marcando el inicio de un renacer en las autoridades tradicionales, que habían quedado rezagadas tras 36 años de represión en Guatemala.

Años de resistencia y guerra


Fueron precisamente los años del conflicto armado interno los que sirvieron como caldo de cultivo para el nacimiento de la Defensoría Maya Usaquil Tinamit, con el tema del derecho indígena como objetivo medular. Ricardo Sulugüi Juracán funge como coordinador general de esta organización, en su sede de Sololá, y recuerda cuando luchaba contra el reclutamiento militar forzoso de los jóvenes y la imposición de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en los oscuros años ochenta. También emprendieron una cruzada a favor de las niñas indígenas, a quienes obligaban, en algunos establecimientos, a renunciar al traje regional para usar uniforme.

Los viernes y los miércoles, especialmente, la oficina de la Defensoría Maya se llena de personas que buscan asesoría jurídica y mediación en conflictos, aplicación del sistema jurídico indígena y asesoría para casos que se llevan con el sistema oficial. En los últimos cuatro meses, por ejemplo, han trabajado un total de 474 casos. El 42 por ciento se intentará resolver por medio del Derecho Maya, que incluye el diálogo y el consenso; el resto de casos se llevan con abogados, recursos y demandas en los juzgados estatales.

Atrás quedaron los años en que Sulugüi Juracán era sacado de los tribunales y amenazado con demandas por usurpación de funciones. El proceso que él y el equipo de la Defensoría Maya han realizado desde su fundación oficial el 12 de octubre de 1992, para sensibilizar a las autoridades estatales, ha dado frutos, pues han roto algunas barreras de desconfianza, y ahora existe una incipiente coordinación entre ambos sistemas.

Sin embargo, el miedo de los alcaldes a ser demandados por los tribunales de justicia es latente y real.

Alcaldesas, niños y minería

Por esa razón es que cuando Cristina Coroxon de Bixcul, actual alcaldesa comunal de San Isidro, Sololá, encontró un niño perdido en su comunidad, no solamente se dirigió a la Policía Nacional Civil y a la estación de Bomberos para verificar si había alguna denuncia por la desaparición del pequeño, sino también avisó al Juzgado de Familia de Sololá de que se haría cargo del niño, para evitar que en un futuro pudiera ser acusada de robo de menores. Además, visitó el registro de ciudadanos de la Municipalidad de Sololá, donde los empleados colaboraron al instante para encontrar la dirección de la familia del niño. Ya con esa información, la señora Cristina Coroxon planteó ante la Alcaldía Indígena de Sololá el caso y, en asamblea general, se decidió que deberían citar a los padres y llamarles la atención por el descuido con el hijo. Levantaron un acta para que la alcaldesa tuviera un amparo ante una posible acusación de secuestro.

La reunión con los padres se llevó a cabo en la Alcaldía Indígena de Sololá, y la familia del niño recibió una serie de consejos sobre el trato que debían dar a su hijo. Además, se comprometieron a buscar un lugar donde el niño pueda estudiar, ya que según los padres sufre de algún tipo de retraso mental.

En esta ocasión, la familia del niño perdido agradeció a Cristina Coroxon y la Alcaldía por el servicio prestado, y las autoridades estatales prestaron su apoyo para lograrlo.

Pero no siempre es así, sobre todo cuando las autoridades indígenas tratan casos de alto impacto, como la extracción de metales preciosos. De eso da fe Dominga Vásquez, la primera y única mujer en llegar al puesto de Alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Sololá durante los años 2004-2005.

Este es el cargo más alto entre las autoridades tradicionales y lo logró ocupar gracias al voto de 95 por ciento de hombres, que demostraron que podían dejar el machismo a un lado para compartir los espacios de poder.

El trabajo que Dominga había efectuado en la comunidad a través de los comités de trabajo, proyectos de alfabetización, cocinas mejoradas, creación de molinos de nixtamal y prevención de drogadicción y alcoholización, la hicieron la persona ideal para el cargo. Durante ese tiempo, el director de la Escuela Normal de Occidente, en Santa Lucía Utatlán, la autorizó para que compartiera su tiempo de maestra con el de Alcaldesa, ya que este último puesto es ad honórem.

Como todos los pueblos indígenas de América Latina, los kaqchikeles comparten el respeto a la madre naturaleza. Fue así como Dominga, naturalmente, llegó al tema de la minería y comenzó una campaña para dar a conocer los proyectos de explotación de metales en el territorio que ocupan los kaqchikeles y divulgar información sobre el tema. Eso coincidió con el paso de un enorme cilindro para explotación de metales, que requería el desmontaje de la pasarela peatonal ubicada en la aldea Los Encuentros, jurisdicción de Sololá, en la Carretera Interamericana. El tiempo que la maquinaria se detuvo para el trámite fue suficiente para que las comunidades se organizaran en una manifestación que pretendía ser pacífica, y que terminó con un muerto y varios heridos.

Más de 300 policías y militares tenían órdenes precisas de que el derecho a la libre locomoción de Montana Exploradora debía prevalecer sobre las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que las comunidades indígenas son dueñas de sus territorios y recursos, y que toda actividad de explotación de estos debe someterse a discusión. Eso, según Dominga Vásquez, era lo que buscaban.

El ministro de Gobernación de entonces, Carlos Vielmann, acusó a la lideresa de provocar los disturbios y pidió orden de captura por los delitos de terrorismo, sabotaje, amenazas, lesiones y daños a la propiedad privada.

Dominga ya no recibe amenazas de muerte por su trabajo y continúa con el servicio comunitario, pero ahora lo hace a través de una organización de mujeres que han montado 14 viveros forestales para contribuir a la reforestación en algunos lugares, y sueñan con comercializar el resto de los árboles para tener fondos y realizar un proyecto de tejidos. Para Dominga, la experiencia de liderazgo que tuvo en la Alcaldía Indígena fue fundamental para fortalecer su camino de servicio en la comunidad.

Hacia un pluralismo jurídico


Las Alcaldías comunales o indígenas son estructuras de servicio comunitario que han resultado ideales para fomentar el desarrollo de algunos pueblos. Por ello es que en los últimos años, cada vez más cantones y aldeas con mayoría indígena buscan revivir o reestructurar este tipo de organización.

Solo en 2007, la Alcaldía Indígena de Sololá acompañó la formación de nuevas Alcaldías comunitarias en el caserío Santa Rosa, el cantón Xajaxac, los pueblos de Nahualá, Santiago Atitlán y el pueblo natal de Santa Catarina Ixtahuacán. Fue en la toma de posesión de esta última Alcaldía indígena donde quedó en evidencia que no todos los guatemaltecos están dispuestos a compartir el poder local. El alcalde municipal de la nueva Santa Catarina Ixtahuacán, Francisco Tambriz y Tambriz, rechazó rotundamente la creación de la Alcaldía Indígena, aduciendo que el municipio está conformado por un 100 por ciento de indígenas maya kiche y por lo tanto no era necesaria otra Alcaldía. Ese día, acompañado de miembros de su corporación municipal, se presentó para intimidar, golpear e intentar impedir que se oficializara dicha institución.

Por eso, no deja de tener razón Sulugüi Juracán cuando dice que se han ganado algunos espacios, pero aún faltan muchos por conquistar. En su opinión, para lograrlo es imprescindible que se modifique la Constitución de Guatemala, para que el derecho de los pueblos indígenas a utilizar sus estructuras y formas de administración y justicia no dependa de la interpretación de los jueces.

“Los que piensan que no es necesaria una reforma constitucional son los académicos, que ven todo desde afuera. Nosotros hemos trabajado una propuesta de modificación a la ley, que se encuentra publicada como: Breve historia jurídica y análisis sobre la institucionalidad, el derecho maya y el derecho de los pueblos indígenas en Guatemala”.

Esta Defensoría también ha planteado la idea de formar un tribunal mixto integrado por autoridades indígenas y jueces estatales que busquen la coordinación entre ambos sistemas.

Esa postura la ha respaldado, entre otros, Augusto Willemsen, jurista guatemalteco con vasta experiencia en derechos humanos y pueblos indígenas dentro de Naciones Unidas y defensor del pluralismo jurídico, quien opina que es imprescindible la creación de una entidad mixta que se encargue de tratar los conflictos de jurisdicción, encontrando formas de mejor convivencia y fomentando la riqueza del país.

Para que esto suceda, ambos sistemas deben tratarse de igual a igual, y no debería existir subordinación de uno al otro. En una sociedad en la que existe el pluralismo jurídico, cada persona tendría derecho a resolver sus problemas de la manera en que lo prefiera, ya sea por medio del sistema de justicia oficial, el sistema jurídico maya o con algún otro método alternativo de resolución de conflictos.

Para que Guatemala llegue a ese punto, en el que se respeten ambos sistemas jurídicos con todas sus implicaciones, aún falta mucho. En el libro sagrado de los mayas, el Pop Wuj, podemos encontrar alguna luz para lograrlo, talvez en la frase que resume mejor la filosofía del sistema jurídico indígena: “Hablaron pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensamientos”.

David Pérez colaboró con traducir las conversaciones en kaqchikel
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