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Derecho Maya en Guatemala, Entre lo que se pregona y su aplicación

23/04/2008 - Autor: Julio Abdel Aziz Valdez
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El jueves 13 de marzo, fue particularmente interesante para analizar el tema del derecho maya, que como aspecto muy interesante, ha dejado de ser una discusión y se asume como una realidad discursiva tanto en las universidades como en el ámbito de las instituciones “Operadoras de Justicia”; como guinda sobre el pastel, el fin de esta misma semana finalizó con el secuestro y liberación de cuatro turistas belgas en una región predominantemente Q´eqchi´ en el municipio de Livingtone que casualmente es reivindicado como dominio garifuna.

Pero, pasemos al análisis de los hechos acaecidos en los últimos días y empecemos por lo publicado en Prensa Libre que dice literalmente:

Quiché (Departamento de Guatemala). Representantes de los 21 municipios de Quiché y vecinos de todas las comunidades de la cabecera departamental convocaron a 24 supuestos delincuentes, entre ellos, miembros de la banda Los Quichelenses, para advertirles que si continúan con sus fechorías, serán castigados severamente.

Más de cinco mil personas provenientes de diferentes comunidades de Quiché se reunieron en la aldea Cucabaj Primero, de Santa Cruz del Quiché, en donde citaron a 34 personas acusadas de pertenecer a diferentes bandas que operan en la capital y en ese departamento, para que dialogaran y se comprometieran a no seguir delinquiendo.

Los vecinos les advirtieron a esas personas que si siguen con sus fechorías serán castigadas severamente y expulsadas de sus comunidades para siempre. De los convocados, 24 se presentaron a la reunión.

El alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, Juan Zapeta López, dijo que todos aceptaron que han delinquido en la capital; algunos asaltan bancos y empresas grandes, cometen secuestros y roban automóviles. Varios de ellos pertenecen a la famosa banda Los Quichelenses, aseguró.

Los citados, que tienen antecedentes penales, se comprometieron en la reunión a cambiar su forma de vida y a trabajar. Ante ello, los líderes levantaron actas del compromiso establecido. (el subrayado es nuestro)  “Citamos a los 34 delincuentes, desde el sábado pasado, pero solo vinieron 24, así que a los otros diez se les va a castigar, por haberse burlado de las comunidades”, anunció Zapeta. “Nuestra reunión es pacífica, y les estamos dando una oportunidad de poder estar y trabajar con la sociedad, pero si no cambian su conducta, serán castigados severamente y expulsados de sus comunidades”, reiteró.

A la reunión, que duró más de cinco horas, asistieron representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y agentes de la Policía local.
Primero: hay que recalcar que cualquier tipo de confesión realizada en un contexto de presión social no posee ninguna validez penal, aún cuando a los líderes de la “comunidad” les consten los supuestos actos delincuenciales que estas personas han realizado.

Segundo: si no posee validez la confesión menos los compromisos de redención sobre todo porque mediaba una amenaza real de daño físico.

Tercero: con ya cientos de casos de linchamientos públicos (que implican golpizas y cremación) en varias de las áreas indígenas de Guatemala es una parodia pensar que una reunión multitudinaria era pacífica y que el llamado a “cambiar su conducta” no era una amenaza real en contra de integridad física de los acusados.

Ente la ineptitud de las autoridades judiciales las autodenominadas “comunidades” asumen la aplicación no de un derecho maya, sino de castigos y reprimendas que utilizan como telón de fondo el uso de violencia “justa” que se escenifica con latigazos, linchamientos y humillaciones públicas (en el caso de mujeres son vejadas por medio del corte al ras de la cabellera y escarnio público, que nunca a sido denunciado por las organizaciones de mujeres en Guatemala)

Claro, a estas denuncias se responden con la visión ya popular de cómo las organizaciones de derechos humanos amparan a delincuentes cuando aducen la necesaria existencia del principio de debido proceso se refiere en la fase de acusación en contra de presuntos delincuentes, tal apreciación se ha convertido en un consenso tácito, en gran parte de la población afectada por la delincuencia, incluyendo la población indígena, que en el ejemplo antes mencionado, utilizó una serie de acusaciones, despersonalizadas, en contra de un grupo de presuntos delincuentes a los cuales, incluso formuló amenazas.

Pero, al seguir con el análisis hemerográfico, se muestra el siguiente hecho acaecido en el mismo departamento, solo que en otro municipio:
Zacualpa. Siete hombres, acusados de participar en el crimen de Camilo de la Cruz, tuvieron que cargar el féretro de su víctima como parte del castigo que les impusieron líderes comunitarios.

El cortejo salió de la escuela de aldea Tunajá II, a las 12 horas de ayer, hacia el cementerio de Zacualpa.

Los comunitarios obligaron a Agustín Chingo de la Cruz, de 40 años; Virgilio Quixán, 18; Gerardo y Esteban Toj Portugues, de 18 y 22; Elías Ríz de la Cruz, 21, José Gómez, 18, y un menor de 17 años a llevar el ataúd en hombros.

Los sindicados, quienes permanecían como rehenes desde el lunes recién pasado, hicieron el recorrido descalzos, pues los vecinos los despojaron de sus zapatos.
Familiares y vecinos portaban sendos carteles, mediante los cuales exigían al Gobierno mayor presencia policial al menos en siete comunidades de Zacualpa.
Luego del sepelio, los rehenes fueron trasladados a la aldea Tunajá II y, posteriormente, liberados.

Según los líderes comunitarios, sus rehenes forman parte de la banda delincuencial que mató a De la Cruz, porque éste se negó a ingresar a una pandilla. (el subrayado es nuestro)

La anterior nota es la continuidad de una aparecida el día anterior donde se informaba que habían sido aprendidos los acusados y durante una noche entera fueron sometidos, no solo a una detención, por demás ilegal, sino que además fueron torturados física y psicológicamente. Todo fue resuelto, aparentemente, el día 12 cuando fueron sometidos a la humillación pública, y luego entregados a las autoridades locales, que como hecho asombroso, fueron testigos del castigo. La nota no menciona que la liberación de los rehenes se debió, como es costumbre, a la falta de apoyo de la comunidad para poder aplicar un castigo más severo como podría ser el linchamiento.

El panorama sobre la aplicación de la justicia Maya, derecho consuetudinario o justicia comunal cierra la jornada con el siguiente hecho, que igualmente da fe la Prensa Libre el mismo día


La comunidad de Choacaman Cuatro, Quiché, condenó a 13 días de trabajo comunitario a un joven de 15 años, al encontrarlo culpable de haber participado en un robo, informó la Defensoría Indígena.

Las autoridades comunitarias, guías espirituales y alcaldes de la aldea Choacaman, a unos 200 km al oeste del país, decidieron imponer esa sanción al joven Casimiro Castro dentro de la denominada “aplicación del derecho indígena”, explica en un comunicado la Defensoría Indígena.

El adolescente habría participado, junto a otras personas, en el robo de 17 trajes típicos, pero fue detenido en la comunicad vecina de Xatinap cuando intentaba venderlos.

La población propuso azotar a Castro por el delito que cometió, pero las autoridades indígenas y comunitarias decidieron imponerle un castigo de 13 días de trabajo en beneficio de la comunidad, precisa el comunicado. (el subrayado es nuestro)

Esta nota, que fue remitida por el encargado de relaciones públicas de la Defensoría Indígena, no sólo desmarca los hechos de aplicación de la justicia por medio de la aplicación de castigos físicos sino que menciona a los guías espirituales, como si los mismos fueran reconocidos por toda la población al mismo nivel de la autoridad del alcalde auxiliar, que es una institución de origen colonial.

No se menciona el hecho de que en el universo espiritual de todas las comunidades indígenas y mestizas (y nos aventuramos a generalizar en este aspecto) de Guatemala es el cristianismo, tanto en su adscripción católica como en la evangélica, la dominante, sin embargo la Defensoría no hace alusión a tales “autoridades espirituales” sino a los que ejercen la llamada “Cosmovisión Maya”, que para alguien que no conozca el occidente guatemalteco, puede ser observado como una tercera forma de religiosidad, con igual reconocimiento.

En el afán de presentar a la justicia maya, separada de los hechos de aplicación de la violencia física y psicológica, en el marco de la llamada “justicia restaurativa”, se recalca que se libró al muchacho, hallado culpable, de que lo latiguearan, y se le aplicó el castigo de trabajo comunitario, que para los que no conocen a la Guatemala indígena pobre, es necesario informar que desde la colonia instaurada en 1524 hasta hoy en día el trabajo comunitario forzoso ha sido la constante, llevado a su máxima expresión durante los regimenes liberales de finales del siglo XIX y con las patrullas de autodefensa civil desde 1982, por lo que muchas veces el trabajo comunitario forzoso no implica en si mismo un castigo pero es a lo único que los apologéticos de la justicia maya pueden recurrir, y recurren a este recurso más que por un convencimiento de castigo sino a lo que la comunidad internacional, que mantiene a un centenar de organizaciones mayas en Guatemala, desea, no hay que obviar las presiones que esa misma comunidad internacional realizó con el actual jefe del ejecutivo para que derogara la ley que le daba potestad para la gracia presidencial en la aplicación de la pena de muerte, llegó al colmo de recurrir a presiones de orden colonial con la amenaza de revisar los proyectos de apoyo al desarrollo si se aplica la pena de muerte.

Con esa misma posición se trata de moldear la “cosmovisión maya Light”, una posición político ideológica que refirme la diversidad, desde la visión francesa, alemana, belga, italiana u holandesa, evidentemente comunitarios que aplican azotes y linchamientos, son de entrada rechazados, y se manda tales practicas al cajón de los remanentes del conflicto armado interno, que dicho sea de paso, fue interpuesto por el “Estado racista y excluyente de corte ladino” (postura que regularmente pregonan las organizaciones etnicistas)

El final de esa semana culminó con el secuestro de cuatro turistas belgas en Livingston, Izabal por parte de varios campesinos q´eqchi´s, con el objetivo de canjearlos por un líder apresado por la Policía Nacional Civil, semanas antes, acusado por liderear invasiones en áreas protegidas de aquel departamento. Este acto se dio posteriormente a otro acaecido semanas antes cuando esos mismos comunitarios secuestraron a un grupo de veinte agentes de la policía y que igualmente pretendían liberarlos por el mismo dirigente q´eqchi´.

Luego del daño ocasionado al patrimonio cultural, a la credibilidad de las instituciones del Estado y a la industria turística, el mismo Estado por medio de la Procuraduría de Derechos Humanos no cuestionen la aplicación de la llamada justicia comunitaria al menos en aquella región y con ese grupo cultural en particular ya que desde hace no menos de diez años (desde la firma de los Acuerdos de Paz) tanto en esa región como en Petén , donde se encuentran la mayor cantidad de áreas protegidas del país y del área centroamericana, se han producido infinidad de secuestros e intimidaciones de guardarecursos, policías, soldados, y personal técnico que labora en aquellas regiones, sin embargo el Estado sigue sosteniendo, para el oído de la comunidad internacional, que se respeta la diversidad cultural y se promueve la interculturalidad sin embargo a la hora de abordar estas manifestaciones de aplicación de la justicia local los hechos más recurrentes se plantean como “ajenos a la cosmovisión” a la “costumbre”, por parte de aquellos que hacen de lo maya una apología virtuosa y por encima de los males del occidente cristiano que esta en lo más recóndito del mundo rural guatemalteco.

 

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