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LA DEMOCRACIA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

16/09/1999 - Autor: Luis Alberto Caro Figueroa
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SUMARIO:

I.- INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS

II.- LA GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

III.- LOS GRANDES MITOS DE LA GLOBALIZACIÓN

IV.- REPENSANDO LA DEMOCRACIA

V.- INTERCONECTIVIDAD DE REDES Y DEMOCRACIA

VI.- A MODO DE CONCLUSIÓN

Bibliografía



I.- INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS

La difusión de la democracia a escala global, la comunicación de sus procesos, de sus reglas procedimentales, pero, fundamentalmente también, la fuga de sus valores más universales hacia espacios territoriales hasta hace poco regidos por autocracias, es quizá el fenómeno político más destacado de finales del milenio.

En efecto; mientras que a mediados de los años setenta, cuando menos las dos terceras partes de los países del mundo estaban regidos por dictaduras, a finales de los noventa este porcentaje ha caído significativamente hasta situarse en menos de un tercio, al mismo tiempo que los regímenes democráticos han crecido con una rapidez pocas veces vista.

Este proceso de sostenida expansión espacial de la democracia encierra, no obstante, una curiosa paradoja: tiene lugar en el mismo momento en que la propia democracia, como forma paradigmática de organización política, aparece seriamente cuestionada en su eficacia, a la luz de su supuesta incapacidad de dar respuestas efectivas a las demandas de profundización de sus contenidos. A las ya clásicas críticas de que a lo largo de los últimos ciento cincuenta años fue objeto la democracia liberal, se suman ahora los duros cuestionamientos que -desde diferentes posiciones ideológicas- se dirigen contra las modernas democracias del bienestar.

El propósito del presente trabajo es intentar explicar este proceso de expansión espacial de la democracia desde la óptica del conjunto de interacciones económicas y culturales, a escala transnacional, que se ha dado en llamar -no sin cierta imprecisión conceptual- globalización y, en especial, desde la influencia que ejerce, sobre ambos fenómenos (democratización y globalización) la creciente y cada vez más veloz interconectividad informacional de espacios remotos a escala global.

Para acometer nuestra tarea es preciso, en primer lugar, intentar una aproximación conceptual a la idea de globalización, frente a la evidencia de que esta expresión no solamente ha sido, y es, fuertemente contestada desde diferentes posiciones teóricas y políticas, sino también de que el debate teórico en torno a la globalización se encuentra todavía ligeramente ensombrecido por cada vez más inexplicables apriorismos ideológicos. En segundo lugar es necesario dar a conocer qué decimos cuando decimos democracia. Hasta hace algunos años -más concretamente en la épocas de auge de las llamadas democracias populares vigentes en países del bloque comunista, no todo el mundo utilizaba la palabra democracia para describir la misma fenomenología política.

Por último, es preciso echar un vistazo sobre las implicancias políticas, sociales y culturales de lo que hasta aquí ya se conoce como revolución de la información, tarea que acometeremos ayudados por interesantes estudios empíricos sobre la relación existente entre el ya aludido proceso de expansión espacial de la democracia y la interconectividad de grandes redes de información a escala global.

A la luz de estas reflexiones, finalizaremos el presente trabajo ensayando algunas conclusiones acerca de lo que, intuimos, serán los nuevos escenarios, contornos y desafíos de las democracias del próximo siglo.



II.- LA GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Desde bendición de finales de milenio, capaz de expandir la riqueza, el conocimiento y el horizonte de libertades a despecho de las fronteras nacionales y hasta límites nunca antes conocidos, a plaga bíblica que amenaza con aniquilar identidades, uniformar ideologías y ahogar a los espacios, sociedades e individuos más pobres, la palabra globalización atesora en su imprecisión un amplio abanico de contenidos y contradicciones.

Su utilización como arma arrojadiza en la lid política, especialmente a niveles locales, introduce, si cabe, aún mayores dosis de imprecisión conceptual y contribuye sustancialmente a la pérdida de calidad del debate político en torno al fenómeno de la globalización y sus implicancias socioculturales.

Por encima de las coyunturales e interesadas disputas locales el panorama no es definitivamente más alentador: de un lado, los partidarios de la integración internacional suelen anatematizar a sus oponentes colgándoles el rótulo de proteccionistas y achacándoles ser incapaces de comprender los principios de las ventajas comparativas y las complejidades del marco normativo e institucional de los negocios internacionales; del otro, los críticos de la globalización suelen culpar a los economistas de esgrimir una visión estrecha y tecnocrática de los procesos de integración económica y de autoconvencerse de la eficacia de modelos teóricos que se apartan del modo de funcionamiento del mundo real (Rodrik 1997).

Pero mientras el futuro del debate sobre la globalización amenaza con continuar ensombrecido por la puja de intereses, desde el mundo académico se insinúan ya los primeros intentos de dotar al término globalización de su carta de ciudadanía científica. A pesar de las ya apuntadas imprecisiones conceptuales y la aparente falta de neutralidad ideológica del concepto, pero fundamentalmente a causa de ellas, el fenómeno de la globalización parece convocar a los autores a la tarea de echar las primeras luces sobre la oscuridad de sus contornos. Así, desde finales de los años ochenta numerosos autores han abordado, desde diferentes plataformas, esta cuestión: Barnet y Cavanagh, 1994; Dicken, 1992; Greidner, 1997; Kanter, 1996; Rosenau, 1996; Krugman, 1996; Thurow, 1996 y Rodrik 1997.

Las posiciones de estos autores oscilan entre la valoración de la globalización como una fuente de oportunidades digna de ser explotada (por ejemplo, Kanter, 1996) y la consideración crítica de un fenómeno al que culpan, sin más, de la destrucción o, quizá mejor, la disgregación del tejido social en varias comunidades (Greidner, 1997; Barnet y Cavanagh, 1994). Una tercera posición parece aceptar a la globalización como una realidad, pero al mismo tiempo se preocupa por advertir que, sin la oportuna introducción de adecuados mecanismos de equilibrio, la globalización es capaz de proyectar, en el corto plazo, efectos sociopolíticos sumamente negativos para los estados soberanos.

Hasta aquí parece claro que al hablar de globalización nos estamos refiriendo a un fenómeno que nace y se expande en el campo de las relaciones económicas transnacionales y que -cuando menos en sus primeros pasos- se revela peligrosamente ambivalente: fuente de nuevas oportunidades para la creación y la distribución de la riqueza, por un lado; fuente de desintegración social y política, por el otro.

Lo que pocos discuten es que el fenómeno de la globalización tiene como eje y motor a los procesos económicos transnacionales. No en vano el más grande beneficiario de las tendencias hacia la integración a escala global es el capital financiero. Esta centralidad de la economía en los procesos de globalización se advierte con nitidez en algunas de las definiciones ensayadas por los autores: Así, Hitt, Ireland y Hoskisson, 1997, sostienen que la globalización consiste en la difusión de las actividades económicas alrededor del mundo y en los ajustes -especialmente culturales y políticos- que acompañan esta difusión. De acuerdo con estos autores, estas actividades suponen el movimiento y la circulación más o menos libre de bienes, servicios, personas, cualificaciones e ideas a través de las fronteras geográficas. En otros términos, que la globalización parece manifestarse como un fenómeno que involucra un proceso de centralización de la toma de decisiones en materia económica.

Autores como Kanter se han preocupado por poner el acento sobre la cuestión política y los mecanismos de poder. Para Kanter la globalización estaría caracterizada por la convergencia de dos fenómenos: de un lado, la pérdida o, más bien, el relajamiento del control político por parte de los gobiernos nacionales, que se expresa en el abandono progresivo de las pretensiones regulatorias frente a la evidencia del avance implacable de aquel proceso de centralización de toma de decisiones económicas (los estados nacionales pasarían de ser decision-makers a ser, meramente, decision-takers); del otro, una coordinación estratégica cada vez más estrecha entre los gigantes industriales.

Otros autores (Czinkota, et. al., 1995) prefieren poner énfasis en la cuestión cultural. Para ellos, la globalización se encuentra basada en la creencia de que el mundo moderno se caracteriza por su mayor y cada vez más creciente homogeneidad. Desde este punto de vista, las distinciones entre las entidades nacionales (por ejemplo, los mercados) no solamente parecen tender a borrarse sino que, incluso, amenazan con desaparecer por completo.

A los efectos que interesan al objetivo del presente trabajo, resulta particularmente útil y atractiva la definición aportada por Rosabeth Moss Kanter, 1995, que advierte en la globalización un proceso de cambio que arraiga en la combinación entre el incremento de la actividad transnacional (cross-border activity) y la difusión de las tecnologías de la información que permiten una comunicación virtualmente instantánea con cualquier punto del planeta.

En la misma dirección, Manuel Castells va a definir a la globalización como un proceso referido a la integración global en los terrenos social, político, económico y cultural, que emana básicamente de dos fuentes: el avasallante desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y los procesos de reestructuración en el modo de funcionamiento de la economía capitalista.

Pero así como la globalización parece ser entendida por todos como un cambio importante en los principios organizacionales de la vida social, ninguna de estas consideraciones tendría demasiado sentido si es que no se acierta a poner en relación a los procesos de integración a escala supranacional con los cambios de la vida social que se producen a escala local. Por ello, el concepto de globalización no debe, a nuestro juicio, perder de vista el hecho de que la integración a escala global es siempre mejor entendida como un fenómeno espacial que enlaza, sin solución de continuidad, lo local en un extremo, con lo global en el otro.

Desde esta perspectiva, la globalización revela un cambio en los aspectos espaciales de la organización humana que supone la incorporación y la combinación de modelos de actividad a nivel transcontinental o interregional así como un refuerzo de las interacciones que acarrean cambios profundos en los esquemas de ejercicio del poder.

Estos cambios espaciales de la organización de la convivencia suponen también la profundización y el acercamiento de las relaciones sociales e institucionales a través del espacio y del tiempo, de tal suerte que, por un lado, las actividades cotidianas del nivel local son constante y crecientemente influidas por sucesos acaecidos en cualquier punto del planeta, y, por el otro, las prácticas y las decisiones de los grupos o comunidades locales poseen la virtualidad de proyectar sus efectos y consecuencias a escala global (David Held, 1997, citando a Anthony Giddens, 1990). Parece claro, no obstante, que esta profundización de las relaciones sociales y de las interacciones entre los estados y las sociedades locales o remotas no serían del todo posibles sin el concurso de las modernas redes de comunicación y las tecnologías de la información, probablemente, las únicas capaces de acelerar la difusión de bienes, servicios, personas, ideas, información, dinero, normas, actitudes, prácticas y patrones de comportamiento, a la vez que las únicas capaces de crear la sensación de proximidades distantes que rezuma el proceso de globalización (Rosenau, 1996).

A modo de conclusión es posible afirmar que la globalización como fenómeno dista mucho de comportarse como una condición singular o como un proceso lineal. Antes al contrario, la realidad nos la enseña como un fenómeno multidimensional que abarca y se proyecta sobre diferentes campos de actividad, incluidos los terrenos económico, político, tecnológico, militar, jurídico, cultural y aún medioambiental, en los que las formas de interacción suelen adoptar estilos e intensidades diferentes. Siguiendo el análisis de Rosenau, podemos sostener que el proceso de difusión de bienes, valores y conductas que se encuentra en la base de la globalización ocurre a través de cuatro vías interconectadas y superpuestas: (1) a través de interacciones dialógicas facilitadas por las nuevas tecnologías, (2) a través de las interacciones monológicas que promueven los medios masivos analógicos, (3) a través de la emulación y (4) a través del isomorfismo institucional.

Por consiguiente parece más acertado sostener aquí que la globalización se encuadra en, y se explica por, un sistema de interacciones local/global de geometría variable.

De esta constatación surge un primer obstáculo para la formulación de una teoría general de globalización: su carácter multidimensional, que aconseja, en todo caso, su aprehensión teórica a partir del análisis de lo que sucede en cada uno de aquellos campos de actividad.

Por tanto, en un intento de aproximarnos más y acotar nuestro objeto de estudio, en lo que sigue pasaremos revista a las cuestiones vinculadas con el impacto de la globalización sobre los sistemas políticos nacionales, con especial atención a los cambios que afectan a las modernas democracias y a los subsistemas de bienestar, dejando de lado -en la medida que no resulte estrictamente imprescindible para llevar a buen puerto la tarea propuesta- las implicancias económicas de la globalización, sobre lo que ha escrito hasta la saciedad.

Hacia el final de nuestro trabajo intentaremos desentrañar las relaciones entre la difusión de la democracia (en tanto sistema político paradigmático del nuevo orden mundial) y la creciente expansión de la interconectividad de las redes informacionales de carácter global.



III.- LOS GRANDES MITOS DE LA GLOBALIZACIÓN

Desde posiciones pesimistas se ha difundido con insistencia la idea de que la globalización, tal cual la hemos venido dibujando a lo largo de los párrafos anteriores, encierra en sí misma el germen de la destrucción de los estados nacionales o, cuando menos, amenaza con provocar la pérdida sustantiva de aquellos poderes incontestadamente ejercidos desde su consolidación como forma excluyente de dominación política allá por el siglo XVII.

Lo cierto es que la tesis del fin de los estados nacionales y la certificación de la muerte de los atributos tradicionales de la soberanía nacional carece de fundamentos sólidos, a menos que se valore como una crisis del poder político a escala local el hecho cierto de la creciente interpenetración de las cuestiones transnacionales y las políticas locales. Pero ¿cómo conciliar la idea del mantenimiento de la centralidad del Estado frente a la evidencia de que tanto la riqueza como el poder son crecientemente generados por transacciones privadas que tienen lugar a través de las fronteras de los estados y no tanto ya dentro de ellas?

Si como sostienen muchos autores, la globalización se expresa en la tendencia cada vez más sostenida a la expansión y la integración a escala global de las actividades económicas, el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el incremento de la actividad económica transnacional haya sido acompañado de un crecimiento igualmente importante del aparato del Estado, parece desmentir aquella supuesta incompatibilidad entre globalización y pervivencia de los estados nacionales. Ello, hasta el extremo de llegar a sugerir que niveles más altos de presencia del Estado en la vida social y económica constituyen, en todo caso, una ventaja competitiva en la economía globalizada.

Según señala Rodrik, el periodo de posguerra ha revelado dos tendencias aparentemente contradictorias: el crecimiento de la actividad económica transnacional, por un lado, y el correlativo aumento del aparato del Estado, por el otro. De acuerdo con este autor, antes de la Segunda Guerra el gasto público promedio se situaba en torno al 20 por cien del producto interior bruto (PIB) en la mayoría de los países actualmente industrializados. A mediados de los noventa, esta cifra se incrementa hasta el 47 por cien, registrándose los mayores saltos en países como los Estados Unidos (del 9 al 34 por cien), Suecia (del 10 al 69 por cien) y Holanda (del 19 al 54 por cien). Rodrik explica que la mayor parte de la expansión de la actividad gubernamental en el periodo analizado se vincula con el incremento del gasto social y, particulamente, con las transferencias de ingresos. Concluye el autor afirmando que existe una sorprendente y sólida asociación entre el grado de exposición de los países al comercio internacional y la importancia del gobierno en la economía, especialmente en cuanto se refiere a su papel de garante de los sectores más débiles frente a los riesgos de la economía capitalista.

Pero esta lectura no ha de hacerse sin tomar en cuenta la paradoja que encierra el hecho de que las mayores demandas de tutela social por el Estado, que surgen como consecuencia de la globalización, a menudo chocan contra la decreciente capacidad de aquél para responder efectiva y eficazmente a tales demandas. En otros términos, que allí donde la globalización parece estimular una nueva expansión del Estado en el terreno de la Seguridad Social, al mismo tiempo parece ignorarse la crisis -ya marcadamente estructural- de los mecanismos de bienestar surgidos en la segunda posguerra al calor de los frágiles equilibrios internacionales de entonces y de las razonables relaciones de fuerza entre el movimiento obrero y los sectores del capital.

Desde otro punto de vista el Estado, tal cual le hemos conocido a lo largo de los últimos tres siglos, parece encontrar también en la globalización nuevas fuentes de oportunidades y nuevos espacios para el ejercicio del poder. A contrario de lo que suele sostenerse como lugar común, en cuanto a que los modernos estados nacionales operan en el campo internacional simplemente como agentes o sponsors de las grandes corporaciones multinacionales que acogen en su seno, en la esperanza de que ellas sean las garantes de la prosperidad necesaria para mantener a flote todo el sistema (Greidner, 1997), lo cierto es que el Estado parece más bien empeñado en capturar, día a día, nuevos espacios y áreas de influencia en el vasto y complejo entramado de regímenes y organizaciones internacionales que han sido establecidas para gestionar importantes áreas de actividad transnacional y dar solución a desafíos de política colectiva.

Siguiendo a Held, podemos afirmar que allí donde se piensa que la globalización plantea un duro desafío a la vitalidad de la organización estatal, es más atinado pensar que, no obstante la importante resignación de sus poderes tradicionales en materia económica (más concretamente, en ciertos aspectos de la actividad comercial y financiera a escala internacional), el Estado parece igualmente capaz de obtener algunas ventajas en el nuevo contexto, a condición de repensar su inserción en aquel complejo entramado de relaciones políticas multilaterales y multinacionales, en el que interactúan no solamente los gobiernos sino también las organizaciones gubernamentales internacionales (OGI) y una amplia gama de grupos de presión transnacionales y organizaciones no-gubernamentales internacionales (ONGI).

Pero aunque los nuevos escenarios internacionales planteen para los estados tradicionales atractivos desafíos y generen nuevos espacios de poder, no parece conveniente ni oportuno aventurar que el futuro del Estado nacional y su raison d’etre se encuentren vinculados exclusivamente a los procesos de integración. Porque así como no parece probable que la globalización sea capaz de forzar la aparición de instancias gubernamentales transnacionales únicas (un gobierno global) para la gestión y resolución de los conflictos sociales comunes, de momento tampoco es prudente negar al Estado su calidad de protagonista central en los procesos políticos y sociales que se verifican en el nivel local. De acuerdo con la visión de Rodrik, a pesar de la revolución en el transporte y las comunicaciones y el progreso sustancial en materia de liberalización del comercio a lo largo de las últimas tres decadas, las economías nacionales aún permanecen relativamente aisladas entre sí. Afirma este autor -citando a Krugman- que la mayoría de los gobiernos del mundo industrial avanzado no son tan prisioneros de la globalización como se piensa comúnmente. Antes al contrario, aquéllos detentan aún cuotas sustanciales de autonomía a la hora de regular sus economías, de diseñar sus políticas sociales y de mantener instituciones diferentes a las de sus socios comerciales.

Vista esta cuestión desde otro ángulo, puede afirmarse -a la luz de los precedentes históricos- que no es precisamente el nivel de integración de la economía mundial el que amenaza los tradicionales bastiones del Estado nacional. La mayoría de los autores coincide en señalar, tomando en cuenta diferentes variables, que la economía mundial, así como los intercambios entre países, habían alcanzado todavía mayores cotas de integración y desarrollo que las actuales a finales del siglo XIX. Estos equilibrios -quebrados posteriormente por el estallido de la Primera Guerra Mundial- condujeron sin embargo a la afirmación del papel central de los Estados nacionales, más que a su minimización.

Más cierto aún es que, si ha de entenderse a la globalización como un fenómeno esencialmente político más que como un simple impulso de las fuerzas productivas, parece más que obvio que los comportamientos políticos o los diseños institucionales de finales de siglo solamente pueden ser explicados colocando, invariablemente, al Estado en el centro del análisis político. Y si -como razonábamos más arriba- la globalización descansa sobre un continuum entre lo local y lo global, parece igualmente cierto que las antiguas herramientas de análisis político del Estado y la sociedad (diseñadas alrededor de la lógica de las comunidades más o menos acotadas) conservan indudablemente su utilidad y vitalidad teóricas.

Donde quizá las herramientas de análisis del Estado deban ser corregidas o revisadas es en el plano externo de la realidad política. El proceso de globalización tiene lugar en el marco de cambios profundos en la estructura internacional, marcada por el colapso del mundo bipolar, la consecuente disminución del poder de las políticas estatocéntricas, y la práctica desaparición de las rivalidades militares. La arena de las relaciones internacionales parece hoy continuamente sacudida por la emergencia de nuevos actores y, especialmente, por la densidad de las nuevas conexiones tecnológicas entre los estados que obligan ya a reformular, entre otras, la idea de la seguridad nacional.

El segundo de los grandes mitos de la globalización se refiere a la creencia de que los procesos de integración descansan también sobre un sólido consenso ideológico global, valorado por unos como una dictadura del capital financiero internacional, y por otros como una revancha del liberalismo contra los supuestos excesos del consenso socialdemocrático de la posguerra y de su producto más genuino: el Estado del Bienestar.

Desde estas posiciones fuertemente contestatarias de la globalización se alerta sobre la creciente vulnerabilidad de vastos sectores de asalariados a causa de la convergencia de factores tales como la extrema movilidad del capital financiero, la pérdida por los trabajadores del control sobre sus mercados de trabajo -especialmente en términos de empleo- las políticas de desindicalización y la pérdida de sintonía estratégica entre las fuerzas políticas y económicas (partidos y sindicatos) que expresan los intereses de las clases trabajadoras.

Pero lo que es cierto para trabajadores de baja cualificación no lo es tanto para trabajadores que poseen cualificaciones medias o altas, para los que la economía de escala global constituye una fuente, virtualmente inagotable, de nuevas oportunidades laborales (profesionales y económicas), más que una amenaza a su supervivencia. El verdadero problema radica en que la movilidad del trabajo sigue siendo muy limitada, especialmente si se la compara con la fluidez de la circulación del capital a través de los circuitos electrónicos de las redes financieras globales. Es igualmente probable que el proceso de fractura de la homogeneidad de la clase trabajadora iniciado con la crisis capitalista de 1973 se profundice a partir de la difusión de los nuevos paradigmas laborales, aunque de la pérdida de homogeneidad y la falta de acción unitaria de las fuerzas obreristas no pueda seguirse, sin más, la caída en picado de los niveles históricos de bienestar.

Porque así como la movilidad de la mano de obra aparece en general lastrada por factores institucionales y, especialmente, por factores culturales, del otro lado comienza a emerger un segmento de trabajadores que reclaman, con argumentos de peso, su inserción en una especie de mercado de trabajo global: profesionales de I+D innovador, ingeniería de vanguardia, gestión financiera, servicios empresariales avanzados y ocio, que cambian y se conmutan de unos nodos a otros de las redes globales de controlan en planeta (Johnston, 1991, citado por Castells, 1996).

Bien es cierto que la pretendida globalización de un sector abrumadoramente minoritario de la mano de obra no permite extrapolar conclusiones y abrir un compás de esperanza en torno al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de cientos de millones de seres humanos. Pero en un contexto de turbulencia e intestabilidad socioeconómica cada vez más acusadas, existen algunos motivos para moderar el pesimismo. Como acertadamente apunta Manuel Castells, existe una tendencia histórica hacia la interdependencia cada vez mayor de la mano de obra a escala global mediante tres mecanismos: empleo global en las compañías multinacionales y sus redes asociadas que cruzan las fronteras; los impactos del comercio internacional sobre las condiciones de empleo y trabajo, tanto en el Norte como en el Sur; y los efectos de la competencia global y del nuevo modo de gestión flexible sobre la mano de obra de cada país. En cada caso, la tecnología de la información es el medio indispensable para que haya vínculos entre los diferentes segmentos de la mano de obra a lo largo de las fronteras nacionales.

Si a este cuadro añadimos los efectos, todavía escasamente previsibles, de la revolución tecnológica en ciernes, que apunta a la transformación de los procesos de trabajo e insinúa ya nuevas formas de organización social y técnicas de división del trabajo, parece cuando menos inconveniente pronosticar que la globalización tendrá consecuencias exclusivamente negativas sobre el mundo de trabajo. Del mismo modo, parece también exagerado sostener que la globalización afecta solamente a los trabajadores de los países en desarrollo. La realidad demuestra que tanto en los Estados Unidos, como el Europa o en Japón, los efectos del aumento del comercio internacional y la movilidad del capital se han traducido en importantes pérdidas de empleos en sectores de baja cualificación laboral.

En todo caso, lo que sí aparece como una consecuencia directa de los procesos de incremento de la actividad económica transnacional es la preocupante inequidad en la distribución del ingreso, que parece inclinar la balanza en favor de los trabajadores con mayor nivel de cualificación en perjuicio del resto, aunque autores como Krugman y Lawrence sostengan que la creciente inequidad en la distribución del ingreso es debida -más que a la globalización- a los cambios sustanciales en el paradigma tecnológico. Frente a este fenómeno, la respuesta sindical en la negociación colectiva aparece fuertemente condicionada por el riesgo de que las empresas simplemente se establezcan en otros países como respuesta a las demandas sindicales de mayores salarios (Sachs, 1998).

Pero por otro lado, la transformación de la gestión y el trabajo, de la mano de la revolución de la información, apuntan a mejorar la estructura ocupacional en la medida en que aumenta el número de puestos de trabajos de baja cualificación. Como acertadamente señala Castells, el incremento del comercio y la inversión globales no parece ser, por sí mismo, un factor causal importante en la eliminación de puestos de trabajo y la degradación de las condiciones laborales en el Norte, mientras que contribuye a crear millones de puestos de trabajo en los países de reciente industrialización (Castells, 1996).

En el mejor de los casos, la globalización ha contribuido a desnudar algunas falencias, traducidas en rigideces estructurales de los mercados de trabajo y en desajustes de cualificación, que constituyen, al menos en opinión de importantes organizaciones económicas internacionales como la OCDE o el FMI, la verdadera causa del aumento del desempleo masivo, el subempleo, las desigualdades en los ingresos, la pobreza y la exclusión social.

A modo de conclusión puede decirse que es poco probable que el aumento de riqueza, los incrementos de la productividad a nivel global, el levantamiento de las barreras proteccionistas y el desarrollo del comercio internacional -fenómenos todos asociados a la globalización- se traduzcan sin más en la desintegración del tejido social. Los cambios en el mundo del trabajo, especialmente los que afectan a la estructura ocupacional y al poder de las organizaciones sindicales, obedecen tanto a las transformaciones operadas en los escenarios internacionales como a los cambios, aún más profundos, que sufren los paradigmas tecnológico y organizativo, sin que quepa sospechar, como antaño, que detrás de la difusión de las nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo se disimula el intento del capital de tomarse revancha de las cuatro décadas de preeminencia relativa de su antagonista social.



IV.- REPENSANDO LA DEMOCRACIA

En el capítulo introductorio del presente trabajo destacamos el hecho de que la globalización está siendo acompañada por una expansión sustantiva, a nivel espacial, de la democracia como sistema de gobierno. Pero al mismo tiempo que las dos terceras partes de los países del mundo disfrutan de alguna forma de régimen democrático, el propio concepto de democracia parece haberse vuelto más difuso, envuelto por la tormenta -a menudo sobreideologizada- desatada por la tensión constante entre los aspectos formales y los sustanciales del proceso democrático.

Por ello es bueno hacer caso de la advertencia de Bobbio en el sentido de que la única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen, básicamente, quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.

De la pluralidad de regímenes democráticos existentes surge inmediatamente una amplia variedad de matices, no solamente de intensidad democrática sino también de diseños institucionales, que aconseja adoptar, como lo hace Bobbio, una definición mínima de democracia.

Es por ello que al hilo del pensamiento del filósofo turinés sostendremos la necesidad de que aquella definición mínima se resuelva en la enumeración de las denominadas reglas universales de procedimiento, de cuya observancia o no por un determinado régimen político depende, en definitiva, su calificación de democrático.

Entre estas reglas, corresponde citar, por su importancia, a las que prescriben que:

El máximo órgano político, a quien está asignada la función legislativa, debe estar compuesto por miembros elegidos, directa o indirectamente, con elecciones de primer o de segundo grado, por el pueblo.
Junto al supremo órgano legislativo deben existir otras instituciones con dirigentes elegidos, como los entes de la administración local o el jefe del Estado (como sucede en las repúblicas).
Han de ser electores todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de ingresos y posiblemente también de sexo.
Todos los electores deben tener igual voto.
Todos los electores deben ser libres de votar según su propia opinión formada lo más libremente posible, es decir, en una contienda, también libre, de grupos políticos que compiten por formar la representación nacional (lo cual excluye como democrática a cualquier elección con lista única y bloqueada).
Tanto para las elecciones de los representantes como para las decisiones del supremo órgano político vale el principio de mayoría numérica, aún cuando pueden ser establecidas diversas formas de mayoría según criterios de oportunidad no definibles de una vez por todas.
Ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos de la minoría, de manera particular el derecho a de convertirse, en igualdad de condiciones, en mayoría.
El órgano de gobierno debe gozar de la confianza del parlamento o bien del jefe del poder ejecutivo a su vez elegido por el pueblo.
El habernos decantado por un concepto de democracia que resalta los aspectos meramente procesales de los procesos de formación de la voluntad política colectiva no solamente simplifica la visión de los acontecimientos y elude, con cierta elegancia, la invitación a pronunciarse sobre qué contenidos haya de tener el régimen político, sino que resulta de utilidad para el estudio del impacto de los procesos de integración (a escala regional y a escala global) sobre la propia democracia y, en especial, la influencia que en la difusión de sus valores y principios fundamentales han tenido y tienen las redes globales de información.

De momento es importante advertir que a medida que la globalización produce un desplazamiento o, si se prefiere, una ampliación de las áreas de ejercicio del poder efectivo, y que en ellas el régimen político comparte su influencia y su autoridad con diferentes órganos que operan a los niveles regional e internacional, parece claro que el mantenimiento de la calificación democrática de un determinado régimen político dependerá de su capacidad para expandir la participación y los controles de la base social sobre los nuevos procesos políticos. En otros términos, que la globalización vuelve a colocar sobre el tapete el principio de legitimidad que instituye la democracia (el poder del pueblo) y renueva, una vez más, la preocupación por resolver el problema central que se deriva de la actuación de aquel principio: de qué modo y qué cantidad de poder transferir desde la base hasta el vértice del sistema potestativo (Sartori, 1998).

Pero la globalización plantea también el problema de determinar con precisión qué conjunto de individuos ha de merecer la consideración de base social. En otras palabras, si la democracia globalizada ha de seguir otorgando todo el crédito a las comunidades políticas locales o si, por el contrario, resulta obligada la articulación con las comunidades políticas que operan más allá del alcance de los estados nacionales individuales en espacios tan importantes y complejos como en los que se desenvuelven las estructuras y procesos (de carácter económico, organizacional, administrativo, jurídico y cultural) del nivel transnacional.

Alejada por el momento la idea de una comunidad global regida por un gobierno único, resta saber si los regímenes democráticos, tal cual han sido caracterizados a través de la enumeración de sus reglas universales de procedimiento, sobrevivirán a los retos lanzados desde el sistema internacional que afectan básicamente su autonomía (por la alteración de la ecuación coste/beneficio de las políticas públicas) y su soberanía (mediante la alteración del equilibrio entre los marcos normativos nacionales, regionales e internacionales y las prácticas administrativas).

Sin embargo, por muy interesante e insoslayable que resulte la visión ex parte principis, no puede perderse de vista el hecho de que los procesos de globalización han puesto y seguirán poniendo en entredicho el papel de las fronteras nacionales como demarcaciones tradicionales para las bases sobre las que los individuos son incluidos o excluidos de la participación en las decisiones que afectan sus vidas. Una visión ex parte populi sugiere que en la medida en que una parte nada desdeñable de los procesos socioeconómicos y decisionales se desenvuelve más allá de aquellas fronteras, aparecen en entredicho algunas categorías clave de la democracia como el consenso, la legitimidad y las formas representativas.

Pero así como estas nuevas demandas de participación son posibles en un contexto de mayor cohesión e interdependencia de las diferentes sociedades civiles nacionales, no resulta aventurado pensar que las esperadas respuestas del sistema democrático encuentren en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones un canal privilegiado de conexión y satisfacción de aquellas demandas.

Los mecanismos de participación democrática, cualquiera sea en definitiva la forma que adopten en el nuevo orden globalizado, tenderán a distinguir cada vez menos entre la naturaleza local, nacional, regional o internacional de los problemas a resolver. El proceso de emergencia de nuevas voces, de nuevos actores en la naciente sociedad civil transnacional alerta sobre la necesidad de los ciudadanos de encontrar nuevas formas y nuevos espacios de vida pública, a la vez que certifica el final del un orden internacional estatocéntrico, dudosamente democrático, basado en la consideración de los estados nacionales individuales como el pueblo de la democracia internacional y en las organizaciones gubernamentales internacionales como instancias centralizadas de resolución de los problemas colectivos. De este proceso no resulta ajena la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías de la información a los grupos de interés y organizaciones no gubernamentales internacionales de interactuar e influir sobre las opiniones públicas con la misma eficacia y penetración con que lo hacen los propios aparatos estatales nacionales.

Pero los augurios de nuevas formas de participación democrática y la emergencia de una ciudadanía global no están exentos de reacciones: nuevas formas de fundamentalismos y tribalismos varios que postulan la superioridad de determinadas identidades (religiosas, culturales o políticas) sobre otras, a la vez que afirman la preeminencia de las cuestiones y los intereses sectoriales y localistas por sobre los problemas transnacionales. A las reacciones que provienen de extramuros del sistema se suman también las que se producen y multiplican hacia adentro del propio sistema: la creciente proximidad de los ciudadanos, estimulada y favorecida tanto por los medios masivos analógicos de difusión de la información como por los más modernos e individuales medios digitales, está comenzando a poner en cuestión a la democracia representativa, de modo que las demandas de más democracia se traducen -tal como lo entiende Sartori- en una aspiración de dosis crecientes de directismo, de democracia directa.

Pero la aspiración de una nueva Atenas, basada en los infinitos horizontes de interacción de las redes globales como Internet, parece de momento una ilusión más que una prometedora realidad, por mucho que el optimismo tecnológico se encargue de trazar todas las analogías posibles entre la polis y la comunidad de ciudadanos que giran alrededor de Internet. Es más realista en todo caso pensar que la mayor difusión y penetración de las redes digitales de información, la universalización del empleo de los ordenadores y la interacción de personas y de organizaciones alrededor de aquellas provocará, en el medio plazo, una saludable revolución en los campos del conocimiento y del aprendizaje. Ciudadanos mejor formados y más informados contribuirán a modelar un demos mejor preparado para el ejercicio de sus funciones políticas primarias (la elección de sus representantes, por ejemplo) y a forjar una opinión pública más transparente, menos masificada, difícilmente manipulable y más atenta a los sucesos de interés público.

Pero antes de sumergirnos en el oscuro pesimismo tecnológico, generalmente más deprimente y recurrente que el propio pesimismo democrático, o de remontarnos por los aires, aupados por el optimismo cibernético, parece prudente echar un vistazo a la realidad de las intersecciones de estos dos planos del comportamiento humano, con el objeto de intentar establecer las conexiones lógicas entre la revolución democrática y la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es lo que haremos en el siguiente capítulo.



V.- INTERCONECTIVIDAD DE REDES Y DEMOCRACIA

La coincidencia temporal entre la expansión democrática alrededor del mundo y los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones ha inspirado la idea de que las conquistas de la libertad y la democracia y la interconectividad de redes electrónicas pueden estar positivamente relacionadas.

Algunos analistas han advertido que mientras los aparatos gubernamentales intentan controlar aquellas tecnologías, para ponerlas al servicio de sus fines de dominación política, al final suelen imponerse los efectos liberatorios de dichas tecnologías, cuyo desbordante poder se ha revelado capaz de modelar sociedades más competitivas y mejor adaptables a los cambios. En las postrimerías de la Guerra Fría, George Shultz, antiguo secretario de Estado norteamericano, predijo que en la medida en que los comunistas intentaran reprimir y sofocar estas tecnologías, era más que probable que ellos mismos fueran empujados desde la era industrial a la era de la información; y en la medida en que permitieran a sus ciudadanos poseer aquellas tecnologías, ponían en serio riesgo su monopolio de control sobre la información y las comunicaciones (Shultz, 1986).

Los avances del poder político sobre los medios masivos de comunicación analógicos, como la prensa y, más modernamente, sobre la radio y sobre la televisión, incluso en países regidos por democracias, se explica a menudo por la necesidad -consustancial a toda relación de poder- de controlar de alguna forma la actividad o la opinión de los gobernados. Detrás de esta urgencia vital de los aparatos de dominación política cabalga la idea de que cuanto más invisible son el ejercicio del poder y sus estructuras de control sobre los gobernados, el poder resulta más efectivo, más poderoso. La utilización de las tecnologías de comunicación para estos fines, antes y ahora, ha estado generalmente precedida por un, a veces, exagerado temor de los detentadores del poder respecto de la capacidad de aquellas de disminuir el control sobre los gobernados. Es ya célebre la frase de José Stalin pronunciada al vetar enérgicamente el proyecto de Trotsky para la implantación de un sistema telefónico en Rusia: Ello destruirá nuestro trabajo. No puede concebirse un instrumento más peligroso que éste al servicio la conspiración y la contrarrevolución.

Pero lo que es parcialmente cierto para los sistemas de comunicación más tradicionales, como la prensa escrita, la radio, la televisión, el telégrafo o el teléfono, no lo es tanto para las nuevas tecnologías de la información, capaz de crear infinitos canales de comunicación entre los propios ciudadanos sobre soportes relativamente refractarios a los controles centralizados. Inmediatamente se advierte que, de ser cierta esta premisa, la difusión de las nuevas tecnologías de la información, esto es, la multiplicación de aquellos canales opacos a la visión de los poderes políticos, estaría en condiciones de crear rápidamente nuevos espacios de libertad en donde la interferencia estatal no parece posible y, consecuentemente, una sociedad civil más y mejor vertebrada alrededor de valores que, a primera vista, no aparecen como impuestos autoritativamente.

De esta conclusión no puede seguirse, sin más, el que el fenómeno de desarrollo e implantación de las redes de información y su interconectividad conduzca inmediatamente a la democracia. Parece en todo caso más prudente sostener que la asombrosa capacidad de adaptación del sistema democrático, que se halla en la base de su vitalidad y dinamismo, le legitima, una vez más, para erigirse como el mejor sistema para resolver los siempre delicados equilibrios de las relaciones entre el poder y la libertad. En otros términos, que el más flexible de los sistemas que el hombre ha puesto en marcha para ordenar su vida en sociedad, para gobernar y ser gobernado, se revela como el que mejor se adapta a un sistema de organización social vertebrado -aunque no exclusivamente- alrededor de poderosas redes de información digital, de gestión descentralizada y fácilmente accesibles por los ciudadanos.

A estas alturas del desarrollo de la democracia pocas dudas caben acerca de que existen determinadas condiciones para el surgimiento, implantación y mantenimiento de los sistemas democráticos. La literatura politológica tradicional ha venido sugiriendo la existencia de vínculos muy directos y estrechos entre la estabilidad de la democracia (o la legitimidad y eficacia del sistema político) y variables tales como el desarrollo económico o el nivel de educación de la población. Un interesante estudio empírico de Kedzie (1995), basado en modelos estadísticos, sugiere igualmente una relación directa entre la ola de democratización en el mundo y la existencia de nodos de redes globales que permiten el intercambio de correo electrónico. Las conclusiones de este estudio descubren que la mayor fiabilidad estadística del fenómeno de la interconectividad, convierte a éste en el predictor más significativo de la democracia, con ventajas sobre los tradicionales indicadores del desarrollo económico como el tamaño de la población, el producto per cápita, el desarrollo humano, las tasas de mortalidad infantil, la expectativa de vida o las potencialidades culturales.

De este mismo estudio se desprende que aún cuando es sabido que la democracia descansa sobre un sistema más o menos libre de información pública que demanda espacios y soportes de comunicación igualmente libres y que busca, por tanto, interconectividad, es más que probable que la relación de causalidad fluya en sentido contrario, es decir, que la interconectividad influya sobre la democratización y no a la inversa. Buena prueba de ello sea quizá el hecho, comprobado empíricamente, de que la implantación de redes, la proliferación de nodos y la conectividad en general registran tasas más positivas en países con democracias emergentes que en aquellos con democracias consolidadas.

A pesar de las limitaciones que son propias del análisis estadístico, parece claro que la interconectividad de redes constituye hoy una fuente de nuevas opciones políticas para la democratización global. Que no obstante la imposibilidad teórica de demostrar la existencia de una relación de causalidad entre ambos fenómenos, algunos hechos anecdóticos inclinan a pensar que la relación entre interconectividad y democracia es mucho más seria de lo que se supone (los mensajes de fax elaborados por los manifestantes pro-democráticos en la ciudad prohibida china; los mensajes de correo electrónico transmitidos desde el sitiado edificio del Parlamento Ruso desafiando el intento golpista soviético de 1991; la coordinación de una sublevación de estudiantes checoslovacos a través de una red de módems algunos meses antes de la instalación en el poder del Foro Cívico; la utilización de Internet por el comandante Marcos para dar a conocer al mundo los objetivos del EZLN).

De lo que se trata es de que la revolución de la información anima a los ciudadanos a traspasar las fronteras nacionales para comunicar las infracciones cometidas por los gobiernos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este aspecto las nuevas tecnologías favorecen la comunicación a través de las fronteras en defensa de la democracia y los derechos humanos e impiden que los regímenes represivos puedan ocultar su violación con la misma eficacia de antaño.

Pero los países que, como China, pretenden imponer controles sobre el acceso de sus ciudadanos a redes globales como Internet, no solamente se arriesgan a un ridículo mayúsculo desde el punto de vista técnico, sino que se exponen a poner en peligro su propio crecimiento económico. Por ello, los países que aspiran a ser económicamente competitivos deben permitir a sus ciudadanos el acceso libre a las redes de información y a las tecnologías informáticas, aún a riesgo de ceder importantes parcelas de control en materia económica, cultural y eventualmente políticas.

Para Kedzie, en definitiva, los resultados del análisis estadístico parecen confirmar la evidencia, hasta ahora anecdótica, de que las tecnologías de la información y las comunicaciones están facilitando el cambio democrático a escala global. Para el autor, las implicaciones políticas de estas conclusiones no son desdeñables: como mínimo -sugiere- los efectos de las revolucionarias tecnologías de la información y las comunicaciones ayudarán a que los objetivos de la seguridad nacional e internacional sean mejor entendidos.

La democracia de las redes globales de la información parece al mismo tiempo rechazar la idea de la exclusión de los procesos decisionales de los ciudadanos individuales menos expertos. La difusión de las nuevas tecnologías -incluso en las democracias avanzadas- amenaza, pues, el poder de los expertos así como el peso relativo que sobre los patrones de comportamiento social aún mantienen las grandes organizaciones (estados nacionales, corporaciones multinacionales). Lo que parece una realidad en países con democracias de largo rodaje, se convierte en un poderoso argumento de seducción democrática en los países con regímenes dictatoriales y en las democracias nacientes.

El potencial liberador de las redes globales de información, en conexión con los nuevas formas de organización de la vida social promovidas por la incorporación masiva de las nuevas tecnologías a los procesos productivos, anima a algunos a soñar con sistemas sociales y políticos si no enteramente basados en, por lo menos estructurados sobre interacciones básicamente electrónicas entre los individuos. Son quienes advierten que el creciente impacto de las nuevas tecnologías -incluídas aquí las llamadas tecnologías blandas de organización- no solamente está determinando el surgimiento de nuevos paradigmas de organización de la vida social, sino que, al mismo tiempo, favorece la secundarización del rol del Estado respecto de los procesos económicos en particular. Son los que, a la luz de estas transformaciones, anuncian para las décadas venideras un cambio radical en las estructuras y procesos gubernamentales, y la sustitución de la burocracia por la cyberocracia, neologismo con el que se intenta describir la realidad del Estado que asume al control de la información como fuente dominante de poder.

Para estas posturas, la cyberocracia no es simplemente un nuevo estadio de la democracia o la consecuencia más o menos lógica de su evolución, sino q ue, por el contrario, representa un salto cualitativo en materia de organización del poder que toma buena nota de la emergencia de nuevos movimientos sociales, de sus apetitos participación política, de los profundos cambios en el significado de los conceptos de autoridad y democracia, de la mudanza en la naturaleza de las burocracias, el comportamiento de las elites y la propia definición de progreso. La cyberocracia es el resultado del cambio en el modo en que los ciudadanos piensan y sienten el sistema y el mundo en el que viven, así como el producto de la reformulación general de los esquemas de conflicto y de cooperación en todos los niveles sociales.

Pero la utopía libertaria de los cyberocráticos parece detenerse aquí. Porque parece claro también que por detrás o por debajo de las promesas de mayor participación democrática -quizá la más sólida y atrativa de las que suelen formularse desde el optimismo tecnológico- las nuevas tecnologías acarrean también ciertos riesgos para la libertad y los valores democráticos. Sin caer en el crudo pesimismo sartoriano y terciar en su puja dialéctica con el optimismo negropontiano, resulta prudente advertir que así como las nuevas tecnologías y en especial la difusión de la interconectividad de redes a escala global favorecen los procesos democráticos, lo hacen en mayor medida y mejor performance en espacios con regidos por dictaduras o por democracias incipientes. Que es cierto que la aceleración de la circulación de la información es capaz de introducir el germen de la apertura en sociedades cerradas. Pero también es cierto que en las democracias más avanzadas las nuevas tecnologías pueden llegar a disminuir la eficacia y la intensidad de los procesos democráticos. Así en los Estados Unidos, por ejemplo, se advierten claras tendencias hacia las políticas single-issue, los media sound-bites, la invasión de la intimidad a través de correos personalizadamente teleledirigidos, y la proliferación de sistemas de vigilancia pública.



VI.- A MODO DE CONCLUSIÓN

Al hilo de las ideas que han servido como guía del presente trabajo, puede afirmarse con cierta convicción que la globalización es un fenómeno cuya virtualidad se ha desplegado con mayor intensidad y eficacia en el universo de las relaciones económicas entre países y bloques regionales. Que los mayores niveles de integración económica, la aceleración de los intercambios y la caída de buena parte de las restricciones proteccionistas que se han registrado en los últimos años, obedecen no solamente al impulso de los agentes económicos sino también al formidable envión que los procesos de integración reciben de las nuevas tecnologías en materia de información y comunicaciones.

Que el desplazamiento hacia instancias supranacionales de una parte sustantiva de las relaciones de poder que hasta solamente unos años atrás tenían lugar dentro de las fronteras nacionales, está dando paso a una reformulación general de la operatividad del Estado.

Que a pesar de que algunos de los profetas del nuevo evangelio de la globalización anuncian la retirada del Estado de los lugares que solía frecuentar, la realidad muestra que esta forma de dominación política conserva prácticamente intacta su vitalidad. Que el poder político organizado buscar articularse con las nuevas instancias decisionales a nivel transnacional y para ello, en vez de descuidar temerariamente su inserción en los niveles más locales de la organización social, hace pie en éstos para servir de nexo y conexión entre los procesos locales, los nacionales, los regionales y los globales.

Que el secreto de la vitalidad del Estado parece residir en la formidable capacidad de adaptación del sistema democrático a diferentes entornos culturales y opciones ideológicas.

Que así como no parece cosa hecha el anunciado eclipse del Estado, tampoco es cierto que la globalización se afiance en una ideología determinada o que sirva como plataforma de exportación de modelos o estereotipos culturales provenientes del mundo anglo-americano. Que el proceso de integración de las sociedades a escala global coincide en el tiempo con una profunda crisis en el corazón mismo del mundo del trabajo, en la que influyen decisivamente el dramático cambio tecnológico, la discreta capacidad de adaptación de los sistemas educativos y de formación profesional a las exigencias de nuevas cualificaciones, la pérdida de gravitación de sindicatos y partidos políticos afines, la crisis fiscal del Estado, y el cuestionamiento a la pervivencia de los sistemas de bienestar.

Que la globalización coincide temporalmente también con una explosión democrática en todo el mundo y que hay señales concretas que anuncian que la conquista de la democracia y de la libertad es posible, en parte, merced a la influencia de la interconectividad de las redes de información global.

Que así como las nuevas tecnologías están cambiando aceleradamente los patrones de organización de la vida social, especialmente los de organización de los espacios laborales, también recrean el sueño de una democracia más profunda en sus contenidos, más y mejor vinculada a las necesidades cada vez más particularizadas de los ciudadanos y enriquecida por el ensanchamiento de la participación.

Que ello no obstante, entre los especialistas campea la sensación de que los cambios políticos están yendo e irán a remolque de los impulsos económicos y que, en el mejor de los casos, lo harán a velocidades mucho más moderadas, por lo que no es dable esperar en las próximas décadas una reformulación profunda y radical de los esquemas de dominación política vigentes en la actualidad. Que, en todo caso, la emergencia de una nueva sociedad civil de escala global, augura una retracción del poder político que obligará, con toda probabilidad, a la revisión de los esquemas de conflicto y de cooperación en espacios donde, para ambos actores, la información y el conocimiento asumen la condición de fuente dominante del poder político y social.-



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