
La propuesta del contrato de integración parece esculpida por el mismísimo hombre-sólido que Mariano José de Larra cincela con maestría en su célebre artículo El hombre-globo. A saber: aquel hombre que no manda, sino obedece, y que «en religión, en política, en todo, no ve más que un laberinto, cuyo hilo jamás encontrará; un caos de fanatismo, de credulidad, de errores». Y eso que Rajoy siempre ha presumido –sin ir más lejos, con ocasión del asunto Gallardón– de ser, más bien, un espíritu libre e independiente; es decir, algo más parecido al hombre-globo de Larra, un hombre cuyo lema es: «Yo mando, no obedezco».
El señor Rajoy, en este caso, no pasa del hombre-sólido. Porque no me cabe ni la menor duda de que, detrás del famoso contrato de integración, se encuentra cierto think tank que considera la inmigración como mera fuerza de trabajo, más o menos asimilable dependiendo de la afinidad cultural y religiosa con los españoles. Esto me lleva a pensar que aquí al señor Rajoy le han aconsejado muy mal.
Obligar a los inmigrantes a suscribir un contrato de integración supone una grave discriminación (negativa) que, amén de vulnerar todos los tratados y convenios
internacionales sobre derechos humanos suscritos por nuestro país –comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (véanse, por ejemplo, los artículos 1, 2 y 7) y siguiendo por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos de 1950 (atención a su artículo 14)–, puede, llevada hasta sus últimas consecuencias, caminar peligrosamente en la cuerda floja de lo dispuesto en el artículo 510 del Código Penal, que hace referencia a la provocación a la discriminación hacia grupos y asociaciones por su origen nacional o étnico, entre otros motivos. Y es que todas las personas que vivimos en España, ya seamos o no nacionales, suscribimos a diario un tácito contrato de integración, derivado del deber de observar escrupulosamente nuestro Ordenamiento jurídico. Así, el Código Penal, el Código Civil, la legislación urbanística o el Estatuto de los Trabajadores, configuran el catecismo del buen ciudadano, independientemente de su color de piel o de la religión que profesen.
La propuesta del señor Rajoy, de llevarse a cabo, configuraría tres tipos de ciudadanos: los españoles, con el sello de integrados grabado en la piel desde su nacimiento (independientemente de que a lo largo de su vida se dediquen a hacer la vida imposible al prójimo); los inmigrantes, asimilables culturalmente a nosotros; y, por último, los inmigrantes de religión islámica. A los dos últimos grupos se les exigiría la firma del contrato de integración, si bien las inmigrantes musulmanas deberían suscribir una cláusula adicional: prohibido llevar el velo en el espacio público (laico).
Sí, señor Larra, tiene razón: los hombres-sólidos no han nacido para gobernar, sino para obedecer.
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