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Las naciones árabes y los derechos humanos

06/03/2003 - Autor: Luis Peraza Parga * - Fuente: Webislam
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Luis Peraza Parga
Luis Peraza Parga

Después de varios intentos frustrados de crear una Carta árabe de los derechos del hombre que se desarrollan desde 1960, finalmente la Comisión Permanente árabe por los derechos humanos prepara un nuevo proyecto en 1993, heredero casi clonado de un primer proyecto, que nace el 15 de septiembre de 1994 de manos del Consejo de la Liga de Estados Árabes1.

Está compuesto de un breve Preámbulo y 43 artículos. El Preámbulo es fascinante a los ojos occidentales poco acostumbrados a la musicalidad verbal árabe y a la grandilocuencia de su prosa. "Dada la creencia de las naciones árabes en la dignidad humana desde que Dios la honró al convertir al Mundo Árabe en el lugar del nacimiento de religiones y civilizaciones que confirman su derecho a una vida de dignidad basada en la libertad la justicia y la paz, Siguiendo los principios eternos de la hermandad e igualdad entre todos los seres humanos establecidos firmemente por la Sharia íslámica y las demás religiones de revelación divina".

Aquí demuestra una apertura envidiable a las otras religiones siempre que cumplan el requisito señalado. La Sharia o la ley islámica es una especie de código de vida, una tradición y no un sistema unitario de leyes. Es por esto por lo que de un país a otro se puede aplicar en forma distinta. "Estando orgullosos de los valores humanitarios y principios firmemente arraigados en el curso de su larga historia y que jugaron un papel protagónico en la diseminación de centros de enseñanza entre el Este y el Oeste, convirtiéndolo en un punto focal internacional para los buscadores de conocimiento, cultura y sabiduría. Conscientes del hecho de que el mundo árabe al completo siempre ha trabajado juntos en la preservación de su fe, creyendo en su unidad, luchando para proteger su libertad, defendiendo el derecho de las naciones a la auto determinación y la salvaguarda de sus recursos, creyendo que el estado de derecho y el goce por cada individuo de la libertad, justicia e igualdad de oportunidades es la vara de medir los méritos de una sociedad. Rechazando el racismo y el sionismo que constituyen una violación a los derechos humanos y amenazan la paz mundial, Reconociendo la estrecha interrelación entre derechos humanos y la paz mundial, Reafirmando los principios de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos Pactos Internacionales de Naciones Unidas en derechos civiles y políticos por un lado y económicos, sociales y culturales por otro y la Declaración del Cairo de Derechos Humanos del Islam 2".

Hasta aquí el rico Preámbulo árabe y a continuación establece que confirmando lo dicho hasta ahora, han acordado lo siguiente: una primera parte que consta exclusivamente del primer artículo que dice que "Todo los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y al control sobre sus riquezas naturales y recursos y, de igual modo, el derecho a determinar libremente la forma de su estructura política y perseguir, libremente, un desarrollo económico social y cultural. El racismo, sionismo, la ocupación y la dominación extranjera son un desafío a la dignidad humana y constituyen un obstáculo fundamental para la realización de los derechos básicos de los pueblos. Existe la necesidad de condenar y eliminar tales prácticas".

La Parte segunda se desarrolla del artículo 2 al 39, ambos inclusive. Normalmente el garante explícito de todos los derechos contemplados será el Estado y el beneficiario, las personas y los pueblos. En pocos artículos se establece la ciudadanía como un título para poder ostentar el derecho. Se refiere más a la persona. En este sentido, esta Carta es un modelo a seguir. El artículo 2 consagra el principio de goce de todo derecho y libertad comprendido en la Carta y el de no discriminación a ser disfrutados por todo individuo en el territorio y bajo la jurisdicción de un estado que lo garantiza al ser parte de la presente Carta. No existirá distinción, aunque podría haber escrito discriminación, por razón de raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política, origen social o nacional, propiedad, nacimiento o cualquier otro motivo y sin ninguna discriminación entre hombres y mujeres. Es interesante que para establecer esa imposibilidad de discriminación de género utilice expresamente la palabra que echábamos en falta. La Carta quiere reafirmar este último principio y no se contenta con la no distinción por sexos. El artículo 3 cataloga la Carta como de mínimo ya que prohíbe la derogación o restricción de un derecho humano fundamental reconocido o existente en un estado parte basándose en que la Carta o no lo reconoce o lo reconoce de menor manera.

Establece el importante principio y creemos que esto es una auténtica novedad, de la no reciprocidad de los derechos humanos. La fórmula que utiliza la Carta es alambicada pero eficaz: "Ningún Estado Parte derogará libertades fundamentales reconocidas en la misma Carta y que son disfrutados por los nacionales de otro estado que muestre menos respeto hacia esas libertades". Creemos que consagra la esencia no recíproca entre países del respeto a los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre dentro de las fronteras de un país acatador de los derechos humanos.

En la época actual, nadie puede negar las particularidades que, sobre los tratados internacionales clásicos, poseen los convenios internacionales de derechos humanos. Los clásicos son como contratos que establecen un equilibrio entre los derechos y obligaciones que asume cada estado parte, siendo rescindibles mediante la denuncia ya que cuentan con el principio de reciprocidad. El objetivo de los tratados de derechos humanos persigue un fin distinto 3, otorgándole un plus especial y que consiste en el establecimiento de un orden público común a las partes y cuyo destinatario principal son los seres humanos 4 a los que trata de proteger mediante la instrumentación de garantías colectivas 5 y son los estados los que asumen obligaciones hacia los individuos bajo su jurisdicción 6. Es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha precisado las características de:

"Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los estados contratantes, porque ... su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción" 7.

En contra de esta opinión seguida por la mayoría de la doctrina internacionalista, encontramos la tesis de Carlos López Hurtado 8, que sostiene la práctica identidad entre los dos tipos al basarse en su mismo origen internacional y consensual entre estados. Es verdad que el origen de un tratado de derechos humanos es una aceptación de los estados a través de su consentimiento, pero como el derecho comunitario, los órganos que se crean se van independizando cada vez más de ese trato primigenio entre estados y cumplen la función de una actualización constante, vía interpretación, de los artículos de esos tratados.

La idea de los redactores de los mismos y el espíritu de la letra son sistemáticamente superados por una interpretación evolutiva y teleológica, es decir, teniendo en cuenta la finalidad global de la Convención. Este mismo autor no deja de reconocer peculiaridades en los tratados de derechos humanos como la de establecer órganos de supervisión de su aplicación por los estados partes. Este hecho abre la puerta a una catarata de consecuencias sobre competencia jurídica e internacional muy importantes: estos órganos, que en el caso que nos ocupa sería el Comité de Expertos de Derechos Humanos establecido en el artículo 40 de la Carta, interpretan las disposiciones del tratado, deciden la competencia de su competencia, establecen límites a la misma como el valor de las denuncias, los retiros de reconocimiento de competencia...

El artículo 4 establece que las únicas restricciones permitidas a los derechos y libertades reconocidos estarían previstas por la ley y juzgadas necesarias (¿en una "sociedad democrática" como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950?, ¿Por quien? ¿Por el Comité de Expertos que sólo recibe informes de estados y que no puede atender quejas individuales o de la sociedad civil organizada?) para proteger la seguridad nacional y la economía, el orden público, la salud, la moral y los derechos y libertades de los otros. Son interesantes los motivos económicos, ya que incluso la Comunidad Europea los proscribe como razón legítima para obstaculizar una de las cuatro fundamentales libertades: la libre circulación de trabajadores por el territorio comunitario. El motivo de "los otros" obedece a la máxima de que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás, ya que sino sería libertinaje.

Las derogaciones de las obligaciones, en momentos de emergencia pública que amenaza la vida de la nación, se extenderán a las exigencias estrictas que demande la situación y nunca, bajo ninguna circunstancia, afectarán a la prohibición de: la tortura y tratamiento degradante, devolución al país de origen, asilo político, juicio, ne bis in idem 9 y la naturaleza legal del crimen y el castigo.

El artículo 5 proclama el derecho de todo individuo a la vida, la libertad y la seguridad personal que serán protegidos por ley. El artículo 6 establece el principio de legalidad con la necesidad de la tipificación previa de la conducta para su castigo y la posibilidad de retroactividad de las leyes que, únicamente, beneficien al acusado.

El 7 establece la presunción de inocencia hasta ser probada su culpabilidad en un juicio con todos las garantías de defensa.

El 8 repite incongruentemente el artículo 5 al establecer que todo el mundo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y nadie será arrestado, mantenido en custodia o detenido sin mandamiento legal y sin ser llevado, sin dilación, ante un juez.

El 9 establece que todas las personas son iguales ante la ley tienen un derecho garantizado a un remedio legal.

Lamentablemente no se declaran abolicionistas de la pena de muerte aunque la aceptan sólo para los crímenes más serios y cuyos sentenciados tendrán derecho a buscar el perdón o la conmutación de la condena a muerte. Excluye que se imponga por ofensas políticas, a los menores de 18 años (suponemos que en el momento de cometer el crimen) a las embarazadas antes del nacimiento (¿después sí?) y a las madres nodrizas (nursing mother) dentro de los dos años desde el parto. Si no amamanta al bebé contarían los dos años. Suponemos que sí pero el hecho de la utilización del adjetivo nursing nos provoca dudas.

Creemos que no ha seguido la catalogación tradicional de enumerar los derechos protegidos desde los más básicos (civiles y políticos) a los mas sofisticados. Los derechos están dispersos sin orden aparente y, en algunos casos, aparecen duplicados, lo que otorga una farragosidad innecesaria y que obliga a la lectura completa de la Carta para encontrar los derechos y libertades que a un abogado o víctima le interesa argüir.

El artículo 13 obliga a los estados parte a proteger, tomando medidas precautorias y persiguiendo penalmente, a toda persona que se encuentre en su territorio de las torturas físicas y mentales y tratos degradantes, inhumanos y crueles. Se prohíbe la experimentación medica o científica con una persona sin su libre consentimiento, la prisión por deudas o por incumplimiento de obligaciones civiles (si el servicio militar es de obligado cumplimiento, ¿se podría encarcelar a quien se niegue a cumplirlo?). Se tratará con humanidad a los sentenciados a penas de prisión. Nadie será encausado dos veces por el mismo delito. Si esto se produjera, tendrá derecho a cuestionar la legalidad de la misma y exigir su liberación. Establece la compensación, suponemos que monetaria aunque bien podría ser de restablecimiento del buen nombre y la honra de la persona, para la víctima del arresto o detención ilegal.

El artículo 17 consagra el derecho, cuya transgresión será castigada, a la inviolabilidad de la intimidad y privacidad que comprende asuntos familiares privados, inviolabilidad del domicilio, la confidencialidad del correo y otras vías privadas de comunicación.

Todo el mundo tiene el derecho inherente de reconocerse como persona ante la ley.

El artículo 19 dice que el pueblo es la fuente de la autoridad y todo ciudadano con la edad legal tiene el derecho de la participación política. El 20 establece la libertad de movimiento y de residencia de todo residente en los límites de la ley. El 21: "Ningún ciudadano debe ser impedido de abandonar un país árabe, incluido el propio, de manera arbitraria o ilegal ni prohibirle u obligarle a residir en alguna área de su país". De esta manera, se excluye la pena de confinamiento y destierro vigentes en las legislaciones de algunos países de occidente. El 22: "A ningún ciudadano se le expulsará de o se le impedirá el regreso a su país". La solicitud de asilo en otros países para escapar de persecución, excepto las personas perseguidas por delitos ordinarios, se admite en el artículo 23, añadiéndose que los refugiados políticos no podrán ser extraditados. "Ningún ciudadano será privado arbitrariamente de su nacionalidad de origen, ni le será denegada la adquisición de otra sin una razón legal válida. El artículo 25 consagra el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, a los que no se podrá privar de manera arbitraria e ilegal. A sensu contrario admite la expropiación en caso de beneficio para la sociedad. Nada dice de los extranjeros ¿Tendrán garantizado ese derecho a la propiedad privada?

El 26 otorga a todo el mundo el derecho garantizado a la libertad de creencias, pensamiento y opinión. El artículo 27 es importante ya que admite la libertad de religión y culto con estas palabras: "Los seguidores de cualquier religión tienen el derecho de practicarla y de manifestar sus puntos de vista a través de la manifestación, la práctica y la enseñanza, sin perjuicio de los derechos de otros. No se restringirá el ejercicio de la libertad de creencia, pensamiento y opinión, salvo las previstas en la ley." Es una pena que al final sí se admitieran las legales pero al menos se ha conseguido que se regule por ley. El artículo 28 establece el derecho para todos los ciudadanos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Los motivos de restricción se reducen de los anteriormente vistos para los derechos y libertades de esta Carta a sólo exigencias de seguridad nacional, seguridad pública y la necesidad de proteger los derechos y libertades de otros. Esta reducción de las razones de la restricción nos lleva a pensar que para los estados signatarios de la Carta, son más dignos de protección la libertad de reunión pacífica y asociación que los esenciales derechos y libertades humanas consagrados en la Convención árabe, lo que es ilógico.

El artículo 29 conmina al Estado a garantizar el derecho a formar sindicatos y a la huelga, dentro de los límites de la ley. El 30 a garantizar el derecho de todo ciudadano al trabajo para asegurarse un nivel de vida que cubra las necesidades básicas y a una seguridad social comprensiva. La libre elección del trabajo está garantizada, lo que a los europeos nos puede traer reminiscencias medievales cuando existían los gremios y práctica y legalmente el hijo debía seguir los pasos laborales del padre, y el trabajo forzado está prohibido, salvo si viene establecido en una sentencia ya que entonces no será considerado como trabajo forzado. El 32: "El Estado asegurará que sus ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades laborales y un sueldo justo y una misma remuneración por un trabajo de igual valor". El 33 establece que todo ciudadano tendrá derecho de acceso a puestos públicos en su país. El artículo 34 postula que la erradicación del analfabetismo es una obligación vinculante (¿para quien? Obviamente para los estados que astutamente se zafaron de ponerse como obligados) y todo ciudadano tiene derecho a la educación. La educación primaria, al menos, será obligatoria y gratuita y la secundaria y universitaria se hará fácilmente accesible para todos. El artículo 35 vuelve al lenguaje nacionalista encendido y grandilocuente propio del preámbulo, lo que acentúa su incongruencia, al decir: "Los ciudadanos tienen el derecho de vivir en un ambiente intelectual y cultural donde el nacionalismo árabe sea una fuente de orgullo, en donde los derechos humanos sean santificados y en donde la discriminación racial, religiosa y de cualquier otra índole son rechazadas y la cooperación internacional y la causa de la paz mundial apoyadas. El artículo 36 establece el derecho de todo el mundo a participar en la vida cultural, a disfrutar obras literarias y artísticas y a ser sujeto de oportunidades para desarrollar sus talentos artísticos, intelectuales y creativos. Creemos que basándonos en este artículo estaría prohibida la censura en el derecho de obtener y difundir información.

El artículo 37 protege a las minorías que no serán privadas de su derecho de disfrute de sus culturas y el seguimiento de las enseñanzas de sus religiones. Señala el artículo 38 a la familia como la unidad básica de la sociedad y otorga al estado la obligación de dispensar un cuidado extraordinario y una protección especial a la familia, madres, hijos y ancianos. Los jóvenes tienen el derecho de obtener las oportunidades más amplias para su desarrollo físico y mental.

Echamos en falta la inclusión de los Deberes de las personas y de los Pueblos. Incluso en La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada meses antes que la Universal en 1948, se introducen. También en La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos aprobada en junio de 1981. Ejemplos anteriores abundaban pero las naciones de la Liga Árabe no quisieron seguirlos.

La Parte III se corresponde con los artículos 40 y 41 que instituyen el Comité de Expertos en Derechos Humanos formado por siete personas10 que servirán en su capacidad personal con total imparcialidad e integridad, elegidas por los Estados Parte de la Carta por votación secreta. La mala redacción de la Carta incluye un error en el artículo 40 (d) ya que dice que "los candidatos (…) servirán en su capacidad personal con total imparcialidad e integridad". Creemos que debería decir "los elegidos o al menos los candidatos, una vez elegidos o nombrados para formar parte del Comité…"

Es un mero Comité que no tiene ni la fuerza ni las prerrogativas de la antigua Comisión Europea de los derechos humanos ni de la vigente Comisión Interamericana.

Los órganos de control de los derechos humanos tanto mundiales como regionales se pueden situar en varios peldaños de una escalera imaginaria y cuanto más elevado sean, más completa será la protección. En una clasificación de menor a mayor protección, el primer escalón sería el control político ejercido por órganos principales de Organizaciones que tengan entre sus fines la protección de los derechos humanos. Podemos señalar las sendas Asambleas Generales, de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Un peldaño más y estaríamos ante el sistema de informes, considerado derecho común de las instituciones internacionales que, aunque no es un instrumento muy objetivo por ser el estado presuntamente incumplidor el que lo emite, no por ello deja de ser eficaz como lo ha demostrado la experiencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Un escalón superior que ya supone un auténtico compromiso del estado con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción serían las denuncias de las que es objeto un estado parte de un tratado sobre su presunta violación de las obligaciones asumidas. Denuncia que puede provenir de otro estado parte (en la práctica se dan pocos casos) o de particulares víctimas de violaciones de derechos humanos por actos del estado denunciado, es decir, la denuncia individual que viene a ser, por su número e importancia, la llamada "piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos".

Siguiendo esta clasificación, el Sistema Árabe de Derechos Humanos se queda en un segundo escalón ya que analiza los obligatorios informes11 estatales y además queda a expensas, en cuanto a la convocatoria de sus reuniones, del criterio del Secretario General de la Liga y en la sede de la misma. Estará obligado a mandar un informe que recoja los puntos de vista de los estados al Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe.

Por todas las razones que hemos ido analizando a lo largo del artículo, la Carta Árabe de los Derechos Humanos nació muerta y superada, en capacidad de actuación y en potencialidad de proteger y modificar el trato recibido por los derechos humanos regionales, por sistemas mucho más antiguos pero también mucho más ambiciosos.

A pesar de los casi diez años transcurridos desde su adopción, todavía no ha entrado en vigor. Sólo se necesitaban siete ratificaciones. Sólo Irak, Qatar y Siria la han aprobado. Sudán, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos han hecho reservas. La Comisión Árabe permanente de derechos humanos quiere modernizar las disposiciones de la Carta.

Mientras tanto, el Sistema Árabe de los Derechos Humanos junto con el de la Comunidad de Estados Independientes, a diferencia del Europeo, Americano y Africano, siguen siendo una entelequia y duermen el sueño de los justos. El sueño de un Tribunal Árabe de los Derechos Humanos sigue siendo eso, un sueño y, a este paso, inalcanzable para las próximas generaciones.

Notas:
1 Resolución 5437 en la 102 sesión ordinaria. La sede de la Organización está en El Cairo a pesar de contar con una presidencia rotatoria entre los 22. La Liga fue creada en El Cairo, en 1945, y sus países fundadores fueron Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y Yemen, a los que se unirían más tarde Argelia (1962), Bahrein (1971), Comores (1993), Djibouti (1977), Kuwait (1961), Libia (1953), Mauritania (1973), Marruecos (1958), Omán (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yemen del Sur (1967), Sudán (1956), Túnez (1958) y los Emiratos Árabes Unidos (1971). La OLP fue admitida en 1976. Egipto dejó de pertenecer a la Liga en 1979 a raíz de la firma del tratado de paz con Israel, con lo que la sede de la organización fue trasladada de El Cairo (Egipto) a la ciudad de Túnez. En 1987 los líderes árabes decidieron restablecer los lazos diplomáticos con Egipto, que fue readmitido en 1989 y la sede de la Liga volvió a trasladarse a su lugar original. El órgano supremo de la Liga Árabe es el Consejo, compuesto por todos los estados miembros. Cada uno de ellos dispone de un voto y las decisiones adoptadas de forma mayoritaria son vinculantes de forma individual, sólo para aquellos miembros que las han aceptado. El Secretario General se ocupa de los aspectos financieros y administrativos y la Secretaría General está dividida en 14 departamentos encargados de cuestiones políticas, económicas, sociales y legales.
2 Hecha en el Cairo el 5 de agosto de 1990 por la XIX Conferencia Islámica de Ministros de Exteriores. Un preámbulo y 25 artículos mucho más rígidos desde el punto de vista religioso que el documento que analizamos. Prohibe la pena capital y la violación de la integridad física, salvo por una razón establecida en la Ley Islámica (excluyendo la tortura según se desprende del artículo 20). En realidad esta es la pauta general de toda la Declaración. Los artículos no siguen un orden lógico. El artículo 3 es sobre derecho humanitario. Establece en el artículo 7 (a) que el feto y la madre deben ser salvaguardados y sujetos de especial cuidado, lo que nos lleva a pensar en su prohibición. Rechaza contundentemente la colonización, establece la seguridad y otras garantías sociales en el trabajo. La usura está estrictamente prohibida. Protege los derechos de autor. Expresamente prohibido la toma de rehenes. Es un documento claramente confesional islámico. En fin, lo que en Europa y América serían los principios de una sociedad democrática como baremo para comprobar si las restricciones a derechos humanos consagrados convencionalmente son lícitas, aquí sería la Ley Islámica.
3 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las Reservas a la Convención sobre la prevención y sanción del crimen de Genocidio, 1951: "en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes."
4 Corte IDH. O.C.-1/81 "Otros Tratados" pfo. 24 "los tratados concernientes a esta materia están orientados ... a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano".
5 Corte EDH. Caso "Soering", 7 de julio de 1989 pfo 87.
6 Corte IDH. O.C.-2/82 "El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la CADH (artículos 74 y 75)"septiembre 1982 pfo. 47.
7 Misma nota 6.
8 "Un régimen especial para los Tratados de Derechos Humanos dentro del Derecho Internacional.", Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2001, Vol. 1, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.
9 Imposibilidad de ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
10 Personas con una gran experiencia y competencia en derechos humanos. Se elegirán seis meses después de que la Carta entre en vigor y los candidatos serán nominados dos meses antes de ser elegidos. No puede incluir dos personas con la misma nacionalidad.
11 Un primero un año después de la entrada en vigor de la Carta, después uno cada tres años y los que sean necesarios para contestar a las preguntas del Comité.
* Profesor de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Comunitario de la Universidad Panamericana de la ciudad de México. Febrero del 2003
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