Los tribunales militares en Egipto son sinónimo de violaciones de derechos humanos básicos, como el derecho a un juicio justo y el derecho de apelar ante un tribunal superior. Desde el levantamiento de enero de 2011, estos tribunales han llevado a cabo más de 12.000 juicios y han condenado alrededor de unas 8.0000 personas por delitos como "matonismo" o "saltarse el toque de queda". Las condenas van desde unos pocos meses hasta años de prisión. Incluso han condenado a muerte a algunas personas.
Tras la caída de Mubarak, el pasado mes de febrero, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió el poder en Egipto. Desde entonces, se han repetido jornadas sangrientas, saldadas con muertos, heridos y miles de civiles juzgados ante tribunales militares.
En los últimos días, los gobernantes militares de Egipto han anunciado que alrededor de de 2.000 personas encarceladas tras responder ante un juicio militar serán puestas en libertad. Sin embargo, no han anunciado cuántas seguirán en prisión. Es hora de acabar con estos juicios, prohibidos expresamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es Estado parte, de una vez por todas.
En lugar de proteger a los manifestantes, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF), ha resultado totalmente incapaz de cumplir las promesas de mejora de los derechos humanos que hicieron a los egipcios, y en lugar de ello ha sido responsables de un catálogo de abusos que en algunos casos bate el récord de Hosni Mubarak.
Por eso, es necesario que las fuerzas de seguridad egipcias abandonen la represión de manifestaciones pacíficas, respeten el derecho de la sociedad egipcia a expresarse libremente y abran investigaciones completas, independientes y exhaustivas de todas las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
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