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Plan Estratégico de lucha contra la radicalización violenta o la caza del moro

El terrorismo internacional es una amenaza global que las instituciones internacionales, los gobiernos nacionales y los ciudadanos hemos de combatir uniendo esfuerzos y colaborando.

12/12/2015 - Autor: Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari - Fuente: Webislam
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Plan estratégico contra la radicalización violenta: una política de doble rasero
Plan estratégico contra la radicalización violenta: una política de doble rasero

El terrorismo internacional es una amenaza global que las instituciones internacionales, los gobiernos nacionales y los ciudadanos hemos de combatir uniendo esfuerzos y colaborando. Los musulmanes de España somos muy conscientes de esta amenaza. No en vano, sufrimos sus consecuencias directa e indirectamente. Directamente puesto que el terror no diferencia entre musulmanes y no musulmanes, es más, la mayor parte de sus víctimas son musulmanas, e indirectamente porque el reguero de islamofobia e intolerancia hacia los ciudadanos de confesión musulmana resultante de sus crímenes cada vez es más caudaloso.

Estos días nos hemos enterado por los medios de comunicación que el gobierno, y concretamente el Ministerio del Interior, ha puesto en marcha mecanismos para la denuncia de casos de radicalización por parte de organismos e incluso de ciudadanos particulares en el marco del Plan de lucha contra la radicalización violenta. Y he aquí la demostración una vez más de la falta de voluntad del Ejecutivo de realizar un trabajo excelente y efectivo y se limita a la política de parches.

Todos los expertos en materia de terrorismo y radicalismo están de acuerdo en que estos fenómenos no se combaten exclusivamente desde la perspectiva securitaria, una estrategia que no sólo ha demostrado su fracaso, sino que ha ayudado a multiplicar el número de terroristas o candidatos a serlo. Las guerras de Afganistán e Irak son excelentes ejemplos de ello. Nuestro gobierno, en lugar de aprender de ello y abrir un diálogo social para llegar a un consenso que implique y comprometa a todos los actores sociales en esta lucha, prefiere huir hacia delante, ¿por qué? No lo sabemos, y seguramente no es por buenos motivos.

El Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta promovido por Interior cuenta con organismos administrativos como los ministerios, el CNI, la Federación Española de municipios, Fundación Pluralismo y Convivencia y otras entidades públicas o privadas que se considere necesaria, esto último para referirse a centros de investigación ligados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y queda evidente que, a pesar de que haya aparecido en algún que otro medio de prensa, la Comisión Islámica de España, la representante legal de los musulmanes españoles y su único interlocutor ante el Estado no cuenta.

Los musulmanes españoles, tanto a nivel de la CIE, de las federaciones, comunidades como individuos nos sentimos marginados en esta lucha y estigmatizados por los poderes públicos. La actitud del gobierno es más que sospechosa a este respecto y por eso ponemos el grito en el cielo. No se podrá acabar con el radicalismo, de ningún modo, si no se implica a los musulmanes en esta lucha, una implicación real y no figurativa, para lo cual es fundamental dejar a la CIE funcionar.

Desde los acuerdos de 1992, la CIE ha actuado de forma mucho más lenta que el desarrollo de la realidad islámica de este país, lo cual se debe principalmente a la existencia de dos secretarios generales que debían estar de acuerdo sobre todos los asuntos para poder avanzar. 20 años después, la movilización de todas la inmensa mayoría de las comunidades musulmanes y sus federaciones, conscientes de sus obligaciones y responsabilidades para con las nuevas generaciones de los musulmanes españoles, en noviembre de 2012 se consensuaron unos Estatutos que fueron aprobados por unanimidad en el 80% de sus artículos, y otros con abrumadora mayoría. Sin embargo, y he aquí la responsabilidad de la administración del Estado, el Registro de entidades religiosas dependiente del Ministerio de Justicia se negó a inscribirlos, obligando a las federaciones a querellar contra el Registro ante los tribunales.

La justicia debía pronunciarse en el pasado mes de septiembre, y lo que ha hecho el gobierno, ante el temor de un veredicto negativo para sus intereses, lanzó un proyecto de decreto ley que reformaba los estatutos de la CIE sin ninguna consulta con los representantes de los musulmanes, obstaculizando una vez más el desarrollo de esta institución y dividiendo otra vez a los musulmanes.

Ahora entendemos por qué esta obstinación por inutilizar y obstaculizar el trabajo de la CIE, una institución de interés estratégico para nuestro país a nuestro entender, tanto en las estrategias de lucha contra todo tipo de radicalismo y terrorismo, como para ayudar a la integración plena de los ciudadanos musulmanes y su identificación con España, por no hablar de la industria halal y de las relaciones con el mundo islámico, un mundo donde nuestro país goza de excelente imagen. Ahora entendemos por qué el gobierno no quiere dialogar, no quiere solucionar los problemas que aquejan nuestro país escuchando a las víctimas y a los afectados en primer lugar, prefiere aliarse con las tesis de seguridad y con países nada democráticos para gestionar los asuntos del islam de España.

Las manifestaciones de algunas partes oficiales autorizadas que aconsejan ceder parte de nuestra soberanía a terceros para la formación de imanes y para la importación de un islam ajeno a nuestra realidad no hará sino confirmar que el islam nada tiene que ver con nuestro país, que los musulmanes son ciudadanos extranjeros y no merecen la molestia de interesarse porque se organicen y tengan sus facultades de teología donde se formarían los futuros imanes y profesores de religión, donde conocerán los marcos jurídicos y legales de nuestro país, su lengua, su historia y su cultura.

También es importante que los musulmanes hagamos autocrítica, nuestra división, especialmente tras los acuerdos alcanzados en la Asamblea histórica del año 2012, impide que nuestros esfuerzos vayan encaminados hacia los mismos objetivos. Nuestros jóvenes no se quejarán sólo de las administraciones públicas, sino también de sus representantes en la CIE.

En algunos medios se habla de la implicación de la Comisión Islámica en este plan, que tiene toda la pinta de una caza del moro, pues permite, no sólo a los cuerpos de seguridad observar y hacer un seguimiento del fenómeno radical, cuerpos que aún les falta mucho para distinguir conceptos y realidades culturales de las religiosas, sino también a los ciudadanos que en su inmensa mayoría no sólo no conocen el islam, sino que lo poco que saben tiene origen en los medios de comunicación, la fuente principal de los prejuicios y la islamofobia.

La comision islamica de España niega que haya sido consultada y mucho menos que haya dado su bendición a este plan, lo que a nuestro juicio debe manifestarse en público y desmentir a aquellos medios que han informado malamente de este extremo.

Desgraciadamente, con la aprobación del Pacto “Antiyihadista”, sin ninguna consulta con la CIE y los colectivos musulmanes, que sin duda lo suscriben, pero cuya consulta habría servido para que fuera todavía mejor, empezando por el nombre del mismo Pacto; creíamos que no se repetiría la experiencia, pero la realidad nos ha decepcionado con este Plan de lucha contra la radicalización violenta, que se limita a los aspectos securitarios y no tiene en cuenta la sensibilidad de la comunidad musulmana española que cuenta con cerca de 2 millones de ciudadanos.

El compromiso de los musulmanes con los valores de dignidad, libertad, justicia, solidaridad y convivencia pacífica entre todos los ciudadanos y las comunidades es inquebrantable, entre nosotros no caben los radicales ni los extremistas, y mucho menos los violentos, sean de la tendencia que sean. Esperamos que el próximo Ejecutivo sepa reconducir la relación con la comunidad musulmana española y facilite las vías de cooperación por el interés de nuestro país.


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