Uno de los tramos previstos, la llamada ruta norte, atraviesa la reserva Mindo-Nambillo. El coste previsto asciende a 1.200 millones de dólares. La reserva Mindo-Nambillo constituye uno de los escasos restos de bosque primario de niebla andino, con 450 especies de aves, casi el 5% del total mundial, y de las cuales un total de 46 están en grave peligro de extinción.
La reserva también es un importante centro de ecoturismo, actividad que proporciona empleo al 70% de la población local. El oleoducto puede destruir esta valiosa reserva, a causa de la deforestación, pues supondrá la tala de un corredor de
La posibilidad de accidentes no es una posibilidad, sino una realidad que ha ocasionado un gran impacto ecológico, económico y social, al destruir los medios de vida de los habitantes de las zonas afectadas. La zona donde REPSOL-YPF quiere construir el oleoducto (el proyecto fue aprobado recientemente), registra numerosos terremotos y deslizamientos, por lo que los accidentes son inevitables, y más si se tiene en cuenta el negro historial ambiental de las empresas implicadas, a una de las cuales el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador acaba de imponer una multa de 13.800 dólares por talar árboles en un área protegida. El proyecto además es innecesario, pues la solución más lógica sería ampliar los dos oleoductos ya existentes, sin destruir nuevas áreas, y con unas inversiones más reducidas.
Ecuador padece una grave crisis económica, con el 52% de la población ganando menos de 2 dólares diarios, y el presidente Gustavo Noboa pretende que el proyecto se lleve a cabo, sea cual sea el impacto ambiental y sobre los ingresos presentes y futuros de otras actividades alternativas, como el ecoturismo y la agricultura. Conviene recordar que en este tipo de macroproyectos la corrupción es la norma, y más en un país como Ecuador.
Los Verdes-Izquierda Verde consideran totalmente innecesario el oleoducto previsto, ya que bastaría con ampliar los dos existentes, y por el impacto sobre la biodiversidad, la agricultura y el turismo, y denuncian las actividades de la multinacional española REPSOL-YPF. Igualmente consideran urgente que el gobierno regule y pida responsabilidades por el daño que ocasionan algunas multinacionales españolas en el exterior, como es el caso de REPSOL-YPF.
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