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Sobre la Libertad Religiosa

Principios Constitucionales

15/09/1997 - Autor: Enrique Guillén López - Fuente: Verde Islam 7
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El objetivo de esta ponencia1 es poner de manifiesto los problemas constitucionales que en mi opinión presenta la libertad religiosa reconocida en la Constitución Española. Para ello haremos un recorrido en el que, partiendo del art. 16 y de los principios que enuncia, descenderemos hasta los Acuerdos de Cooperación como último hito de la normativa infraconstitucional.

No va a ser en ningún caso un análisis exhaustivo sino un somero repaso de algunos aspectos aún polémicos.


El Derecho

El derecho a la libertad religiosa es un derecho que cuenta con una larga historia. Pero el derecho a la libertad religiosa que se consagra en la Constitución Española de 1978 no está lastrado por las acepciones que pudiera tener en tiempos pasados.

En este sentido resulta del todo evidente que el concepto de libertad religiosa no va a ver maniatadas sus posibilidades de desarrollo por la mención a la Iglesia Católica que se realiza en el art. 16.3. Esencialmente, como todos los derechos constitucionales, el art. 16 nace con un contenido nuevo y plenamente congruente con el conjunto de principios que la Constitución Española diseña.

El reconocimiento de la libertad religiosa en el artículo 16, arropado por el sistema constitucional que lo explica e interpreta, es el punto de partida de una nueva evolución.

Y el análisis práctico, jurídico, de las garantías que incorpora, ha de ser la primera operación a la que habremos de aplicarnos. El debate acerca de si es el art. 16 el mejor medio para la protección de la libertad religiosa, es otro, posiblemente conveniente de cara al futuro, pero no cuando lo que se pretende es evitar las lesiones que hoy se puedan producir del derecho.


Fundamento

Para casi todos constituye una evidencia que el pluralismo como elemento constitutivo de las democracias contemporáneas es la clave de bóveda del reconocimiento de la libertad religiosa.

Esto es, nuestra sociedad es plural políticamente, culturalmente, económicamente y también religiosamente. En ella conviven varias actitudes respecto del fenómeno de la fe, y el Estado no puede sino asumirlas siempre que respeten el orden de valores contenido en la Constitución (esto es, lo que la Constitución en su art. 16.1 denomina “el orden público protegido por la Ley”).

Frente a este dato, la Constitución determina cual es la posición del Estado y permite la resolución de los conflictos —que necesariamente habrán de producirse sin que deban considerarse ninguna patología— a partir de unos principios que reconocen la posición de la mayoría así como de la minoría. Esto es muy importante porque es la radical novedad de las constituciones normativas de nuestro siglo: la articulación de los derechos fundamentales como derechos que protegen especialmente a las minorías.

Es decir, la libertad religiosa del ciudadano, en su contenido constitucionalmente garantizado, está al margen de las mayorías. Otra cosa será el posible desarrollo, que no limitación, que de ella pueda realizarse. El órgano encargado de tal desarrollo es el legislador, el legislador orgánico ex art 53.2, y aquí evidentemente sí jugará en toda su intensidad la regla de la mayoría. Pero no, repito, en lo que se refiere al contenido esencial del derecho.

Me parecería de todo punto innecesario decir esto, si no fuera porque en algunos de los casos polémicos de los que hemos tenido noticias recientes parece auspiciarse como criterio de solución la regla de la mayoría. Este es el caso de un Proyecto de ley (del que desconozco su resultado final) de Baviera (julio de 1994) que pretendía resolver el problema de los crucifijos en las escuelas públicas atribuyéndole al director del centro la capacidad de dictar una regulación “que considere y aglutine los distintos intereses que se presenten en el caso concreto” 2, lo que constituye una forma indisimulada de escapar del problema, abriendo además la puerta a que los intereses de la mayoría prevalezcan sobre los de la minoría.

Resuelta esta primera cuestión, un análisis de la libertad religiosa, como derecho del individuo y las comunidades regido por los principios de igualdad, neutralidad del Estado y cooperación, exige considerar al menos los siguientes y trascendentales problemas:


Los sujetos

El primer problema estaría constituido por los sujetos de la libertad religiosa. Obsérvese que en la delimitación que acabo de hacer del derecho, incluía como sujetos de la libertad religiosa a los individuos y a las comunidades, término éste último bastante más amplio que el tradicional de confesiones.

Hago esta salvedad para aportar, para el debate, lo que en mi opinión es un salto cualitativo —pero constitucionalmente asumible, no obstante— del concepto de libertad religiosa. El problema tal y como es planteado por el principal defensor de esta tesis, Soriano, no debe ser pasado por alto por las fundamentales implicaciones que tiene. Sigo literalmente a este autor:
“el problema reside en la amplitud del concepto ‘libertad religiosa’, porque la libertad religiosa puede ser entendida, en unos términos restrictivos, como la libertad de elegir una u otra religión, pero siempre como la libertad dentro de la religión, o como una libertad crítica respecto a la fe o religión, en una acepción amplia, que comporta tanto la adopción como la negación de la fe —en este último caso con varias matizaciones: agnosticismo, indiferentismo, ateísmo, etc.— Tiene esta precisión una singular trascendencia por el carácter privilegiado que jurídicamente tiene la libertad religiosa. Adoptar el criterio restrictivo representa dejar fuera a grupos y colectivos sociales, que tienen una posición ante el hecho religioso, una actitud racional y responsable, y que pueden desear llevar su convicción a unos niveles de organización semejantes a las de las confesiones, sin ser por ello atendidos en la misma medida por los poderes públicos. Creyentes y no creyentes tienen un mismo problema religioso en el seno de una libertad crítica de conciencia; incluso pueden adoptar parecidos modelos de organización social”.

Concluye este autor:
“¿es legítimo que sólo a los primeros alcance la protección de la libertad religiosa?” 3.

No me cabe la menor duda de que este entendimiento amplio de la libertad religiosa4, aún cuando completamente minoritario5, es una de las aportaciones más sugerentes que sobre este tema hemos podido leer en los últimos tiempos, algo sobre lo que merece la pena reflexionar sin anteojeras.


Principios

Un problema metodológico, pero no teórico: la cuestión de los principios en un derecho constitucional. Antes de pasar a prestarle la atención debida a cada uno de los principios hemos de comentar los problemas que para cualquier observador atento presentan. Efectivamente, de inmediato observamos que es muy difícil extraer un sentido unitario de los principios que la Constitución Española reconoce sobre el hecho religioso.

De una parte porque considerados individualmente no admiten una sino varias concreciones —que por ello son principios—; esto es, ni la libertad religiosa del individuo admite una sóla y unívoca dimensión, ni la actitud del Estado respecto del fenómeno religioso se hace evidente con la mención a la aconfesionalidad del Estado del art. 16.3. A este primer dato le podemos sumar la complejidad cierta de que los principios reconocidos conviven en una tensión evidente.

La dificultad se torna extrema cuando por ejemplo tratamos de armonizar los conceptos neutralidad-cooperación. Evidentemente el origen de esta situación es bien conocido: en el año 78, el artículo que reconoce la libertad religiosa ha de ser un artículo “compensador o de equilibrio 6”.

El problema es hoy, veinte años más tarde, cómo resolver estas cuestiones. Desde luego, nunca utilizando recursos metodológicos profundamente ajenos al derecho constitucional como es la subordinación de unos principios a otros. Esto es, no optemos por una posición doctrinal que en aras de una mayor congruencia —congruencia que sólo da la jerarquía— sacrifique un principio.

Si la Constitución Española reconoce principios que se nos antojan antitéticos, desterremos el antojo y procedamos a la interpretación unitaria y extractora de todas las consecuencias de los principios.

No podemos por tanto dejar en el camino ninguno de los principios constitucionales.

Nos gusten o no. Un ejemplo de la utilidad de esta regla metodológica consistiría en descartar aquellas teorías que minimizan el principio de cooperación por entenderlo subordinado al resto de los principios7.

Teniendo en cuenta estas premisas metodológicas procedamos a examinar brevemente los principios constitucionales tratando de utilizar en lo posible la doctrina de su más cualificado intérprete: el Tribunal Constitucional.


La Dimensión

El intérprete constitucional se encuentra al estudiar la libertad religiosa con un primer problema que ni es nuevo ni afecta sólo y exclusivamente a este derecho: el de su dimensión. En efecto, nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia (como la de los países de nuestro entorno) titubean entre dar una dimensión clásica al derecho a la libertad religiosa y en consecuencia entender la actividad del estado en términos de distancia respecto al fenómeno religioso o atribuir a la libertad religiosa un contenido nuevo que obligue al Estado a estimular los sentimientos religiosos de la sociedad.

El dilema tomaría la siguiente forma interrogativa: ¿Debe la libertad religiosa concebirse en el sentido negativo de eliminar obstáculos para la libre actuación de personas o debe engrosar su contenido implicando la promoción positiva de este derecho? Realmente resulta difícil optar de forma clara por una de estas dos posturas porque ambas cuentan con apoyos doctrinales y jurisprudenciales de valor.

Entre las sentencias que parecen adoptar la segunda postura podemos destacar la STC 20/1990 que señala que “las libertades que garantiza el art. 16.1 exceden del ámbito personal por su dimensión institucional”, (aunque esta sentencia conecta los derechos de los que habla con la función de garantizar una opinión pública libre, lo que abonaría la reducción de esta afirmación al ámbito estricto de la libertad ideológica, lo cierto es que tal reducción no se hace y que se habla en general de las libertades del art. 16.1). Ello quiere decir evidentemente que no es posible entender a la libertad religiosa al modo clásico, como una libertad que agota su contenido con la abstención del Estado. En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional parece, en esta sentencia, redefinir la libertad religiosa como lo ha hecho con la mayoría de los derechos fundamentales, dándole una dimensión prestacional de la que carecía en el Estado liberal.

En principio pues, podríamos decir que la evolución del concepto de la libertad religiosa ha corrido pareja con la evolución general que el Estado social ha operado sobre los derechos fundamentales. Sin embargo, no todas las sentencias son del mismo tenor; recordemos por ejemplo, lo que señalaba la STC 24/1982: “la libertad religiosa, entendida como un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del individuo. (...) La libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de acción del Estado (...)”, palabras de lo más “clásicas”. Como reflexión personal añadiría las siguientes cuestiones:

1) No creo que el art. 9.2 de la Constitución Española convierta automáticamente a todos los derechos fundamentales en derechos de carácter prestacional, como entiende, por ejemplo, Contreras Mazario 8. Es preciso, considerar las particularidades que presenta cada derecho, las funciones que cumple, todos los principios por los que se rige y, a partir de aquí —y no por tanto por la recepción acrítica del 9.2— concretar su carácter clásico o prestacional.

2) Habría que precisar qué se entiende por actividad prestacional del Estado, porque si lo que se quiere decir es que el Estado ha de cooperar con los individuos y las confesiones en la medida en que sea necesario para que la libertad religiosa esté efectivamente garantizada no habría ningún problema. Esto ya se deduce inequívocamente del propio art. 16. Otra cosa es, en cambio, que por actividad prestacional se entienda un esfuerzo estatal en orden a la promoción o, llegado el caso, a la creación misma9, del pluralismo religioso algo que coincidiendo con Martínez Torrón10, parece estar proscrito por el principio de neutralidad de Estado y que incluso llegaría a afectar a la propia libertad religiosa.

Recuérdese que cuando el Estado interviene en demasía hay que poner en guardia a la libertad11. Actúe, pues, el Estado como debe: cooperando en que la pluralidad de opciones religiosas presentes en la sociedad resulten efectivamente garantizadas12,13.


Aconfesionalidad

En estrecha relación con lo anterior nos encontramos con la aconfesionalidad del Estado, afirmada en el art. 16.3 de la siguiente forma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

La jurisprudencia del TC entiende por aconfesionalidad del Estado fundamentalmente dos cosas: de una parte, romper con esa confusión entre funciones religiosas y funciones estatales que había sido uno de los puntos identificatorios del régimen político anterior (se deduce a contrario de la STC 24/1982). A partir del art. 16.3, en su primer inciso, los poderes públicos no tendrán otro criterio de legitimación —esto es, de justificación de sus decisiones— que el democrático.Tras de las decisiones del Estado ha de estar la voluntad popular —o interés general— y nunca una confesión religiosa, cualquiera que ésta sea.

De otra parte, y más concretamente, la aconfesionalidad del Estado supone su neutralidad respecto del fenómeno religioso. Sólo su neutralidad garantizará “la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática” (STC 177/1996).

La aconfesionalidad del Estado, desde este punto de vista, obliga a éste a prohibirse “a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso” (STC 24/1982).

Desde mi punto de vista este es el entendimiento más cabal de la neutralidad del Estado y el más acorde con la propia libertad religiosa. Y mantengo esto pese a que el Tribunal Constitucional no es siempre tan congruente con la doctrina que acabo de citar. Véase, por ejemplo, un reciente pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional que, con ocasión de la resolución de un recurso de amparo, entendía, de pasada y sin mayor justificación, que “el art. 16.3 no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza” (STC 177/1996, FJ. 10).

La contradicción salta a la vista. Particularmente me parece sorprendente la dificultad que los Estados —no sólo el español— tienen para afirmar con toda rotundidad una neutralidad que en sus textos constitucionales reconocen sin ambages y que es desde luego un presupuesto fundamental de la libertad religiosa en las sociedades plurales contemporáneas.

Una sentencia que en este sentido merece la pena alabar es la del Tribunal Constitucional alemán que, con tres votos particulares —lo que da una idea de las dificultades de la cuestión, y no sin una considerable esquizofrenia interna14 — consideró que la presencia de una cruz o de un crucifijo en las escuelas públicas lesionaba el principio de neutralidad del Estado y con ello el principio de libertad religiosa reconocido en el art. 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Sentencia de 16 de mayo de 1995)15

De la aconfesionalidad tenemos que partir, por tanto. El binomio libertad religiosa-aconfesionalidad es el primer dato insoslayable, un primer dato, deslindable de los que sucederán a continuación; es decir, un principio que ni obliga ni empece un régimen de cooperación con las confesiones aunque sí, que de producirse éste último respete escrupulosamente el principio de igualdad.


Igualdad

El segundo principio, el de igualdad, se desprende de los art. 9.2 y 14 de la Constitución, y supone en materia religiosa que “no es posible establecer ningún tipo de discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos en función de sus ideologías o sus creencias (...)” Esto es “debe existir un igual disfrute de la libertad religiosa por todos los ciudadanos” (STC 24/1982).

Claramente observamos como la igualdad nos remite inmediatamente a su configuración como límite de la actividad del Estado. Y este límite debe surtir todo su efecto y en consecuencia constituir el criterio para expulsar del ordenamiento cuantas diferencias de trato carezcan de justificación objetiva y razonable.

No es el momento de analizar la importantes quiebras de este principio que se están produciendo. Tan sólo voy a señalar algunas cuestiones que creo de importancia:

a) La mención a la Iglesia católica en el art. 16 CE, muy desafortunada, no puede significar nunca jurídicamente que le corresponda una posición de privilegio, ya que el privilegio es lo contrario de la igualdad y éste como principio debe imponerse a lo que tan sólo es una expresión, carente, si se me apura, de contenido jurídico.

b) El pleno desarrollo del principio de igualdad debe proyectarse completamente sobre el ámbito económico. Y así frente a lo que establece el Acuerdo sobre Asuntos económicos con la Iglesia Católica, me parece de todo punto indiscutible que si hay dotación presupuestaria o afectación tributaria tiene que concederse a todas las religiones que lo deseen, atendiendo, evidentemente, al criterio de proporcionalidad16.

c) Otra desigualdad que me parece igualmente sangrante es la que se deriva del hecho de que sean los fondos públicos los que sufraguen la enseñanza de la religión católica (A partir del art. VII del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979).

d) Por último me gustaría destacar que por lo que se refiere específicamente a los Acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, “la igualdad exige que el acceso a los acuerdos no sea denegado a confesiones que se encuentran en condiciones similares a otras que lo han obtenido y exige también que no haya diferencias discriminatorias de trato jurídico —sin justificación objetiva y razonable— ni entre las distintas confesiones que sean sujetos de acuerdos, ni tampoco entre estas últimas y otras confesiones o grupos religiosos que no hayan celebrado un convenio con el Estado (con independencia de que el motivo sea que no lo deseen, o bien que no se les considere poseedoras ‘de notorio arraigo’ en España)”17.


Cooperación

Partiendo de la neutralidad del Estado, la Constitución Española completa el núcleo de los principios referentes a la libertad religiosa con la necesaria cooperación con las confesiones.

Lo primero que hay que resaltar es que el principio de cooperación es tan constitucional como los anteriores. Nos puede gustar o, por el contrario entenderlo como una “cuña distorsionadora”18, pero esto último no nos autoriza a considerarlo un principio subordinado a los de neutralidad e igualdad19.

El problema de la cooperación es el grado y la forma. Desde el punto de vista del grado, hay que reiterar los binomios en los términos expuestos cooperación-igualdad y cooperación-neutralidad. La conexión de todos los principios podría tomar la fórmula (igualmente principial) de “tanta cooperación como sea posible sin menoscabar en lo más mínimo la aconfesionalidad/neutralidad del Estado” y “una cooperación proporcionada con las confesiones que no dificulte el igual disfrute del derecho constitucional (de su contenido indisponible) a todos sus destinatarios”.

Por último, no me gustaría dejar de señalar un binomio igualmente necesario: cooperación-efectividad. Esto es: si el Estado coopera con una confesión es para que garantice con su poder el efectivo disfrute de la libertad religiosa. Desde este punto de vista, por ejemplo, no me parece una forma real de cooperación la prevista en el art. 12 de la Ley 26/1992 sobre los descansos y las vacaciones en el ámbito de las relaciones laborales, puesto que su concreción se supedita al improbable “acuerdo entre las partes20”. Poco más que buenas palabras.


Forma

Por lo que se refiere a la forma es de importancia destacar aquí la figura de los acuerdos de cooperación previstos en el art. 7 de dicha Ley. Pues bien, es preciso comenzar deslindando que la cooperación con las confesiones que se establece en el art. 16.3 CE no exige necesariamente un sistema bilateral de fuentes como el que se ha introducido en el ordenamiento español a raíz del art. 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Los acuerdos de cooperación han sido incorporados por el legislador orgánico por la capacidad que expresamente le atribuye la CE (art. 53) de desarrollar —con el margen que atribuye esta palabra— lo establecido por el constituyente.

Me interesa en este sentido dejar sentado que una cosa es el dato constitucional y otro el desarrollo contingente que de los principios constitucionales haga la normativa infraconstitucional.

Quizás con estas palabras ya dé a entender que a mí los acuerdos previstos en el art. 7 de la Ley Orgánica, como forma de articular la cooperación, no me gustan demasiado.

Plantean muchos problemas desde la teoría de las fuentes y no me parecen sino una huida hacia adelante habida cuenta de la irreversibilidad aparente de la práctica concordataria con la Santa Sede.

No es el momento, desde luego, para plantear con exhaustividad estas cuestiones por lo que sólo lanzo para el debate una pregunta: ¿qué ocurre con el derecho —casi fundamental, considerando la amplísima interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del derecho a acceder a los cargos públicos— de presentar enmiendas al Proyecto de Ley que contenga el acuerdo que le corresponde a los representantes?

Espero que mi planteamiento, centrado como se aprecia, en los aspectos más oscuros de la libertad religiosa ponga de manifiesto la necesidad de reflexionar profundamente sobre ella. Es fundamental replantear los problemas desde los principios constitucionales pero también con toda la audacia y posibilidades transformadoras que de ellos se deducen.

Notas
1. Estas páginas corresponden literalmente a unas breves e improvisadas observaciones que presenté para el debate en la Universidad Averroes, en Córdoba, el 28 de Junio de 1997.

2. Recojo este dato de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La polémica “Sentencia del crucijijo” (Resolución del Tribunal Constitucional alemán de 16 de mayo de 1995), REDC, nº 47, pág. 354.

3. .SORIANO, R, “Las libertades públicas”, Tecnos, Madrid, 1990, pág. 65.

4. Para este autor este entendimiento amplio sería el propio de la última etapa de la libertad religiosa, una etapa que denomina “del pluralismo religioso íntegro” y que representa “la inserción de las opciones religiosas no fideistas dentro del concepto y de la protección de la libertad religiosa”. Op. cit., pág. 76.

5. Además de minoritaria, justo es señalar que esta concepción del derecho, si no impedida, sí resulta bastante obstaculizada por el art. 3.2 de la LOLR que señala que “quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos”.

6. Así lo ha denominado AMORÓS AZPLICUETA en “La libertad religiosa en la Constitucón española de 1978”, Tecnos, Madrid, 1984, pág. 166.

7. Teoría que por ejemplo defiende LLAMAZARES en “El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamento, alcance y límites”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. 1989 y en “Derecho eclesiástico del Estado. Derecho a la libertad de conciencia”, Madrid, 1989, pp. 231 ss.

8. CONTRERAS MAZARIO, “La enseñanza de la religión en el sistema educativo”, CEC, Madrid, 1992, pág. 28-30. Dice literalmente este autor: “La libertad religiosa se concibe en nuestra Constitución no como simple facultad de exteriorización de las convicciones, sino más propiamente como facultad de formación de la propia conciencia, de modo que la actividad de los poderes públicos consiste en una doble forma de tutela que no se agota en el aseguramiento de la inmunidad de coacción para los individuos y los grupos en la libre esfera de ejercicio de sus derechos, sino que alcanza a la creación de las condiciones sociales más favorables y al pleno desarrollo de los valores humanos individuales y comunitarios a través del reconocimiento de los derechos a la libertad de formación y a la libertad de enseñanza”.

9. A mi juicio, representativa de esta opinión sería, por ejemplo, la medida de incluir necesariamente en los medios públicos de comunicación un número determinado de programas religiosos.

10. “Separatismo y cooperación en los Acuerdos del Estado con las confesiones religiosas”, Comares, Granada, 1994, pág. 52.

11. Cfr. la decisión del TC italiano de 12 de abril de 1989 sobre la admisibilidad de la clase de religión católica en la que tras señalar “el valor formativo de la cultura religiosa en general” y en consecuencia la necesidad de que el Estado la fomente, acaba defendiendo la clase de religión católica, “por la adscripción de los principios del catolicismo a los principios del pueblo italiano”.. Cfr. ROCA, “La neutralidad del Estado: fundamento doctrinal y actual delimitación en la jurisprudencia”, REDC, Nº 48, pág. 264.

12. La comparación con otro derecho fundamental puede hacer más evidente lo que aquí mantengo. La libertad de expresión por su inmediata conexión con la democracia ha ser estimulada estatalmente. Ninguna democracia pues en efecto sobrevivir sin una opinión pública libre en tanto que no se ve comprometida en modo alguno porque el número de opciones religiosas sea inferior al que consideramos óptimo.

13. Recientemente se ha dictado una sentencia del Tribunal Constitucional (la STC 166/1996 sobre la pretensión de unos miembros de la confesión Testigos de Jehová de que se le reintegrasen unos gastos médicos ocasionados por tener que acudir a un hospital privado para que se le practicase cierta intervención quirúrgica, porque en la Sanidad Pública se consideraba imprescindible realizar una transfusión de sangre) en la que el debate mencionado ha desempeñado un papel principal, tan importante incluso como para justificar un voto particular de uno de los magistrados de la Sala.

14. En tal sentido, M. J. ROCA, op. cit., pág. 268.

15. Comentada por GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ en la REDC, nº 47. Esta sentencia es además muy importante porque es coincidente con la tesis explicitada supra de eliminación de la regla de la mayoría para resolver los conflictos en el ámbito de la libertad religiosa. La jurisprudencia alemana, no obstante, mantuvo un criterio bien distinto en el auto de 16 de octubre de 1979, en el que resolvió en favor de la admisibilidad de la oración en la escuela. Cit. por ROCA, op.cit. pág. 269-270.

16. SORIANO, op. cit. pág. 102.

17. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas”, Comares, Granada, 1994, pág. 33.

18. Expresión de R. SORIANO, “Las libertades públicas”, op. cit., pág. 88.

19. Esta última es, por ejemplo, la opinión de LLAMAZARES como ya hemos puesto de manifiesto.

20. La misma opinión mantiene MARTÍNEZ TORRÓN, op. cit. pág. 153.


 

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