Unas 200 asociaciones y sindicatos han presentado una denuncia a la Fiscalía contra el ministerio del Interior por las redadas policiales para detener a inmigrantes en situación irregular efectuadas en los últimos meses.
La denuncia está dirigida contra "altos cargos del ministerio del Interior" por las "detenciones selectivas", "redadas" ilegales e "identificaciones masivas e indiscriminadas" realizadas en los últimos meses, según el texto.
Fue presentada el martes por el Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) y unas 200 asociaciones ante la Fiscalía General del Estado y este miércoles entregada en el Congreso de los Diputados.
Los demandantes piden al fiscal que investigue si constituyen delito estas redadas efectuadas en "lugares de ocio, puertas de colegios, locutorios, estaciones de metro, de autobuses, plazas, cercanías de consulados, embajadas u oficinas de extranjería".
Estas operaciones, dirigidas a "identificar y en su caso detener a aquellos que fueran extranjeros y que carecieran del permiso de residencia" y expulsarlos, "pueden vulnerar la legislación vigente", "la Declaración Universal de Derechos Humanos" y la Constitución Española.
"Pedimos que se depuren responsabilidades en el ministerio", declaró a la AFP Jesús Hidalgo, representante del SOI.
Se basan en hechos denunciados desde hace un año en varios lugares de España en asociaciones y sindicatos y en un comunicado emitido hace 10 días por cuatro sindicatos de policías. Estos denuncian que "existen cupos de detención de inmigrantes en situación irregular" en toda España, es decir, que todas las jefaturas de policía fijan a sus agentes un número de detenciones periódicas, según el comunicado.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró que los cupos existieron en "cuatro o cinco comisarías" de Madrid debido a "un error operativo" que fue solucionado "inmediatamente", mientras que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que prohibió la fijación de cupos.
La embajadora boliviana en España, Carmen Almendras, denunció por su parte el allanamiento de domicilios de bolivianos residentes en España en situación irregular, lo que fue negado por Rubalcaba.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lucha activamente contra la inmigración irregular en un país con un 11% de su población extranjera. Actualmente prepara la reforma de la ley de Extranjería en la que quiere incluir el endurecimiento de las sanciones contra quienes promueven la inmigración ilegal, la ampliación de 40 a 60 días de la detención de sin papeles antes de su expulsión, la restricción de la reagrupación familiar, medidas más duras para entrar en España como turista y el voto inmigrante en las municipales.
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