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El caso de Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi: crónica de 13 años en prisión

21/12/2004 - Autor: Manuel Borraz - Fuente: El Otro Diario
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1991. LAS DETENCIONES

A finales de 1991, diversas poblaciones de Barcelona y Tarragona fueron escenario de una serie de violentos asaltos a parejas. Dos agresores que se desplazaban en un coche sorprendían a las víctimas en los descampados, las desvalijaban y acababan violando a la chica. "Las víctimas nos llegaban destrozadas, semidesnudas, con moratones por todo el cuerpo. Llenas de barro, sucias. Sus acompañantes, si los había, con la cabeza abierta y molidos a golpes" —rememoraba años después uno de los agentes que intervino en algunos de aquellos casos, todavía impresionado.
Los cuerpos policiales buscaban a dos hombres de aspecto norteafricano, basándose en las descripciones coincidentes suministradas por las víctimas. Aunque los agresores se expresaban en castellano, hablaban entre ellos una lengua extraña que podía ser árabe.

La policía de Terrassa tuvo noticia de la llegada de unos marroquíes a una pensión de dicha población. Un empleado del hostal había llevado a comisaría la preceptiva lista de huéspedes. Se decidió hacer averiguaciones. Eran tres marroquíes que sólo se conocían de compartir habitación para abaratar el alquiler. Dos de ellos respondían a la descripción de los violadores y fueron detenidos el 11 de noviembre. Uno fue puesto en libertad tras las ruedas posteriores, al no ser reconocido por nadie. El otro era Ahmed Tommouhi, de 40 años de edad, natural de Nador. Tenía los papeles en regla y carecía de antecedentes penales. Albañil temporero, había estado trabajando en la recogida de la fruta en Girona y acababa de trasladarse a Terrassa porque le habían asegurado que faltaban peones para la construcción. Tommouhi fue reconocido por algunas víctimas e ingresó en prisión. En adelante, su nombre aparecería trascrito por error como Tommouch en innumerables documentos policiales y judiciales.

Dos días más tarde, el día 13, fue detenido Abderrazak Mounib en Barcelona. Nacido en la ciudad marroquí de Fez, era un vendedor ambulante de 39 años que había llegado a España hacía más de 16 años. Residía con su mujer y sus cuatro hijos en la ciudad condal. Lo habían reconocido en comisaría, tras ojear algunos álbumes fotográficos. No tenía antecedentes penales pero sí policiales -aunque ya prescritos- por un acto de exhibicionismo.

Al igual que ocurrió con Tommouhi, Mounib fue identificado por algunas de las víctimas en ruedas de reconocimiento. Sería la única base de sus condenas, dado que no aparecieron pruebas materiales que los incriminaran. El día 14 de noviembre, cuando una de las víctimas acudía a una rueda de reconocimiento, acompañada por un sargento de la Guardia Civil encargado del caso, la joven le participó que uno de los agresores "tenía uno de los dos testículos muy desarrollados". Efectivamente, Mounib presentaba esta particularidad debido a una hidrocele testicular. No obstante, fue la única víctima que mencionó este detalle, y lo hizo cuando la Guardia Civil ya lo conocía, tras la detención de Mounib. Por el contrario, en una declaración previa de la misma joven en sede judicial constaba "que ellos no se desnudaron y por tanto no puede citar ninguna cicatriz o elemento identificador".

Mounib y Tommouhi, que manifestaban ser totalmente inocentes y no haberse visto nunca antes, terminaron ingresados en la prisión barcelonesa de Can Brians, acusados de ser los autores de las agresiones.

1992-1995. LAS CONDENAS

La maquinaria judicial se puso en marcha. Cada uno de los detenidos estuvo imputado inicialmente en más de una decena de causas, pero acabó con sólo cuatro condenas, de las cuales sólo dos serían en común. Las sentencias condenatorias fueron dictadas entre septiembre de 1992 y octubre de 1995 por las secciones Quinta, Sexta y Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Juzgado Penal nº 7 de la misma ciudad y la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona. En total, más de un siglo y medio de cárcel para cada uno por delitos de robo, violación, detención ilegal, coacciones y lesiones.

El testimonio de las víctimas, que les identificaron en las ruedas de reconocimiento, fue determinante. Se habían conservado restos biológicos en dos de los casos. En uno de ellos, sucedido en Olesa de Montserrat, no pudieron ser analizados con fiabilidad. En el otro caso, en el que se acusaba a Tommouhi y a un segundo agresor no identificado de haber violado a dos menores de edad en Cornellá, los análisis exculpaban a Tommouhi. Pero durante el juicio se minimizó la relevancia de los resultados argumentando que su culpabilidad quedaba "perfectamente acreditada por las categóricas y terminantes declaraciones de ambas mujeres identificándole como autor de los hechos".

Los abogados de Mounib y Tommouhi presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, pero fueron rechazados esgrimiendo la firmeza de las identificaciones. Las condenas quedaron ratificadas.

1995. LAS VIOLACIONES SE REPITEN

A mediados de 1995, tuvo lugar en la provincia de Barcelona una nueva serie de asaltos y violaciones muy similares a los de 1991 o incluso más violentos. Los investigadores se hicieron a la idea de que, nuevamente, iban tras personas de origen extranjero, que en ocasiones llegaban a ser tres.

El 8 de abril de 1995, una mujer fue asaltada salvajemente en Esparreguera. La víctima identificó a tres paquistaníes que pasarían un mes en prisión preventiva hasta que los resultados de ADN probaron su inocencia.
Finalmente, el 20 de junio, el dispositivo de vigilancia montado en torno a un coche abandonado cerca de Sant Fruitós de Bages llevó a la detención de Antonio García Carbonell. Para sorpresa de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron, no se trataba de ningún "árabe" sino de un español, gitano, de unos 60 años. En los vehículos que había utilizado aparecieron algunas de las pertenencias robadas así como un bate de béisbol y un revólver de fogueo como los descritos por los testigos de las agresiones. Identificado por diversas víctimas, su culpabilidad quedó demostrada de manera prácticamente incuestionable por pruebas de ADN. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a más de dos siglos de cárcel por asaltos a cinco parejas cometidos entre marzo y junio de 1995. Nunca delató a sus cómplices. Al parecer, el coautor de las violaciones sería un pariente suyo que continúa impune. García, por cierto, usaba expresiones en caló, lo que habría llevado a sus víctimas a pensar que hablaba en "árabe".

1996. EL "DOBLE" DE TOMMOUHI

Al ser detenido García, se puso de manifiesto su notable parecido con Ahmed Tommouhi, pese a la diferencia de edad. Este detalle no pasó inadvertido a un guardia civil de la Policía Judicial de dicho cuerpo en Martorell. El agente ya había sido testigo, años atrás, de la conducción irregular de Ahmed Tommouhi en los juzgados de Terrassa, cuando algunas víctimas pudieron verlo esposado por los pasillos justo antes de realizarse una rueda de reconocimiento, que pudo resultar viciada. El guardia civil era consciente, además, de que algunas víctimas de 1995 que habían reconocido a sus agresores en fotografías de Mounib y Tommouhi se equivocaron, pues éstos no habían abandonado la cárcel, como pudo verificar. Fuera de horas y hurtando tiempo a su familia, se dedicó a investigar por su cuenta e ir atando cabos. Si el español había participado en las violaciones de 1995, se preguntaba el agente, ¿por qué no pensar que también lo había hecho en las de 1991? Sus averiguaciones se plasmaron en un informe que avalaba la inocencia de los marroquíes. El documento, que llegó a manos de la fiscalía de Cataluña en marzo de 1996, enumeraba otras particularidades e irregularidades del caso, como la circunstancia de que la única prueba contra los magrebíes fueran los reconocimientos de las víctimas, pues nada incriminatorio apareció en su poder, o el hecho de que algún diario publicara la foto de Abderrazak Mounib, como presunto "organizador" de los asaltos, el día 16 de noviembre de 1991, cuando aún había ruedas de reconocimiento pendientes.

Ese mismo año de 1996, por fin fue posible el análisis del pañuelo con restos de semen que se conservaba de una de las violaciones de 1991, sucedida en Olesa de Montserrat. Así se supo que los restos orgánicos pertenecían a dos hombres, pero no se trataba de los marroquíes sino de Antonio García Carbonell y de alguien con algún parentesco próximo (años después, en septiembre de 1999, García aceptaría una condena de 42 años, pactada con el fiscal, por este caso). Apoyándose en esta prueba pericial, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo.

1997. ¡INOCENTES!

El 24 de mayo de 1997, los dos marroquíes fueron absueltos por el Tribunal Supremo, que anuló la sentencia de 1994 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había condenado a cada uno de ellos a 51 años de prisión por delitos de violación, robo y secuestro en el caso de Olesa de Montserrat. "Los adelantos científicos –decía el fallo- han permitido alcanzar finalmente unos resultados claros y decisivos allí donde los conocimientos de 1992 fueron insuficientes." No obstante, Mounib y Tommouhi siguieron en prisión. Sobre cada uno de ellos aún pesaban condenas que superaban el centenar de años de cárcel. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el fiscal jefe, José María Mena, señalaba que no podía impulsar la revisión extraordinaria de estas otras condenas: "La fiscalía sólo puede plantear ese tipo de recurso extraordinario cuando se tiene una prueba objetiva, como lo fue la prueba del ADN con el trapo que todavía se conservaba. Pero en las otras causas no quedaron restos genéticos. Ello no quiere decir que los propios afectados no puedan impulsar la revisión extraordinaria".

1998. UN NUEVO INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Pasaron los meses. La espera se eternizaba sin que hubiera novedades. Mounib llevaba ya varias huelgas de hambre a sus espaldas.

A finales de 1998, se presentó otro informe del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Martorell. Revelaba que el vehículo que supuestamente emplearon Mounib y Tommouhi para cometer los delitos siguió siendo utilizado cuando los condenados ya estaban detenidos. También se supo que el 2 de diciembre de 1991, se localizó el vehículo aparcado en Mollet del Vallès y tuvo lugar un frustrado intento de detener al individuo que se disponía a abordarlo. Por la descripción, podía haberse tratado de Antonio García Carbonell. La oleada de violaciones se interrumpió entonces.

1999. LA EXCARCELACIÓN INMINENTE

A finales de abril de 1999, José María Mena, el máximo responsable de la fiscalía de Cataluña, pidió un indulto parcial para poder excarcelar a Mounib y Tommouhi, por albergar "serias dudas en conciencia de su culpabilidad". Los informes exculpatorios elaborados por la Guardia Civil eran una pieza clave de la petición. El fiscal jefe señalaba, por ejemplo, que el extraordinario parecido de Tommouhi con Antonio García "permite comprender la posible confusión de las víctimas en las diligencias de identificación que constituyeron en todos los casos elemento fundamental de la prueba acusatoria". Los letrados de los condenados consideraron la medida insuficiente. "Si la fiscalía duda es porque puede sospechar de la existencia de nuevas pruebas o indicios y, si eso es así, aparte de pedir el indulto, debería iniciar una investigación para aclarar esas dudas" —puntualizaba Xavier Castellvell, abogado de Mounib.

En el mes de julio, dichos letrados presentaron sendos recursos de revisión extraordinaria de sentencia; el propio Castellvell en nombre de Abderrazak Mounib, y Jordi Claret, Pedro Pardo y Manuel Ollé en el de Ahmed Tommouhi.

Diputados como Ignasi Guardans (CiU) y Joan Saura (ICV), quien llegó a hablar incluso de un caso de "latente racismo, de ese que no se ve, pero está ahí", hicieron gestiones ante la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, para intentar agilizar la excarcelación. El 29 de septiembre, un alto cargo del Gobierno se pronunció sobre la situación de Mounib y Tommouhi por primera vez. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, reconoció en el Congreso que hacía suya la petición de indulto y que iba a ponerse en contacto con la ministra de Justicia, para interesarse por la agilización de los trámites. El 20 de octubre, la junta de gobierno del Col·legi dAdvocats de Barcelona emitió un contundente comunicado en el que reclamaba la "inmediata liberación" de los dos marroquíes. "Debido a que ha transcurrido demasiado tiempo -señalaba el comunicado- y dado que continúan privados de libertad, a pesar de probarse su inocencia y de que la fiscalía haya solicitado el indulto, el Col·legi dAdvocats cree que no hay justificación para más dilaciones. Por ello, los letrados de Barcelona solicitan su inmediata liberación y consideran que la justicia debería poner todos los medios necesarios y actuar con la máxima celeridad para restituirles sus derechos fundamentales y reparar el daño que el encarcelamiento les haya causado a ellos y a sus familiares." Por su parte, la consellera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, señaló: "Me parece perfecto que todo el mundo reclame su indulto, pero ahora se debe actuar, no basta con salir en la prensa pidiéndolo". Gispert insistía en que el indulto fuera efectivo lo antes posible o, en su defecto, que hubiera "una salida jurídica lo más rápida posible". La asociación sociocultural del colectivo marroquí en Cataluña "As Nahda", presidida por Noureddine Douah, convocó en Barcelona una manifestación ciudadana en favor de la libertad de los dos presos, para el 24 de octubre. Pese a que el acto contó con el apoyo de una veintena de entidades vecinales, grupos culturales y organizaciones no gubernamentales, más algún político, la marcha sólo congregó a unos pocos centenares de personas, buena parte de ellas magrebíes. El 26 de octubre, el Colegio de Abogados de Rabat se unió al coro de voces a favor de la excarcelación de sus compatriotas. El 6 de noviembre, Jordi Guillot, dirigente de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), hizo público un comunicado en que calificaba de "tremenda injusticia" la situación de ambos marroquíes, que a juicio de Guillot estaban encarcelados por error. Asimismo anunció que pediría a las autoridades judiciales la "revisión inmediata" de los casos por los que permanecían en prisión.

El 8 de noviembre, Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi iniciaron una nueva huelga de hambre y sed, que interrumpieron tres días después.

Durante aquel mes de noviembre, fuentes de la Administración penitenciaria, dependiente de la Generalitat de Cataluña, estudiaron la posibilidad de aplicar una forma de prisión atenuada para compensar en parte el retraso -más de medio año ya- en gestionar el indulto. No obstante, la concesión de un tercer grado fue enseguida descartada. Ignasi García Clavel, director general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación, entendía que para concederles el régimen abierto no bastaba con tener serias dudas sobre su culpabilidad y con que el fiscal lo solicitara: "Eso sería muy peligroso porque ambos presos tienen condenas firmes muy abultadas, porque los indicios no bastan y porque existen otros mecanismos para que se demuestre su inocencia". El problema era que los otros "mecanismos" seguían su curso muy lentamente. García Clavel aprovechaba para recordar que la Audiencia de Tarragona se acababa de pronunciar en contra del indulto.

Todos y cada uno de los tribunales que dictaron sentencias contra los dos marroquíes debían proceder a remitir un informe al Ministerio de Justicia para que pudiera valorar la concesión de los indultos y así lo fueron haciendo a lo largo de 1999. El último en hacerlo fue la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona con un considerable retraso de más de siete meses. Tres de los cinco tribunales resultaron ser partidarios de la concesión de la medida de gracia y dos no. Se opuso la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, por la crueldad con la que el condenado se ensañó con una pareja asaltada en Terrassa en 1991 (en este caso sólo había sido condenado Tommouhi). También se opuso la Sección Tercera (antes Segunda) de la Audiencia de Tarragona. Si bien el parecer del fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, fue favorable al indulto, la opinión de la Sala fue desfavorable, pesando mucho "la oposición manifestada por las perjudicadas por los delitos de violación y robo con violación". El tribunal consideró que los hechos por los que fueron condenados Mounib y Tommouhi estaban "plenamente probados", siendo "unánimes" las declaraciones de las tres víctimas y de los cinco testigos de las tres violaciones. Asimismo, estimó que diversos detalles reiteraban la culpabilidad de los acusados, como la raza a la que pertenecían, el idioma que hablaban o el hidrocele del testículo de uno de ellos (pruebas que, por su parte, venían cuestionando los abogados de la defensa). No obstante, tratándose de una petición de indulto parcial (los condenados ya habían cumplido parte de la pena), la existencia de algún informe desfavorable no cerraba la puerta a la medida de gracia.

Entretanto, los recursos extraordinarios de revisión de sentencia presentados por los abogados de ambos condenados, se fueron abriendo camino tímidamente. Como paso previo a la aceptación de los recursos, el Tribunal Supremo ordenó la práctica de numerosas pruebas (búsqueda de muestras de restos biológicos relacionados con los casos, investigación de las denuncias en que apareciera el coche utilizado por los violadores, etc.). En diciembre de 1999, los agentes de la Guardia Civil que redactaron y entregaron a la fiscalía los informes que avalaron la inocencia de los marroquíes ratificaron su contenido ante el Tribunal Supremo. Uno de los agentes llegó a afirmar que tenía "la convicción personal" de que los dos condenados eran inocentes.

2000. ANNUS HORRIBILIS
A primeros de abril del 2000, se hizo público que el Tribunal Supremo había acordado no autorizar la solicitud de revisión de condenas de Mounib. Los jueces aceptaban reticencias sobre algunos aspectos del caso: por ejemplo, el hecho de que hubiera víctimas que les culparan a él y a Tommouhi de agresiones sexuales cometidas cuando ya estaban encarcelados, o que el mismo vehículo que supuestamente utilizaron ellos continuara siendo utilizado para delinquir cuando ya estaban detenidos. No obstante, los magistrados indicaban que con extremos como éstos "pueden suscitarse dudas ahora, una vez celebrados los correspondientes juicios y alcanzada la firmeza en las resoluciones correspondientes, pero nunca pueden servir para probar la inocencia en esta clase de recursos". Unos recursos, aclaraban, que sólo prosperan cuando, como en el caso del ADN, "sobrevengan los conocimientos de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado".

En la madrugada del día 26 de abril del 2000, Abderrazak Mounib falleció de un infarto a los 48 años de edad en su celda de la cárcel de Can Brians, donde llevaba recluido poco más de ocho años sin salir. Su salud se había ido deteriorando en prisión y, de hecho, había estado hospitalizado hacía dos meses por una hipoglucemia.

En julio del mismo año, el Tribunal Supremo rechazó la revisión de la condena a Tommouhi, aun reconociendo que habían "aparecido algunos hechos o elementos de prueba que pudieran hacer surgir dudas o sombras sobre la participación del recurrente". Sin embargo, consideraba que dichas pruebas sólo servían "para introducir incertidumbres, pero no datos firmes y sólidos" que llevasen a una "convicción de inocencia" como la que según ellos exigía la revocación de penas demandada, especialmente tratándose de un recurso como el de revisión, "de tan estrechos márgenes y de tan estrictas exigencias". El Supremo se refería a "la aparición de un automóvil que pudo ser el utilizado en la comisión de los hechos" y al parecido del recurrente "con una persona detenida con posterioridad". Pero insistía en que no eran "en sí mismos suficientes para establecer inequívocamente la inocencia del condenado" y no afectaban a "la validez y efectividad de los reconocimientos" de las víctimas. El tribunal recordaba: todas las víctimas "han mostrado su rechazo a la concesión del indulto y se han reafirmado en la seguridad y certeza" de las identificaciones. No obstante, el Supremo instaba a solicitar el indulto para el condenado.

Los letrados de Tommouhi optaron por presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

2001. PUNTO Y FINAL DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

En julio del 2001, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto por los abogados de Tommouhi. La firmeza de quienes sufrieron las agresiones sexuales a la hora de identificarlos pesó en la decisión del Constitucional, que aludía a "la contundencia de la prueba de reconocimiento ... por parte de las víctimas". En una escueta y tardía resolución, recordaba que el Tribunal Supremo había confirmado las condenas y que "no basta que las pruebas introduzcan la duda sobre la autoría de los hechos" para revisar las sentencias. "Sabíamos -manifestaron los abogados defensores- que la justicia española no iba a reconocer que en cuatro ocasiones se había equivocado, pero debíamos agotar todos los recursos antes de acudir al Tribunal de Estrasburgo". Con esta decisión se agotaban todas las posibilidades judiciales del acusado en España y ya sólo le quedaba una puerta a la que llamar, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Ese mismo mes de julio, se celebró en Barcelona una manifestación de apoyo a Tommouhi y la familia de Mounib, organizada por la asociación "As Nahda". El acto contó con la presencia solidaria de Joaquín José Martínez, el español que se salvó del corredor de la muerte en Estados Unidos. Martínez decía promover una fundación de ayuda a inocentes encarcelados. En la marcha participaron apenas una treintena de personas, pero la asistencia de Martínez acabó dándole cierta resonancia mediática. El cantautor Paco Ibáñez, allí presente, manifestó su deseo de organizar un acto de apoyo con otros artistas, preguntándose: "¿Cómo puede estar alguien diez años entre rejas sin que se haya probado que es culpable?".

2002. SE ACUDE A ESTRASBURGO

El 3 de enero del 2002 se interpuso un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en favor de Ahmed Tommouhi.

Entretanto, el caso siguió siendo objeto de un discreto seguimiento desde diversas instancias, como la asociación cultural marroquí "Ibn Batuta", de Mohamed Chaib, en Barcelona, el propio Consulado de Marruecos o la regiduría municipal de Derechos Civiles del ayuntamiento barcelonés, por iniciativa de la regidora Roser Veciana.

2003. PETICIONES Y PREGUNTAS

En el mes de julio del 2003, el Defensor del Pueblo reclamó al Ministerio de Justicia la resolución "inmediata" del indulto de Tommouhi, petición que volvió a reiterar en noviembre: "Nos parece inadmisible mantener en silencio administrativo una petición de la trascendencia de un indulto durante cuatro años".

También en julio, el diputado socialista Jordi Pedret formuló dos preguntas al Gobierno para respuesta escrita, inquiriendo sobre las razones de la tardanza en resolver el indulto y sobre si había intención de resolverlo "en un plazo inmediato". La respuesta dada a conocer el 20 de noviembre resultó de todo punto insatisfactoria, pues se limitaba a señalar que "la referida solicitud de indulto se encuentra en fase de tramitación".

2004. PREGUNTAS Y PETICIONES

El año se abrió con una nueva interpelación del diputado Jordi Pedret que, en esta ocasión, fue respondida en cuestión de días. El 7 de enero, el Gobierno hizo llegar al Congreso de los Diputados un escrito donde se comprometía a resolver la petición de indulto "en el término más breve posible". Para intentar justificar la tardanza en tramitarlo se aducía que "en uno de los delitos respecto de los que se solicita el indulto, no se produjo la resolución del recurso de casación por el Tribunal Supremo hasta el 30 de junio de 2000, por lo que, hasta esa fecha, no era firme la sentencia". También se indicaba que el Consejo de Ministros resolvería el indulto lo antes posible "atendiendo a la dificultad del caso, ya que existen diversos delitos cometidos por D. Ahmed Tommouhi, todos ellos de suma gravedad" que "requieren un análisis y un estudio detallado".

Un par de meses después, el PSOE sustituyó al PP en el Gobierno sin que hubiera habido ninguna novedad.

A finales de abril, la Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo remitió un escrito al Ministro de Justicia exigiendo que se interesara por el caso. Además se solicitaba la adecuación de nuestro sistema judicial a la nueva normativa europea antidiscriminatoria y se recordaba la indefensión provocada por "la inexistencia de la doble instancia penal en nuestro sistema judicial". El 20 de septiembre, representantes de SOS Racismo fueron recibidos por una asesora del Ministerio de Justicia, quien les confirmó que el expediente de Tommouhi se encontraba entre los 15 ó 16 expedientes de indulto considerados de urgente resolución.

Al finalizar septiembre, llegaban noticias del seguimiento del tema por parte de algunos diputados del Parlament catalán, como Àlex Masllorens (PSC-CpC) o Dolors Clavell (ICV-EA). Esta última había tramitado una doble pregunta por escrito al gobierno catalán para conocer la situación del recluso y saber si la Generalitat había hecho o tenía previsto hacer alguna actuación ante el gobierno central en favor de una inmediata resolución de la petición de indulto.

Tommouhi lleva ya 13 años en prisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía no ha admitido su recurso. Mientras tanto, la historia se repite. El Defensor del Pueblo continúa pidiendo explicaciones y, el 22 de noviembre, el diputado Joan Herrera, portavoz de Izquierda Verde-IU-ICV, interpeló al Gobierno sobre el caso.

Informe sobre el periodo 1991-2002 según fuentes periodísticas ("La Vanguardia", "El País") y judiciales. Crónica reciente a partir de fuentes directas.
Información más amplia en www.geocities.com/eva_bobrow/Tommouhi

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