Las contradicciones y paradojas de la política exterior del gobierno Bush afloran con nitidez tras conocerse el contenido de la demanda presentada por familiares de las víctimas del 11-S. La relación de personas e instituciones imputadas apuntan hacia Arabia Saudí, aliado estratégico de Estados Unidos. Las relaciones Washington-Riyad entran en una fase paradójica. Los demandantes exigen un billón de dólares a cada una de las personas e instituciones imputadas.
La asociación de víctimas del terrorismo denominada "Familias del 11-S unidas para arruinar al terrorismo" han presentado una demanda judicial, el pasado 15 de Agosto, cuyo contenido saca a la luz las contradicciones de la belicista política exterior norteamericana. Los damnificados reconocen la imposibilidad de que el atentado fuese obra de un grupo terrorista aislado y señalan al estado saudí como responsable y financiador del terrorismo de Al Qaeda y los talibanes.
Además de Osama Bin Laden, su hermano Tarik, y las empresas familiares del clan —Saudi Bin Laden Group— al menos tres miembros de la casa real aparecen como imputados: el príncipe Sultán Ibn Abdulaziz, ministro de defensa, el príncipe Muhámmad al Feisal al Saud, presidente del Feisal Bank y el príncipe Turki al Feisal al Saud, jefe de los servicios secretos. Entre las instituciones saudíes que aparecen, en la demanda presentada, como vinculadas a la financiación de la red terrorista figuran algunas tan significativas como
Aunque en el informe se detallan las imbricaciones entre estas empresas e instituciones financieras y la estructuran del estado saudí, no se formula una acusación contra el estado saudí en su conjunto y sí, en cambio, contra la República de Sudán.
Los encargados de la investigación reconocen la imposibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos tome medidas efectivas contra un estado con el que mantiene una alianza estratégica de primer orden, en base a la dependencia energética del petróleo. Ya en los años 50 Eisenhower firmó con
El contenido y las conclusiones previas de la demanda judicial sitúan al gobierno Bush en una posición incómoda. Las víctimas del 11-S apoyan incondicionalmente su agresiva política belicista y antiterrorista, pero con sus demandas están poniendo en entredicho su status quo estratégico. Por otra parte, el staff saudí en su conjunto es puesto en entredicho y alienado en la primera fila del "eje del mal" diseñado por Bush, un eje del mal que, en muchos informes que la inteligencia europea ha ido filtrando desde la fecha de los atentados, aparece integrado por reconocidos mecenas del terrorismo internacional, integristas protalibanes y banqueros y altos ejecutivos norteamericanos, muchos de ellos pertenecientes al propio clan de George Bush.
Mientras todo esto sale a la luz, el monarca saudí descansa plácidamente en Marbella en medio de faraónicas medidas de seguridad, rodeado de la inmunidad económica que le procura ser uno de los hombres más ricos del planeta. La inmunidad y placidez de que disfruta el octogenario monarca en territorio de sus aliados estratégicos es expresión cabal de la que disfruta el conjunto del estado saudí en el contexto de la legalidad internacional.
El diseño del "eje del mal", como realidad legitimadora de la política belicista de Estados Unidos, sufre un duro revés con el contenido de esta demanda judicial que pone en peligro una alianza estratégica por el momento innegociable e incuestionable. Una de las paradojas con las que habrá de enfrentarse ahora el gobierno
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